Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización
El Gobierno de José Jerí promulgó el decreto legislativo que crea la SUNIR, entidad adscrita al ministerio de Justicia que absorberá al INPE y a los programas de centros juveniles, como parte de una reforma del sistema de internamiento y reinserción social.
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El Gobierno oficializó la creación de la SUNIR, nueva entidad pública encargada de conducir el sistema de internamiento y resocialización en el país. La medida fue aprobada mediante el Decreto Legislativo N.º 1710 y publicada en el diario oficial El Peruano. La norma establece su marco legal, funciones y estructura básica.
La SUNIR, Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, será un organismo público ejecutor adscrito al ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Contará con autonomía administrativa, funcional y financiera. Además, tendrá presupuesto propio y presencia a nivel nacional a través de órganos desconcentrados.
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Decreto aprueba la creación de la SUNIR, entidad que absorberá al INPE y centros juveniles. Foto: difusión
Con esta decisión, el Ejecutivo dispuso la fusión por absorción del INPE, del Programa Nacional de Centros Juveniles y del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social. El proceso de integración deberá completarse en un plazo máximo de 90 días hábiles, con opción de prórroga.
El decreto se sustenta en la delegación de facultades otorgada por el Congreso y en una exhortación previa del Tribunal Constitucional. El objetivo central es reformar el sistema penitenciario y juvenil, en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión y problemas estructurales.
¿Cuáles serán las funciones de la SUNIR?
La SUNIR será el ente rector del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social. Tendrá a su cargo la dirección, regulación y supervisión de las políticas vinculadas a las personas privadas de libertad y a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Entre sus principales responsabilidades figura la administración de los establecimientos penitenciarios, los centros juveniles y los servicios de medio libre. También gestionará los programas de asistencia post penitenciaria y de post egreso juvenil en todo el país.
La norma señala que la SUNIR deberá garantizar un tratamiento diferenciado, progresivo e individualizado. Esto incluye la ejecución de penas privativas de libertad, medidas alternativas y el uso de la vigilancia electrónica personal.
Asimismo, la entidad estará encargada de diseñar planes, programas y modelos de intervención. También podrá desarrollar estudios e investigaciones orientadas a fortalecer la seguridad interna y los procesos de reinserción social.
¿Cómo estará organizada la SUNIR?
La estructura básica de la SUNIR estará conformada por una Alta Dirección, órganos de control, órganos de asesoramiento y órganos de línea. El detalle de sus funciones será precisado en su Reglamento de Organización y Funciones.
La máxima autoridad será el jefe de la SUNIR, quien ejercerá la representación legal y será titular del pliego presupuestal. Su designación se realizará mediante resolución suprema, a propuesta del ministerio de Justicia.
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El decreto establece requisitos específicos para el cargo. Se exige experiencia profesional mínima de diez años y experiencia directiva no menor de cinco años, además de conocimientos en materia criminológica o penitenciaria.
El jefe podrá ser removido por pérdida de confianza. También se fijan causales de vacancia, como sentencia condenatoria por delito doloso o inhabilitación para ejercer función pública.
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Fusión del INPE y cambios transitorios: qué establece el decreto
La norma dispone que la implementación de la SUNIR no demandará recursos adicionales al Tesoro Público. El financiamiento se realizará con los presupuestos ya asignados a las entidades que serán absorbidas. Durante el proceso de fusión, el INPE y los demás programas mantendrán sus funciones. También se establecen reglas transitorias para el régimen laboral, garantizando que los trabajadores conserven sus derechos.
El decreto incluye excepciones a la Ley de idoneidad en la función pública para ciertos cargos penitenciarios, mientras dure la etapa de transición. Estas disposiciones han generado atención por su impacto en los criterios de designación. Además, se modifican normas del ministerio de Justicia y se derogan dispositivos vinculados al antiguo sistema penitenciario. El Ejecutivo deberá informar al Congreso sobre la aplicación de la medida.
