“Que venga a Ayacucho y nos diga terroristas en la cara”: víctimas responden a Rospigliosi

Durante una ceremonia de reconocimiento a integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió a las asociaciones de víctimas de la represión estatal como organizaciones que “persiguen a policías y militares”, y sostuvo que las protestas de diciembre de 2022 y los meses siguientes fueron “asonadas promovidas por terroristas”.

Sus declaraciones reabrieron heridas que permanecen abiertas. Para las víctimas y organizaciones de derechos humanos, se trata de un nuevo episodio de estigmatización que se une al anuncio de una propuesta legislativa impulsada por Rospigliosi para eximir de responsabilidad penal a efectivos de las fuerzas del orden que usen armas en contextos de protesta y protección de “activos críticos”.

Yovana Mendoza, hermana de Jhon Mendoza Huarancca —asesinado durante la represión del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho— responde con firmeza. No desde una tribuna política, sino desde el lugar donde su familia levantó un nicho simbólico: “¿Qué se le podría responder a este miserable, a este inhumano, a este personaje? Porque este ni siquiera es un señor, es un personaje más. Lo han puesto ahí porque es manipulable, porque es fácil de manejar”.

Mendoza rechaza el uso del término “terrorista” para referirse a quienes salieron a protestar y lanza un reto directo: “Un día quisiera que venga acá a Ayacucho y me diga en la cara que soy terrorista. Yo lo voy a probar que no lo soy. Pero que él también traiga sus pruebas, que nunca ha tenido ninguna denuncia y que es un hombre intachable”.

Para ella, las declaraciones no son aisladas. “Ahora sabemos cómo asesinaron a cada familiar. En el caso de mi hermano, la necropsia dice claro: dos orificios de entrada y dos de salida. Lo remataron. Eso nadie lo va a borrar”, afirma.

Liz Mariela Pablo, viuda de José Luis Aguilar Yucra, asesinado también el 15 de diciembre, responde desde la díficil tarea de criar sola a su hijo. “Ese señor me da rabia. No sé si sentiría lo mismo si un ser querido suyo hubiera muerto. Nosotros caminamos sin agua, sin comer, buscando justicia por nuestros familiares. Que se ponga la mano en el pecho y sienta el dolor de perder a un ser querido. Recordar todo esto nos duele demasiado”.

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“Así hagan amnistía, vamos a seguir unidos”

Cristian León sobrevivió a la represión con una bala alojada en la pierna, cerca de la arteria femoral. Vive con dolor permanente y con la amenaza de no volver a caminar si se intenta extraer el proyectil. “Así hagan amnistía, así hagan impunidad, vamos a seguir unidos. Tenemos fe en que la justicia tarda, pero llega”, dice.

León amplía su reclamo al plano político: “Yo le diría a la población que ya no vote por esa gente miserable que tanto daño le hace al país. Gracias a ellos el Perú no avanza, retrocede”.

Adelina García, histórica dirigente de ANFASEP y esposa de Zenobio Tenorio Prado —desaparecido el 1 de diciembre de 1983, cuando un grupo de encapuchados irrumpió en su casa y se lo llevó— observa en el discurso de Rospigliosi una repetición peligrosa del pasado. “Antes era luchador social. ¿Por qué se ha cambiado? ¿Por qué ahora terruquea a las personas?”, cuestiona.

Para García, las declaraciones no solo hieren a las víctimas recientes, sino que reabren memorias no resueltas del conflicto armado interno. “Parece que no tuviera compasión. Dice que vivimos en tranquilidad, pero para nosotros no hay tranquilidad. Seguimos buscando justicia. Rechazamos rotundamente sus palabras. Una persona así no debería seguir gobernando”.

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“Un paquete de impunidad”

Desde el plano institucional, Tania Pariona —secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos— sitúa las declaraciones de Rospigliosi dentro de una estrategia más amplia. “El señor Rospigliosi está totalmente equivocado. Lo que está dando es una señal de impunidad”, sostiene.

Pariona advierte que no se trata solo de una iniciativa legislativa aislada. “Esto viene acompañado de decisiones del Parlamento para debilitar las fiscalías de derechos humanos. Es un paquete grande de impunidad”, afirma.

Y remarca una consecuencia concreta: “Las familias siguen llorando. Hay niños huérfanos, personas con discapacidad, sobrevivientes sin atención adecuada. El Estado no se ha hecho cargo”.

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Las respuestas convergen en un punto central: el rechazo al terruqueo como herramienta política. Ninguna investigación fiscal ha demostrado vínculos de las víctimas con organizaciones terroristas. Aun así, el discurso persiste.

Para quienes cargan estas pérdidas, no se trata de una disputa retórica. Es una pelea por la memoria, por la justicia y por el derecho a no ser criminalizados por exigirla. Desde Ayacucho, las víctimas responden: no habrá silencio frente a la impunidad.