Martín Vizcarra asistirá a lectura de sentencia este 26 de noviembre: "A pesar que me dicen que me escape"
De ser sentenciado, el expresidente Martín Vizcarra podrá apelar la decisión del Poder Judicial, pero mientras se resuelve el fallo tendrá que permanecer en prisión.
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El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo confirmó su asistencia de manera presencial a la lectura de su sentencia fijada para el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 a.m. La audiencia, a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, integrado por los jueces Fernanda Isabel Ayasta Nassif, Giovanni Félix Palma y Andy Rodríguez Domínguez, decidirá si Vizcarra Cornejo es culpable del delito de cohecho pasivo propio relacionado con los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, por el cual el Ministerio Público está solicitando 15 años de prisión.
Su defensa a cargo del abogado Erwini Siccha solicitó en la última audiencia la absolución total de su patrocinado, argumentando que no existe prueba material que corrobore el presunto pago de coimas.
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Martín Vizcarra asegura que asistirá a lectura de sentencia
Vizcarra ha sido enfático en su intención de enfrentar la decisión judicial, desestimando cualquier especulación sobre una posible fuga o solicitud de asilo. En declaraciones a Exitosa, el exjefe de Estado manifestó: "En mi mismo partido, hay gente que me estima mucho, que cree mucho en mi y me dicen: 'Presidente, no se ponga a derecho, escápese. No es justo porque la justicia está siendo manejada por presiones mediáticas'. Hasta en mi familia, están preocupadísimos por mi situación". Sin embargo, aseguró que sí se presentará.
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Esta declaración responde a los rumores y a la coyuntura política peruana, marcada por casos recientes de exfuncionarios procesados, como Betssy Chávez u Óscar Acuña, que han buscado asilo en embajadas o han eludido la justicia. Durante sus alegatos finales, el exmandatario insistió en su inocencia, señalando: "Tengo la confianza de que van a actuar de manera correcta, por eso nunca se ha pasado por mi cabeza la posibilidad de una fuga".
¿De qué se le acusa a Martín Vizcarra?
El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, ha solicitado una pena de 15 años de prisión para Vizcarra. La acusación se basa en el presunto recibimiento de sobornos por un total de aproximadamente S/2.4 millones (unos US$710.000) por parte de las constructoras ICCGSA y OBRAINSA a cambio de la adjudicación de las obras del Hospital de Moquegua y el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, hechos ocurridos cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
El proyecto Lomas de Ilo se puso en marcha el 4 de noviembre de 2013, fecha en que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) solicitó al consorcio liderado por Obrainsa un reajuste de su propuesta económica. Según la investigación fiscal, al día siguiente de esta solicitud, Vizcarra habría contactado a Elard Tejeda, gerente de Obrainsa, para coordinar una reunión crucial. Es en este encuentro donde se habría fraguado el acuerdo para el supuesto soborno. Los retiros del dinero ilícito, de acuerdo con la Fiscalía, se efectuaron en dos tramos: S/400.000 el 27 de enero de 2014 y los restantes S/600.000 el 4 de abril, sumando un millón de soles presuntamente destinado a coimas.
En cuanto al proyecto del Hospital de Moquegua, la Fiscalía marcó como fecha clave el 27 de noviembre de 2013. Ese día, UNOPS convocó a una reunión que fue trasladada al CADE. Participaron actores relevantes como Rafael Granados Cueto (ICCGSA), José Manuel Hernández (consultor) y el entonces gobernador Vizcarra. En esta cita, se realizó un reajuste contractual "exprés" que rebajó el monto del proyecto a S/123.4 millones. Los fiscales sostienen que esta decisión fue el resultado de un acuerdo previo a espaldas de la ley. Además, comunicaciones interceptadas entre miembros del consorcio revelaron la planificación de pagos ilegales que se organizarían en dos fases, consolidando la tesis de un pacto ilícito.
Por estos casos, la Fiscalía también ha solicitado que el exmandatario y las empresas ICCGSA, OBRAINSA e INCOT asuman una reparación civil de S/4.671.971.
