Comisión de Ética evaluará denuncia contra Ariana Orué, congresista que usó a trabajador de su despacho como chofer personal
La Comisión de Ética del Congreso revisará una denuncia contra la legisladora Ariana Orué, tras revelarse que uno de los trabajadores de su despacho la trasladó en vehículo hacia actividades personales. El caso también incluye cuestionamientos por la contratación de un asesor vinculado a su entorno familiar.
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La Comisión de Ética del Congreso iniciará la evaluación de la denuncia de oficio contra Ariana Orué, luego de que un reportaje revelara que un empleado de su despacho fue utilizado como chofer para movilizarla hacia actividades particulares. Las imágenes difundidas muestran al coordinador parlamentario de Orué, Álex Paredes, trasladándola en un vehículo con pase oficial hacia un gimnasio, fuera de las funciones para las que fue contratado. La legisladora asegura que estos traslados fueron ocasionales y ocurrieron fuera del horario laboral. Sin embargo, el uso de un trabajador público para fines personales ha generado cuestionamientos sobre el manejo de recursos ligados al Congreso.
A ello se suma la contratación de Renzo Basurco como asesor de nivel II con un salario de S/10.000, pese a que mantiene un vínculo cercano con la hermana de la parlamentaria. Este hecho ha derivado en nuevas observaciones por presunto conflicto de interés dentro del despacho de la congresista. La representante de Podemos Perú sostiene que su equipo cumple con los requisitos exigidos y denuncia una campaña mediática en su contra.
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La evaluación en la Comisión de Ética determinará si corresponde iniciar una investigación preliminar. El proceso podría ampliarse conforme se revisen más elementos del caso, entre ellos las declaraciones de la legisladora, la situación contractual de su asesor y el uso de personal contratado por el Estado en actividades no relacionadas con la función parlamentaria.
Cuestionamientos por uso de personal y contrataciones en el despacho de Orué
El caso de Ariana Orué tomó fuerza tras la difusión del reportaje que reveló que Álex Paredes, su coordinador parlamentario, la trasladaba en un vehículo mientras ella acudía a un gimnasio en Lima. El trabajador cuenta con un sueldo del Estado y un pase vehicular para funciones estrictamente legislativas. La congresista afirma que no existió uso indebido de recursos; no obstante, especialistas advierten que la Ley de Ética Pública prohíbe destinar personal estatal a actividades privadas.
A ello se suman las observaciones por la designación de Renzo Basurco como asesor II. Él mantiene una relación cercana con la hermana de la congresista y registra vínculos empresariales con ella. Diversos medios han mostrado imágenes que confirmarían la relación sentimental entre ambos. La parlamentaria, sin embargo, sostiene que Basurco cumple con los requisitos del cargo y que su contratación se hizo bajo el régimen de confianza.
La controversia ha generado reacciones dentro y fuera del Congreso, donde se cuestiona la forma en que los legisladores designan a su personal de confianza. Ética evaluará si existe responsabilidad funcional y si corresponde abrir un proceso disciplinario que podría incluir amonestación pública o suspensión. El caso también reabre el debate sobre la necesidad de reformar el régimen de contrataciones en despachos parlamentarios.
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