Eduardo Arana minimiza extorsiones en Perú pese a que delito creció 478% desde 2019: "No se veía desde hace mucho"

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, restó gravedad al avance de la criminalidad organizada al afirmar que las extorsiones son un fenómeno que no se veía hace mucho. Sus declaraciones contrastan con la alarma de los gremios empresariales, que advierten que este delito creció en un 478% en los últimos cinco años y que hoy amenaza la seguridad de millones de trabajadores y emprendedores.

"Y yo le pido a la población que entienda que esta es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo", declaró luego de un acto oficial del Estado.

El pronunciamiento de Arana llega en uno de los momentos más críticos del país. Las extorsiones y asesinatos a choferes de transporte público han generado una ola de paros que se extiende en varios distritos de la ciudad. Los manifestantes denuncian la inacción del Ejecutivo y la falta de medidas concretas para frenar la violencia que los obliga a pagar cupos a bandas criminales bajo amenaza de muerte.

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Pese a la gravedad de la situación, el jefe del gabinete insistió en que el Gobierno está tomando medidas como el bloqueo de líneas telefónicas usadas por extorsionadores y el uso de sistemas tecnológicos para rastrear vehículos. Sin embargo, estas acciones resultan insuficientes frente al avance de organizaciones criminales que operan con total impunidad, incluso dentro de penales.

El discurso oficial busca transmitir control, pero la realidad contradice esa narrativa. Los datos revelan que el crimen se ha extendido en todos los niveles económicos y sociales, afectando desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas. En paralelo, la violencia callejera, los cobros ilegales y el miedo se han convertido en parte del día a día de miles de peruanos.

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Extorsiones se disparan y afectan a más de dos millones de empresas

Según un reciente informe de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los casos de extorsión y sicariato aumentaron casi un 500% entre 2019 y 2024. Este incremento sin precedentes golpea especialmente a los sectores productivos y al comercio formal, donde las empresas se ven forzadas a destinar parte de sus ingresos a seguridad privada y seguros para sobrevivir.

Las cifras revelan que solo en los primeros nueve meses de 2025 ya se ha registrado el 82% del total de denuncias de extorsión reportadas durante todo 2024. Lima lidera el número de casos, seguida de La Libertad, Piura, Lambayeque y el Callao, regiones donde la delincuencia ha capturado espacios públicos y negocios locales sin que el Estado logre contenerla.

Este escenario ha generado un clima de temor e incertidumbre en el sector empresarial. Más de dos millones de negocios enfrentan pérdidas por amenazas y cobros ilegales. La CCL advierte que la inseguridad y la falta de respuesta estatal están ahuyentando la inversión y agravando la informalidad. En medio de este deterioro, el Gobierno de Dina Boluarte parece más preocupado en negar la magnitud del problema que en enfrentarlo con decisión.