Los 1.000 días del pacto de gobierno en los que Perú retrocedió en democracia y protección al ciudadano

Dina Ercilia Boluarte Zegarra cumplió el 4 de septiembre de 2025, 1000 días como presidenta del Perú, la primera mujer en ostentar este cargo. Además, es el primer mandatario desde julio de 2016 que logra superar los mil días de gobierno.

Los ex presidente Pedro Pablo Kuzcynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo fueron vacados o concluyeron su mandato en menos tiempo.

Boluarte Zegarra elegida como vicepresidenta de Pedro Castillo en las elecciones del 2021 por el partido Perú Libre, llegó a la presidenta el 7 de diciembre de 2022, tras el fallido intento de golpe de Estado, como un baluarte de la democracia, pero al cabo de 1,003 día como titular del Ejecutivo, el 97% del país la rechaza, al considerar que es todo lo contrario.

La democracia, el respeto a los derechos humanos y sociales, el equilibrio de poderes y la lucha contra la criminalidad y la corrupción se han debilitado a nivel de Haití o Venezuela, mientras crece la represión a los que piensan distinto.

Hoy, Dina Boluarte es vista como la cabeza visible de un sector de políticos, empresarios y militares que gobiernan en un pacto con los grupos políticos mayoritarios del congreso: el fujimorismo de Fuerza Popular, el acuñismo de Alianza para el Progreso (APP), la derecha empresarial y religiosa de Avanza País y Renovación Popular y la comparsa de los cerronistas de Perú Libre.

Represión al ciudadano

Boluarte inició su mandato con una represión brutal y despiadada, a las protestas de los grupos sociales que rechazaron la vacancia y detención de Pedro Castillo, con el resultado de más de 50 muertos, entre ellos siete menores de edad, y más de mil heridos, con un claro mensaje de que cualquier protesta sería reprimida a muerte.

Junto a la represión, desde el Congreso se ha promovido una serie de leyes para restringir y controlar el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para evitar que den asistencia legal a las víctimas o denuncien la corrupción estatal. La denominada Ley APCI las obligará a reportar en qué gastan cada sol y les prohíbe patrocinar denuncias contra el Estado.

Crimen organizado en crecimiento

Se han promulgado leyes que debilitan el accionar de la fiscalía y el Poder Judicial en la investigación del crimen organizado, la corrupción, el lavado de activos y la pérdida de dominio de los bienes del delito. En paralelo, el crimen organizado avanza en todo el país. Al día de hoy se contabilizan 5,186 asesinatos desde el inicio del gobierno de Boluarte, según las cifras del SINADEF y el diario La República.

En Lima, la extorsión creció un 2,000 % tomando como base el 2018. Ese año se presentaron 50 denuncias diarias ante la policía, hoy se presentan mil denuncias al día. Más del 50% de los pequeños negocios se ven obligados a pagar extorsiones para proteger la vida y salvar algo del negocio.

Desprecio a los derechos Humanos

Los grupos militares presionan para que el Perú denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos del pacto de San José de Costa Rica, con el objetivo de evitar cumplir las recomendaciones y sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH.

A la par, se ha promulgado una Ley de Amnistía y de prescripción a favor de militares, policías y los grupos de autodefensa que cometieron violaciones de DD.HH en la guerra interna. Si bien estas normas miran al pasado, el objetivo es evitar los procesos por las muertes en las protestas del gobierno de Boluarte.

La corrupción en el entorno presidencial

La presidenta, con un jugoso aumento de sueldo, y sus principales colaboradores, Fredy Hinojosa, Juan José Santiváñez y su hermano Nicanor Boluarte, enfrentan investigaciones por corrupción en el desaparecido programa de apoyo alimentario Qali Warma y el Ministerio del Interior.

Al dejar su mandato, Dina Boluarte deberá enfrentar los procesos por presunto enriquecimiento ilícito, las joyas recibidas de Wilfredo Oscorima, abandono de cargo para someterse a una cirugía estética y protección al fugitivo Vladimir Cerrón. Para cuidarla, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la reciente jurisprudencia que permitía investigar a un mandatario en ejercicio del cargo. Ahora, sólo se le puede investigar al concluir el mandato.

Una economía en piloto automático

La economía del país se mantiene en piloto automático sostenida por la política monetaria del Banco Central de Reserva, el debilitamiento exterior del dólar, el aumento del precio de los minerales por las guerras comerciales y de expansión en Asia central y Europa del este y la pujanza de la clase media y los pequeños empresarios. Mientras que desde el Congreso se debilita la balanza fiscal y se incrementan los gastos sin respaldo, con miras a ganar votos.

Pérdida de la separación de poderes

La separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo ya no existe. El sistema judicial está bajo constante bombardeo y asedio. La invasión total es inminente. El TC, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la defensa del Estado están bajo el control del pacto. Lo mismo sucede con el Jurado Nacional de Elecciones.

La fiscalía tiene una cabeza de playa tomada y, de acuerdo con fuentes judiciales, un sector del Poder Judicial ya negocia su supervivencia: perder en algunos temas puntuales para evitar una intervención pública.

En paralelo, el Congreso reformó el 57.65% de la Constitución de 1993 para afianzar su poder. El retroceso en las reformas electorales ha llevado al país a tener 43 partidos políticos inscritos para presentar candidatos en las elecciones generales del 2026. El objetivo del pacto de gobierno es mantener el poder sin importar o pese a la voluntad popular.