Comisión de Justicia busca sancionar a periodistas que difundan chats y correos vinculados a investigaciones

La Comisión de Justicia del Congreso debatió el pasado 3 de setiembre el predictamen que modifica el artículo 164 del Código Penal que busca ampliar el delito de “publicación indebida de correspondencia” a correos electrónicos, mensajería instantánea y redes sociales.

El texto planteaba sancionar a quienes publiquen mensajes privados “sin que medie interés público” y “causando perjuicio” con limitación de días libres de hasta 52 jornadas, es decir, la obligación de cumplir programas educativos, laborales o culturales, los fines de semana y feriados.

La iniciativa generó preocupación en las instituciones del gremio. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) mostró su rechazó de la propuesta y advirtió que, de ser aprobada la norma, permitiría que se abran investigaciones contra periodistas y dejaría a criterio del juez el determinar si lo difundido contiene información de interés nacional.

Durante el debate, congresistas de diferentes bancadas, lejos de cuestionar cómo podría afectar a los periodistas los términos ambiguos que figuran en el documento, plantearon endurecer la sanción, reemplazando la limitación de días libres por multas de hasta 5 UIT. De esta forma, la votación del predictamen no se concretó y quedó programado para su revisión y votación en la próxima sesión.

Un debate con ataques directos a la prensa

El presidente de la Comisión, Flavio Cruz, defendió la propuesta alegando que busca cerrar vacíos en el Código Penal, dado que cartas y telegramas ya no se utilizan. Según dijo, es necesario incluir las comunicaciones digitales.

Gladys Echaíz señaló, buscando el beneficio de los funcionarios, que al no definir claramente que es “interés público”, se podría abrir una “caja de Pandora”. Recordó que los chats de funcionarios pueden ser señalados por contener información relevante para la ciudadanía.

Alejandro Muñante fue más lejos al indicar que la reforma debería servir como un “estatequieto” a los medios, acusándolos de difamar y mencionando directamente a La República. Sostuvo que las revelaciones de chats afectan la intimidad de los funcionarios y reclamó que las rectificaciones no tengan la misma visibilidad que las publicaciones originales.

En la misma línea, Kira Alcarráz acusó a los medios de publicar titulares sin sustento y luego rectificarse “con mofa e ironía”. Propuso sanciones más duras para que los periodistas “aprendan a investigar antes de publicar”. La congresista Noelia Herrera también respaldó los cuestionamientos y sugirió retirar la referencia al “interés público”.

Rodrigo Salazar Zimmermann, presidente ejecutivo del CPP: “¿Qué quiere ocultar el Congreso?”

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann, advirtió que el principal problema del predictamen radica en la cláusula que condiciona la publicación de comunicaciones privadas a que exista “interés público”. Según explicó, esa redacción es peligrosa porque desconoce que gran parte de las irregularidades en el Estado se revelan a través de chats, correos u otros registros digitales.

En la práctica, el proyecto permitiría que incluso conversaciones entre ministros, congresistas o altos funcionarios queden fuera del escrutinio ciudadano, aunque contengan evidencias de negociados o decisiones que afectan a la cosa pública. No solo los periodistas se verían expuestos: cualquier ciudadano que filtre o comparta un chat con información relevante también podría ser sancionado.

"Hay un problema en esa propuesta normativa, yo sé que la van a transformar y la van a modificar, seguramente, y es cuando señala la especificación de sin que medie el interés público. Es la parte más llamativa de la propuesta, porque lo que señala ahí es que independientemente de la importancia nacional de las discusiones que pueda haber en un chat, por ejemplo, entre un ministro y otro ministro, o entre congresistas, no importa si es que sospecha de alguna manera la cosa pública. Claramente, lo que se está refiriendo allí es, si es que hay algún tipo de negociado, si es que hay algún tipo de irregularidad que los periodistas o cualquier persona, ojo, podemos enterar por un chat o por un video, eso de alguna manera nos puede perjudicar nosotros. Me insisto con esto, porque no solamente es que periodistas se perjudiquen, es cualquier persona", precisó.

Para Salazar, este aspecto refleja la verdadera intención detrás de la norma: blindar a quienes ejercen poder de la posibilidad de que se conozcan las “sombras” de su gestión. La propuesta no protege a la ciudadanía, sino que busca restringir las herramientas con las que se revelan actos irregulares dentro del aparato estatal.

Otro punto de preocupación es la propuesta de endurecer las sanciones con multas de hasta 5 UIT. Estas medidas, advirtió, son más efectivas para amedrentar que la misma pena de cárcel, ya que pueden imponerse con facilidad contra cualquier persona o medio de comunicación que difunda material considerado indebido.

"Lo que quieren hacer los funcionarios públicos con esto es evitar que se puedan publicar las cosas, las sombras que ellos trabajan o que ellos tienen en el Estado. Es también preocupante que la pena sea una multieconómica de 5 UIT, digamos, o lo que termine siendo, porque esa pena es más efectiva que, por ejemplo, la cárcel, que es como el caso de difamación. Entonces, fácilmente se puede imponer cinco buitres a cualquier periodista, a cualquier persona", dijo.

En la misma línea, Salazar recordó que varios de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años salieron a la luz gracias a filtraciones de chats. De haberse aplicado un marco como el que se discute, episodios como el de los “muchachuelos” probablemente nunca habrían sido revelados. Para el Consejo de la Prensa Peruana, la pregunta de fondo es qué busca ocultar realmente el Congreso con una norma de este tipo.

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