Más de una década tardó la justicia para las víctimas del Sodalicio

La primera denuncia oficial que recibió la Iglesia católica sobre los abusos sexuales contra menores cometidos por el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari, se interpuso el 16 de mayo del 2011. Un joven identificado como Santiago entregó una carta al entonces prefecto del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano, Víctor Luis Huapaya Quispe, tal como refiere él mismo en una carta dirigida al Coetus de dicha entidad, cinco años después de esos hechos.

Esta misiva, fechada el 17 de mayo de 2016, es uno de los documentos del libro impreso por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) en el 2023, que en enero de este año se repartió entre los obispos peruanos, y al cual La República ha tenido acceso.

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En la carta da cuenta, además, de otras dos denuncias recibidas en el 2011 y una más en el 2013. Afirma que todas ellas fueron trasladadas al prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, con sede en el Vaticano, pero que durante años solamente ha recibido como respuesta el acuse de recibo de los documentos, aunque no los adjunta a la misiva.

En su escrito dirigido a los obispos, Huapaya asevera que actuó con rapidez al enviar las denuncias, rechazando cualquier “negligencia y menos encubrimiento del tribunal”, y dijo que, en varias ocasiones, en el 2012, 2013 y 2014, insistió con los casos.

Más de una década en espera de justicia

Una de las denuncias que se mencionan en la carta de Huapaya la hizo el periodista Pedro Salinas el 13 de setiembre de 2011, la cual, según el documento, fue enviada a la Santa Sede un mes después.

Consultado por este diario, Salinas relata que en esa oportunidad llevó la denuncia escrita de Alfonso Figueroa Alvear contra German Doig, quien fue vicario general y número 2 del Sodalicio, y cuya beatificación había sido cancelada recientemente por serias acusaciones de pederastía.

El periodista, que ha publicado tres libros sobre los abusos cometidos por miembros del Sodalicio, señala que logró conversar con tres víctimas de abuso, quienes dejaron su testimonio escrito para que siga el curso oficial en la Iglesia, que es a través del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano.

“En ese momento, lo presidía el sacerdote Víctor Huapaya Quispe, de la familia espiritual del Opus Dei; el moderador era Juan Luis Cipriani; y uno de los jueces era el sacerdote Luis Gaspar, también del Opus Dei. Huapaya me dio su tarjeta con su número celular. Tomó la denuncia, la guardó bajo el brazo y, luego de 40 minutos de conversación en su oficina de Lima, me dijo que iba a investigar y me tendría al tanto”, rememora.

Sin embargo, pese a las múltiples llamadas y las veces que lo buscó para saber qué había pasado con la denuncia, nunca le respondió. Recién en el 2016, tras publicar el libro Mitad monjes, mitad soldados, con Paola Ugaz, supo de esta carta.

Se desata el escándalo por las denuncias

La denuncia habría llegado al Vaticano cuando el papa era Benedicto, pero el escándalo se desató en el 2015, tras la publicación del libro de Salinas y Ugaz y los rebotes en los medios de comunicación. Ya entonces con el papa Francisco.

Otro de los documentos recopilados en el libro de la CEP es el comunicado que esta entidad tuvo en noviembre de ese año frente a las denuncias públicas sobre los abusos sexuales y psicológicos cometidos por miembros del Sodalicio, señalando que comparten “indignación y el estupor ante estos hechos que jamás debieron suceder”, y calificándolos como “un execrable crimen que ofende gravemente a la víctima, a la sociedad, a la Iglesia y a Dios mismo”.

Luego de ello, en un intento por tratar de limpiarse, el Sodalicio convoca a una Comisión de Ética para la Justicia y Reconciliación. Sin embargo, su informe final, emitido en abril del 2016 —el cual también aparece en el libro—, fue demoledor .

“El SCV y sus autoridades, en los distintos niveles, han causado grave daño en las personas que se incorporaron a su organización con el propósito de ser parte de la misma para vivir y crecer en comunidad, bajo la fe cristiana. Esos daños son de carácter físico, psicológico, espiritual y moral”, figura en el ítem de daños causados, recomendando el repudio público a la conducta de Figari, el resarcimiento a las víctimas, y exhortando a la Santa Sede a actuar con premura e intervenir el Sodalicio.

El 26 de abril de 2016, la CEP acuerda que monseñores Miguel Cabrejos, Norberto Strotman y Pedro Carrión envíen una carta a la Santa Sede sobre el caso del Sodalicio. En el documento solicitan al papa la pronta instalación de un comisario que investigue las denuncias de abusos sexuales, pero también al movimiento religioso en sí mismo y de sus actividades políticas y económicas.

Además, se consignan documentos de enero del 2017, que la CEP decide enviar a la Secretaría de Estado y a la Congregación para la Vida Consagrada en el Vaticano expresando su preocupación por lo que pasaba en el Sodalicio.
Y según la agenda para una reunión que tendrían con el papa en Roma en mayo del 2018, uno de los puntos a tratar era pedir que se forme una comisión para el caso Sodalicio como la que conformaron en Chile por las denuncias de violaciones sexuales. Asimismo, en agosto de ese mismo año enviaron una carta a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano, pidiendo que se pronuncien con urgencia sobre las denuncias contra Figari.

El cambio del papa Francisco

Pese a ello, aún no había sanciones efectivas. Pedro Salinas cuestiona el papel de la CEP. “Miraron hacia cualquier sitio. Allí como en el Vaticano, han manejado el tema como una gestión de crisis, como un incendio que hay que apagar, pero no como un problema que se debe solucionar”, advierte.

El periodista indica que la situación comenzó a cambiar gradualmente tras la visita del papa Francisco a Latinoamérica, básicamente a Chile y Perú, en enero del 2018, y se dio cuenta de la verdadera situación.

“A partir de ello, el papa inicia un proceso de conversión y manda la misión Scicluna-Bertomeu a Santiago, la que en tres meses elabora un informe basado en testimonios y víctimas. Eso lleva al Papa a pedir la dimisión de los obispos chilenos acusados de abusos sexuales. Fue algo histórico”, resaltó. Luego, en el 2023, esta comisión vino a Perú y escucha a las víctimas.

Salinas comenta que previamente, en el 2018, se reunió con el nuncio apostólico Nicola Girasoli, el arzobispo Carlos Castillo y el entonces obispo Robert Prevost, hoy papa León XIV.

“Allí comienza a caminar la cosa. Les pedí que tuvieran el gesto de reunirse con las víctimas, pues muchas de ellas seguían teniendo fe en la Iglesia y querían que sus obispos los escuchen, lo que se logró ese mismo año. Estuvieron Cabrejos, Prevost, Strotman y Barreto”, refiere. Los detalles de ese encuentro están en su último libro, La verdad nos hizo libres.

Tras el informe de la misión Scicluna-Bertomeu, el papa Francisco decidió disolver el Sodalicio, lo que se hizo efectivo este año.

“Se tardó años, pero las víctimas sienten que finalmente la Iglesia hizo lo que no pudo la justicia peruana”, apunta Salinas. Ahora espera que cuando el actual papa visite el Perú, los reciba nuevamente, como un mensaje de que la Iglesia no los olvida. ❖