Vaticano denunciará al Sodalicio ante la justicia de Estados Unidos por desconfianza en el sistema judicial peruano

En recientes declaraciones, Jordi Bertomeu, representante de la Iglesia Católica en el proceso de disolución del Sodalicio de Vida Cristiana —decisión decretada por el papa Francisco—, aseguró que llevará el caso del Sodalicio ante la justicia de Estados Unidos. A primera vista, la decisión parece razonable; sin embargo, al analizar el trasfondo de por qué el caso está siendo llevado a un país diferente al Perú, siendo que las operaciones de la organización religiosa se desarrolló en nuestro territorio, se deduce una razón preocupante: la Iglesia Católica desconfía del sistema judicial nacional.

"Llevaremos el caso a la justicia de Estados Unidos. (...) Si solo tuviéramos la justicia peruana, lo tendríamos difícil, pero confiamos en que en Estados Unidos sea diferente", concluyó Bertomeu en declaraciones para la prensa catalana sobre el caso que ahora lidera.

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Sodalicio: ¿Qué se juzgaría en Estados Unidos?

La República se comunicó con la periodista Paola Ugaz, quien ha dedicado gran parte de su trabajo, junto al también periodista Pedro Salinas, a investigar los detalles del caso Sodalicio. Ugaz explicó que los aspectos que podrían ser juzgados en Estados Unidos están relacionados con los manejos financieros ilícitos de la organización.

“No se abordará el tema de los abusos, sino el del dinero del Sodalicio. Esto se debe a que en Denver se encuentra su iglesia, ‘Holy Name’, y allí fueron llevadas las empresas offshore Foundation Santa Rosa y Providential Inc., vinculadas a los líderes de la organización. (…) El Vaticano ha enviado a las autoridades estadounidenses toda la información recopilada por sus entidades encargadas de asuntos económicos, al considerar que existen indicios importantes de presunta defraudación tributaria y posible lavado de activos”, señaló Ugaz.

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Un artículo escrito por la propia periodista revela que Jaime Baertl, operador económico del Sodalicio, construyó una red de negocios —principalmente en el sector funerario, a través de los cementerios del Parque del Recuerdo—, aprovechando los beneficios tributarios otorgados por el Concordato entre Perú y el Vaticano. En el reportaje, Ugaz detalla cómo, en un intento por proteger estos activos ante eventuales confiscaciones, el Sodalicio creó fideicomisos y entidades como la Asociación Civil San Juan Bautista y la Fundación Santa Rosa, registradas en Panamá y Estados Unidos. De esta manera, el caso también podría ser llevado ante la justicia estadounidense.

Al respecto, el pasado 21 de abril, la Asociación Civil San Juan Bautista presentó una carta notarial en la que solicita la rectificación del párrafo anterior de esta nota. En relación con ello, señalamos lo siguiente: según la interpretación de dicha carta, este extracto daría a entender que la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) se habría beneficiado indebidamente de las exenciones tributarias otorgadas por el mencionado Concordato. Tal interpretación es incorrecta, ya que en ningún momento el texto citado en la misiva —“Un artículo escrito por la propia periodista revela que Jaime Baertl, operador económico del Sodalicio, construyó una red de negocios —principalmente en el sector funerario, a través de los cementerios del Parque del Recuerdo—, aprovechando los beneficios tributarios otorgados por el Concordato entre Perú y el Vaticano (...)”— menciona de forma directa a la ACSJB. Dicho extracto únicamente describe la relación entre Jaime Baertl y sus actividades en el sector funerario. Tal como indicó la propia ACSJB en su carta, el señor Baertl no una relación, al menos, formal o administrativa, con la mencionada asociación.

Asimismo, en la carta entregada se afirma que, en la siguiente cita: “(...) El Sodalicio creó fideicomisos y entidades como la Asociación Civil San Juan Bautista y la Fundación Santa Rosa, registradas en Panamá y Estados Unidos. De esta manera, el caso también podría ser llevado ante la justicia estadounidense”, se vincula a la ACSJB con la empresa ACRES. Sin embargo, en ningún momento se menciona a dicha empresa en el texto, lo que evidencia una falta de coherencia entre la solicitud de rectificación y el contenido real del artículo periodístico. Del mismo modo, se objeta que la ACSJB no está registrada en Panamá, como se indica en el artículo. Cabe señalar que esta información fue citada de un artículo de la periodista Paola Ugaz, debidamente referenciado al inicio del párrafo mencionado.

En búsqueda de una solución conciliadora al presente impasse, extiendo una cordial invitación a un representante de la ACSJB para participar en una breve entrevista, con el fin de recoger sus descargos y añadirlos a la nota publicada en la web.

Sobrevivientes del Sodalicio se pronuncian sobre esta decisión

Ante los anuncios de Jordi Bertomeu, La República contactó a personas que sobrevivieron a los abusos perpetrados por el Sodalicio de Vida Cristiana durante el tiempo de existencia de esta organización religiosa. Jose Enrique Escardó, primer denunciante del Sodalicio y quien recientemente se reunió con el papa Francisco para dialogar sobre su disolución, prefirió no brindar mayores declaraciones sobre la decisión planteada por Bertomeu. Al respecto, se limitó a señalar que el Vaticano no estaría cumpliendo con lo acordado en la reunión que mantuvo con el sumo pontífice meses atrás.

"Estas decisiones que se han estado tomando a lo largo de estos tres meses parten directamente del Vaticano y, particularmente yo —no sé si otros, aunque entiendo que sí—, nos estamos enterando por los medios. Falta que se cumpla eso que dijo el papa: que todo lo que las víctimas le pidamos sería firmado. Asimismo, hasta ahora no tengo conocimiento del decreto. Solo tenemos conocimiento de que se ha firmado", señaló para este medio.

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Por su parte, Renzo Orbegozo, quien también ha denunciado al Sodalicio, consideró acertada la decisión de trasladar el proceso judicial contra la disuelta organización católica a Estados Unidos, debido a que su sistema de justicia es más severo que el peruano. Además, se mostró optimista respecto a las sanciones que podrían imponerse a los responsables de los abusos.

"Encuentro acertada la acción a tomar, ya que existen pruebas contundentes de que el patrimonio del Sodalicio migró a los Estados Unidos desde hace un buen tiempo. Además, tengo entendido que se estarían replicando en ese país las mismas prácticas que realizaban en el Perú. Por tanto, hay jurisdicción sobre el asunto, y las autoridades y leyes tributarias en Estados Unidos son muy estrictas en temas de evasión y lavado de activos", indicó.

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"Basta ver cómo ha sido el proceso de supresión del Sodalicio en el Perú: amenazas y denuncias fiscales contra la misión del papa, denuncias judiciales contra los periodistas investigadores, revictimización de las víctimas y matoneo sectario, todo esto en una sociedad valorada internacionalmente como inviable debido al nivel de corrupción. Esta combinación ha permitido que la secta haga lo que quiera con las investigaciones en el ámbito económico. Tomará su tiempo, pero la verdad saldrá a la luz y las sanciones serán ejemplares", continuó.

Un tercer denunciante entrevistado, que prefirió mantener el anonimato, recordó que ya existe una investigación por lavado de activos contra el Sodalicio en el país, aunque fue archivada. “En septiembre se archivó el caso del Sodalicio como asociación para delinquir, secuestro y lesiones personales. Sin embargo, aún permanece abierta una investigación en la Fiscalía por lavado de activos. El Sodalicio ha seguido una estrategia similar a la del Opus Dei: no tener nada a su nombre. Los inmuebles que poseen, así como los colegios y universidades, figuran a nombre de terceros. El dinero tampoco está registrado a nombre de la organización como persona jurídica; en su mayoría, se encuentra en empresas, muchas de las cuales han transferido fondos a cuentas en paraísos fiscales”, indicó.

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Asimismo, el entrevistado comparó este caso con el de Al Capone, el famoso contrabandista estadounidense que no fue condenado por sus crímenes, sino por evasión de impuestos. En este contexto, señaló que la cúpula del Sodalicio podría ser procesada por lavado de activos, pero no por los abusos cometidos durante años contra menores de edad. “No es algo que nos cause alegría, pero sería inevitable y permitiría responsabilizar a quienes integran el Sodalicio, especialmente a su cúpula. (...) Por supuesto, genera sentimientos encontrados”, concluyó.

La salud del papa Francisco también retrasó el proceso de disolución del Sodalicio

Bertomeu también señaló que la salud del papa Francisco habría influido significativamente en la demora del proceso de disolución del Sodalicio. "Habría sido un problema que el papa hubiera muerto durante el proceso", confesó. Como se sabe, el sumo pontífice atravesaba un delicado estado de salud, lo cual afectó el ritmo de las decisiones.

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Asimismo, el comisario especial enviado por la Iglesia Católica fue crítico respecto a las demoras. El representante del Vaticano en este caso consideró que la Santa Sede está en deuda por su tardanza al abordar el tema: "Desgraciadamente, hemos llegado tarde. Yo he pedido perdón a las víctimas, pero cuando los hechos se denunciaban en la televisión peruana ya se nos deberían haber encendido las alarmas", señaló.