Congreso: Mesa Directiva creó unidad ejecutora para implementar la bicameralidad y genera gasto de un millón de soles

El nuevo Congreso aún no ha sido elegido, pero su instalación ya genera controversias. Un reciente reportaje del programa Punto Final ha revelado serias irregularidades en torno a la Unidad Ejecutora del Congreso, oficina creada para implementar la infraestructura del nuevo Parlamento bicameral. Bajo la dirección de Enrique Fernández Paniagua, esta entidad ha generado gastos por más de un millón de soles en sus primeros meses de operación, solo en un personal de 46 trabajadores, sin que hasta el momento se haya iniciado obra alguna. Como si fuera poco, para marzo del próximo año, este gasto podría duplicarse y superar los 2 millones y medios de soles. Todo esto ocurre a pesar de que el retorno a la bicameralidad fue aprobado con la promesa de no implicar mayores costos para el Estado.

El reportaje mostró cómo Fernández Paniagua impidió el ingreso de periodistas y congresistas de la Comisión de Fiscalización a las instalaciones de la Unidad Ejecutora, ubicadas en un edificio alquilado en la avenida San Luis. El funcionario alegó no haber autorizado la visita, pese a tratarse de una acción legítima del Congreso. Estas restricciones llamaron la atención, especialmente después de que Fernández asegurara ante cámaras que “nunca ha ocultado nada”. Pero, ¿quién es Enrique Fernández Paniagua? El hombre que negó el ingreso a la prensa intrigada por las operaciones de la Unidad Ejecutora no es ajeno a la gestión pública. Como antecedente, fue destituido a inicios de año de su cargo como director del Proyecto Legado, tras no concluir las obras de los Juegos Bolivarianos 2024. Paradójicamente, hoy lidera un equipo en el que han sido contratados varios exfuncionarios de ese mismo proyecto. El sueldo actual de Fernández Paniagua ronda los 20.000 soles.

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El edificio en cuestión fue alquilado mediante contratación directa, generando otro gasto de 40 mil soles mensuales. Como dato adicional, el inmueble pertenece a Luis Arturo Luy, militante del partido Somos Perú, lo que ha generado sospechas sobre posibles favoritismos. Además, según el reportaje, la Unidad Ejecutora comenzó a operar en mayo, pero el contrato de alquiler data de marzo, lo que implicaría pagos por meses en los que el local no estuvo en funcionamiento.

Como se detallaba anteriormente, el punto crítico radica en la contratación de personal: hasta junio de 2025 ya se habían contratado 46 personas. En febrero, el gasto en planillas fue de 132 mil soles; en mayo, esa cifra superó el medio millón. Si esta tendencia continúa, el gasto acumulado en sueldos superaría los 2.5 millones de soles antes de marzo del próximo año. A esto se suma la duplicidad de funciones, ya que muchas de las áreas de esta unidad —como logística, recursos humanos y tecnologías de la información— ya existen dentro de la estructura del Congreso.

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Edificio del Senado generará un costo innecesario de 13.5 millones de dólares

Uno de los puntos más cuestionados es la compra de un edificio para el futuro Senado, aprobada por la Mesa Directiva del Congreso. El inmueble, ubicado en el centro de Lima, costará 13.5 millones de dólares y aún no ha sido adquirido formalmente. Especialistas consultados por el programa periodístico advirtieron que esta adquisición es innecesaria, considerando que el Estado ya posee numerosos inmuebles incautados que podrían utilizarse, y que el Congreso cuenta actualmente con 13 sedes operativas.

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A las preocupaciones por el gasto se suman las sospechas de falta de transparencia. La Comisión de Fiscalización ha solicitado en reiteradas ocasiones los contratos del personal de la Unidad Ejecutora, sin obtener respuesta. Por otro lado, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, no acudió a una citación de dicha comisión para informar sobre la compra del nuevo local y el edificio de San Luis ante el grupo parlamentario presidido por Juan Burgos.

El retorno a la bicameralidad no solo traerá un nuevo diseño legislativo, sino también la posibilidad de reelección inmediata para senadores y diputados, y un considerable incremento de asesores y personal auxiliar. Todo esto se traduce en un mayor gasto público para cubrir dichas necesidades. Cabe recordar que estas reformas fueron rechazadas por la ciudadanía en el referéndum de 2018. A pesar de ello, el Congreso continúa con su implementación sin brindar mayores explicaciones a la población.