Congreso ayuda a Dina Boluarte a librarse de investigaciones: archivaron 6 denuncias en su contra en la segunda legislatura
Fue la bancada de Fuerza Popular y sus partidos aliados quienes, en su mayoría, votaron a favor de los informes de calificación que recomendaban el archivo de las denuncias.
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Un total de seis denuncias constitucionales contra Dina Boluarte fueron archivadas en la segunda legislatura de este año. En todas ellas, la bancada de Fuerza Popular y sus partidos aliados votaron a favor del archivo y blindaron a la jefa de Estado en investigaciones que iban desde los asesinatos en protestas hasta el caso Rolex.
La situación más controversial se desarrolló el último viernes 20 de junio cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó, en un solo día y sin debate, cuatro denuncias presentadas contra la mandataria.
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En junio se archivaron 4 denuncias constitucionales: muertes en protestas quedaron impunes
De las cuatro, tres dotaron de impunidad a las muertes durante las manifestaciones sociales de fines del 2022 e inicios del 2023, hecho por el cual se acusaba a Boluarte y a algunos de sus entonces ministros por la presunta comisión de homicidio calificado y lesiones graves.
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Una de estas denuncias fue presentada por la parlamentaria Ruth Luque, quien además de responsabilizar a Boluarte, lo hizo contra el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana, al exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, al exministro del Interior Cesar Augusto Cervantes y el exministro de Justicia José Tello Alfaro.
El informe de calificación recomendaba el archivo de la denuncia porque, según el análisis, los hechos denunciados no constituyen infracción a la Constitución o delitos de función. Asimismo, determinaron que aún no se ha demostrado la responsabilidad penal de los denunciados y que la acusación no incluía nuevos elementos probatorios.
De la misma forma, se archivaron las otras dos denuncias constitucionales presentadas contra Boluarte Zegarra por las muertes en protestas. Se trata de la denuncia constitucional 349 y 340. Ambas fueron presentadas por la parlamentaria Silvana Emperatriz Robles Araujo.
Debido a que el contenido de dichas denuncias era el mismo, se tomó en cuenta un solo informe de calificación por ambas. En el documentó se estableció que los hechos no representaban delitos de función.
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Además de estas tres relacionadas a las manifestaciones, se archivó una que acusaba a Dina Boluarte y al expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de función pública y aceptación ilegal del cargo (del expresidente Pedro Castillo).
En los cuatro casos, los informes de calificación que recomendaban el archivo tuvieron 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Los votos a favor vinieron de congresistas de APP, Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular.
Estas decisiones fueron respaldadas por el primer ministro, Eduardo Arana, quien rechazó que se hayan interpuesto denuncias contra la presidenta. “(En Perú) Nos guiamos por especulaciones, generamos tendencias sobre la base de opiniones y al final terminamos tomando decisiones sobre lo que pudo haber sido o sobre lo que alguno especula", dijo durante un evento en el distrito Lurigancho-Chosica.
En abril se archivaron 2 denuncias: una por el caso Rolex y otra por presunto abuso de autoridad
Antes de ello, el 23 de mayo, la Comisión Permanente aprobó por mayoría el informe final de la SAC que sugería no dar curso a la investigación del caso Rolex, pese a los señalamientos de presuntos regalos no declarados.
La encargada de elaborar el informe final sobre la denuncia constitucional fue la congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular), quien sustentó que la jefa de Estado solo puede ser procesada en casos de traición a la patria, impedimento de la realización de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por la disolución inconstitucional del Congreso.
Hubo 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. Votaron a favor principalmente los miembros del partido naranja, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular.
De la misma forma, el 2 de abril, la SAC archivó una denuncia por presunto abuso de autoridad. La acusación fue presentada por el abogado Rudecindo Vega, quien indicó que Boluarte junto a la exministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar habrían presionado para removerlo de su cargo como gerente del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conaforiver).
Dina Boluarte aún tiene una denuncia pendiente por las muertes en protestas
Si bien ya terminó la segunda legislatura, hay una denuncia constitucional pendiente de resolverse contra Boluarte y algunos exministros por las muertes en las protestas. El delegado a cargo de elaborar el informe final es el congresista de Somos Perú, José Jerí, quien es voceado para candidatear por la presidencia del Congreso el próximo mes.
