Zapatero, expresidente de España, es investigado por presunto tráfico de influencias en rescate millonario de Plus Ultra
La causa abrió una nueva disputa política entre el Gobierno y la oposición. Sectores conservadores vincularon el caso con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras autoridades oficiales defendieron la transparencia de las ayudas aprobadas durante la pandemia.
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El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional tras ser imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental relacionados con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. La investigación sostiene que habría liderado una estructura destinada a obtener beneficios económicos mediante gestiones ante organismos públicos a favor de terceros, principalmente la compañía aérea.
El caso convierte a Rodríguez Zapatero, quien estuvo en el poder entre 2004 y 2011, en el primer exjefe del Ejecutivo español en democracia investigado formalmente por una causa de corrupción. El juez José Luis Calama ordenó registros en la oficina del exmandatario en Madrid, así como en empresas vinculadas a su entorno. La resolución judicial menciona el uso de “sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos” para ocultar movimientos económicos asociados al auxilio de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra durante la pandemia.
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El exjefe de Gobierno niega gestiones y ofrece colaboración
Zapatero rechazó las acusaciones y aseguró que nunca intervino instituciones para favorecer a la aerolínea. “Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, afirmó en un video difundido a medios españoles. Añadió además: “Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública (…) en relación con el rescate de Plus Ultra”.
El exlíder socialista además negó vínculos empresariales ocultos. “Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España ni fuera”, sostuvo. Al mismo tiempo, expresó disposición a colaborar con la Justicia. Las pesquisas apuntan a pagos procedentes de la consultora Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, empresario señalado como intermediario entre clientes privados y el círculo cercano del antiguo presidente.
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Gobierno y oposición chocan tras la investigación a Zapatero
La imputación abrió una nueva confrontación política entre el Gobierno y la oposición. El Partido Popular vinculó el caso con el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Zapatero es la musa del sanchismo y esa musa está imputada”, afirmó la formación conservadora, que señaló presuntos patrones de corrupción dentro del PSOE.
Desde Moncloa, la respuesta fue distinta. La portavoz del oficialismo, Elma Saiz, pidió respetar la presunción de inocencia y defendió la legalidad de las ayudas concedidas durante la crisis sanitaria. Según declaró, los préstamos públicos fueron “pulcros y transparentes” y permitieron sostener empresas y empleos. Asimismo, reivindicó el legado político del expresidente y acusó a sectores de la derecha de intentar perjudicar su imagen.
Los vínculos con Venezuela
El rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021 generó cuestionamientos desde el inicio por la relación de algunos accionistas e inversores de la aerolínea con empresarios venezolanos y figuras cercanas al chavismo. La oposición española puso el foco en esos nexos meses después de la reunión en Madrid entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, un episodio conocido como 'Delcygate'. Distintos sectores políticos sostuvieron que ambos asuntos podían estar conectados, aunque esa relación nunca fue demostrada judicialmente.
La investigación actual también examina posibles operaciones vinculadas con Caracas. Según documentos revisados por la Fiscalía y declaraciones recogidas durante pesquisas anteriores, parte del dinero bajo sospecha habría transitado por estructuras empresariales relacionadas con intermediarios que operaban en ese país. Además, el juez señala otra presunta línea de influencia destinada a intervenir ante organismos aeronáuticos venezolanos para favorecer autorizaciones de vuelo de Plus Ultra.
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Dubái y sociedades opacas: la ruta del dinero de la trama
Uno de los elementos que concentra atención judicial es la supuesta creación de una empresa en Dubái para canalizar fondos relacionados con el caso de Plus Ultra y dificultar su rastreo. El magistrado considera relevante la cercanía temporal entre contratos vinculados a comisiones por la ayuda pública y la constitución de sociedades en Emiratos Árabes.
La investigación también examina pagos dirigidos al entorno del exmandatario mediante contratos de consultoría. Según la resolución, existirían indicios de contraprestaciones económicas asociadas a gestiones destinadas a influir en decisiones administrativas. Los requerimientos documentales alcanzaron a la SEPI y a empresas privadas, mientras la UDEF continúa el análisis financiero.
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