Gobierno de Sánchez iniciará con los trámites para la regularización masiva de inmigrantes en España después de 20 años
La medida beneficia a unas 500.000 personas con residencia previa a finales de 2025 y que acrediten al menos cinco meses de estancia en España.
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El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará el martes 27 de enero el comienzo de los trámites de la regularización masiva para más de medio millón de inmigrantes en situación irregular en España. Esta iniciativa, fruto del acuerdo entre el PSOE y Podemos, busca otorgar seguridad jurídica y derechos fundamentales a migrantes que ya residen en el país. Según la secretaria política de Podemos, Irene Montero, la medida se tramitará mediante un Real Decreto en el Consejo de Ministros, lo que agiliza su aplicación al evitar la convalidación parlamentaria.
La medida beneficia a unas 500.000 personas con residencia previa a finales de 2025 y que acrediten al menos cinco meses de estancia. Los solicitantes podrán utilizar pruebas como el empadronamiento o contratos laborales para obtener una autorización de residencia provisional y acceso a la asistencia sanitaria. De acuerdo con la Agencia EFE, este proceso permite la transición hacia una residencia permanente tras un año, lo cual refuerza una política migratoria basada en la integración y los valores humanitarios del Ejecutivo.
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Objetivos de la regularización masiva de inmigrantes en España
Esta regularización tiene como meta principal la integración de las personas migrantes en España para garantizar su acceso a derechos fundamentales y fortalecer la cohesión social. La medida protege a este colectivo frente a la explotación laboral y la precariedad, al tiempo que asegura servicios públicos esenciales como salud y educación. Según informes de Europa Press, esta política basada en derechos humanos impulsa la estabilidad y el desarrollo económico nacional mediante un marco de justicia social.
El plan genera un impacto directo en el mercado laboral, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería y la construcción. Al formalizar el estatus administrativo, el Gobierno combate la economía sumergida y fomenta un entorno de trabajo ordenado y justo. Fuentes del Ministerio de Trabajo citadas por El País indican que el proceso aporta seguridad jurídica, lo cual facilita la contratación formal de miles de trabajadores y elimina su exclusión del sistema laboral regulado.
¿Cómo inició el plan español y por qué se aplazó durante 20 años?
La propuesta de regularización extraordinaria surgió ante una intensa presión social y política por el reconocimiento de los derechos de los migrantes en España. El proyecto se fundamenta en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recolectó más de 700.000 firmas y llegó al Congreso de los Diputados en 2022. Pese al apoyo inicial de la mayoría parlamentaria, la falta de consenso con sectores como Vox frenó su avance hasta que el acuerdo entre el PSOE y Podemos desbloqueó el trámite del Real Decreto.
La concreción de la medida sufrió postergaciones constantes por motivos económicos y desacuerdos ideológicos entre los sucesivos gobiernos. Si bien en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se ejecutaron regularizaciones masivas para 600.000 personas, las administraciones de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez enfrentaron bloqueos internos. Según reportes de El País, la gestión migratoria representó un punto de fricción crítico dentro de la coalición gubernamental, acentuado por la reticencia de partidos como Junts.
Este estancamiento de dos décadas responde también al endurecimiento de las políticas migratorias en la Unión Europea. A diferencia de los procesos efectuados bajo los mandatos de Felipe González y José María Aznar, el contexto actual demanda un enfoque volcado hacia la integración y los derechos humanos. De acuerdo con el Instituto Elcano, la medida llega en un punto de inflexión donde la exclusión social de los migrantes irregulares escala como una prioridad en la agenda nacional e internacional.
¿Quiénes podrán beneficiarse?
Esta medida de regularización beneficia a las personas migrantes que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025. Los solicitantes deben acreditar una estancia mínima continuada de cinco meses en territorio nacional y carecer de antecedentes penales relevantes por delitos graves.
El Gobierno dirige esta iniciativa exclusivamente a quienes ya habitan en el país y aclara que no habilita nuevas vías de entrada legal. Con esta precisión, las autoridades buscan neutralizar las críticas sobre un posible "efecto llamada" y subrayan el carácter excepcional del proceso.
¿Qué documentos serán válidos para acreditar la estancia?
El nuevo decreto flexibiliza los medios para acreditar cinco meses de permanencia en España y favorece a las personas migrantes que enfrentan dificultades administrativas. Esta medida permite el uso de diversos documentos oficiales y privados para demostrar el arraigo, más allá del tradicional padrón municipal.
- Empadronamiento municipal.
- Informes o citas médicas del sistema sanitario.
- Certificados de asistencia a recursos sociales.
- Contratos de alquiler y facturas de suministros (luz, agua o teléfono).
- Justificantes de envíos de dinero y billetes de transporte.
¿Cómo será el procedimiento?
El Consejo de Ministros aprobará el real decreto cuya vigencia comenzará tras su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al ser una modificación de carácter reglamentario, el texto omite el debate y la votación en el Congreso, factor que asegura una aplicación inmediata en el marco legal vigente.
Las personas interesadas presentarán sus solicitudes ante la administración competente en materia de extranjería. El procedimiento específico, junto con los requisitos técnicos, figurará de forma pormenorizada en la propia norma y en las instrucciones complementarias que las autoridades dicten para tal fin.
¿Cuáles son los plazos?
Tras la entrada en vigor de la norma, el acuerdo establece el 30 de junio de 2026 como la fecha límite para la presentación de solicitudes. Según las declaraciones de Podemos, la implementación de esta medida tendrá efectos inmediatos, por lo que descarta el uso de periodos transitorios prolongados para su ejecución.
¿Qué efectos tiene presentar la solicitud?
La presentación de la solicitud activa la suspensión automática de cualquier proceso de expulsión o retorno vinculado a infracciones administrativas o laborales. Una vez que la administración admite el trámite, el interesado recibe una autorización provisional de residencia que habilita el acceso legal al empleo y garantiza derechos fundamentales como la asistencia sanitaria.
¿Qué tipo de permiso se concede?
Si la resolución resulta favorable, la persona obtiene una autorización de residencia por el plazo de un año, la cual admite prórrogas bajo los términos del Reglamento de Extranjería. Al cumplir dos años de arraigo, el beneficiario queda facultado para solicitar un permiso ordinario de residencia y trabajo, proceso que consolida de forma definitiva su situación legal en España.
