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Aviso importante para inmigrantes en Colorado: gobernador firma ley para proteger a indocumentados en el estado de EEUU

El gobernador Jared Polis firma la ley SB 276, que refuerza las protecciones para inmigrantes indocumentados en Colorado, limitando la cooperación con ICE y otras agencias federales en asuntos migratorios.

En Colorado, los inmigrantes pueden verse beneficiado con una nueva ley para la protección.
En Colorado, los inmigrantes pueden verse beneficiado con una nueva ley para la protección. | The Colorado Sun/Colorado Public Radio

El 23 de mayo de 2025, el gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó el Proyecto de Ley Senatorial 25-276 conocido como Ley para Proteger el Estatus Inmigratorio de los Derechos Civiles. Esta ley amplía las protecciones de los inmigrantes indocumentados en Colorado, lo que ha sido bien recibido por muchas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. A pesar de que Colorado ha afirmado que no es un "estado santuario", la ley busca aumentar las protecciones a los inmigrantes que viven en el estado sin estatus legal, aislando a Colorado de las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump.

La ley SB 276 fue una prioridad para la mayoría de los demócratas en la Legislatura estatal y recibió un notable apoyo, con 46 copatrocinadores en su camino hacia la aprobación. Con esta nueva legislación, se establece una clara limitación sobre la cooperación de las autoridades locales con ICE y otras agencias federales en lo que respecta a la aplicación de las leyes de inmigración civil. Esta medida es vista como un paso positivo para los inmigrantes que residen en Colorado, ya que les ofrece más seguridad y estabilidad.

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¿Cómo la ley SB 276 protege a inmigrantes indocumentados en Colorado?

La ley SB 276 recientemente aprobada en Colorado fortalece las garantías para los inmigrantes sin estatus legal al impedir que las agencias estatales y locales divulguen datos sobre su situación migratoria a entidades federales como ICE. Además, establece restricciones para que las autoridades federales no puedan ingresar a espacios sensibles, como hospitales, escuelas o guarderías, a menos que presenten una orden judicial. Con estas medidas, la normativa pretende proteger la privacidad de los inmigrantes y reducir la colaboración de los gobiernos locales con las operaciones de detención de ICE.

La legislación también establece que los gobiernos locales no pueden colaborar con ICE en la detención de personas involucradas en procesos migratorios de carácter civil. Asimismo, prohíbe que las cárceles demoren la liberación de un individuo por solicitud de agentes federales de inmigración, asegurando así que los inmigrantes no sean retenidos sin justificación. Con esta disposición, Colorado refuerza la defensa de los derechos de los inmigrantes y limita la colaboración con autoridades federales en asuntos migratorios.

Respuesta de activistas y organizaciones en Colorado

La aprobación de la ley SB 276 ha obtenido un respaldo significativo de activistas y entidades que defienden los derechos de los inmigrantes en Colorado. Estas organizaciones han valorado el empeño del gobernador Polis en fortalecer las salvaguardas para los inmigrantes sin documentos, interpretándola como un avance esencial hacia la justicia y la equidad para esta comunidad en el estado.

María González, vocera del Centro de Recursos para Migrantes de Colorado, expresó que la ley es "un avance significativo para las comunidades inmigrantes", subrayando que las políticas de deportación de la administración Trump han creado un ambiente de miedo que afecta a muchas familias. Además, varias organizaciones están ofreciendo asesoría legal gratuita a los inmigrantes para ayudarles a comprender mejor los cambios que implica la ley y cómo pueden beneficiarse de las nuevas protecciones.

Por otro lado, algunos opositores de la ley argumentan que el proyecto de ley limita la capacidad de las autoridades para cooperar en cuestiones de seguridad pública y podría tener efectos adversos en el combate al crimen. A pesar de las críticas, la ley ha recibido un apoyo abrumador de los legisladores estatales y activistas de derechos humanos, quienes defienden que la ley está alineada con los valores de justicia y dignidad para todos los residentes de Colorado, independientemente de su estatus migratorio.

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