Aviso importante para inmigrantes en Carolina del Norte: senado aprueba ley que facilita deportar a indocumentados de EEUU

Los legisladores de Carolina del Norte avanzan en la implementación de nuevas políticas migratorias que podrían afectar significativamente a los inmigrantes indocumentados en la región. El Comité Judicial del Senado aprobó el Proyecto de Ley HB 318, conocido como la "Ley de Control de Inmigrantes Ilegales Criminales". A través de esta iniciativa se busca ampliar los criterios para la detención de inmigrantes sin documentos, permitiendo a las autoridades locales mantener a estas personas bajo custodia por un periodo adicional de 48 horas en caso de que no se logre verificar su estatus migratorio. Esta medida otorgaría al ICE el tiempo necesario para llevar a cabo procesos de deportación.

La Ley HB 318 amplía el alcance de la ley actual, que solo permitía la verificación del estatus migratorio de los acusados de delitos graves específicos, ahora abarcando todos los delitos graves y aquellos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol. Esta modificación daría a los alguaciles mayores facultades para realizar detenciones y colaborar con ICE en los procesos de deportación de inmigrantes indocumentados, facilitando la colaboración entre las autoridades locales y federales.

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Ley HB 318 facilita la deportación de inmigrantes indocumentados

La ley HB 318 dispone que, si un juez o magistrado no logra verificar el estatus migratorio de una persona detenida por un delito grave o por conducir en estado de ebriedad, esta deberá permanecer arrestada por dos horas adicionales, con el fin de que ICE determine si existe una orden de arresto en su contra. En caso de confirmarse dicha orden, el individuo podrá ser retenido hasta 48 horas después del momento en que normalmente habría sido puesto en libertad, permitiendo así que ICE proceda con su detención para fines de deportación.

La medida ha generado una fuerte polémica. Carson Smith, representante republicano por Pender y exsheriff, respaldó la ley argumentando que su objetivo es “aclarar y modificar” aspectos de la normativa original, garantizando que los inmigrantes indocumentados que enfrenten cargos por delitos graves sean retenidos y entregados a ICE para su posible deportación. No obstante, los críticos advierten que la legislación podría vulnerar derechos constitucionales y representar un exceso de autoridad, al exigir que las fuerzas locales cooperen con ICE incluso cuando los cargos hayan sido retirados o la persona haya sido absuelta.

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Respuesta de activistas y organizaciones en Carolina del Norte

La reacción ante esta ley ha sido firme, especialmente entre activistas pro inmigración y legisladores demócratas de Carolina del Norte. Lisa Grafstein, senadora demócrata por Wake, expresó su fuerte oposición a la legislación, señalando que obligaría a los alguaciles a arrestar a personas que no han sido condenadas ni tienen cargos pendientes, lo que constituiría una violación de sus derechos constitucionales. "Estamos hablando de detener a individuos en los que el estado no tiene un interés constitucional", destacó Grafstein, resaltando las repercusiones legales que podría traer esta medida.

Por su parte, Sydney Batch, senador demócrata por Wake, también expresó su preocupación, destacando que esta ley podría afectar a las víctimas de delitos. En su testimonio, Batch explicó que, si un agresor es arrestado y existe una orden de detención de ICE, podría ser deportado antes de que la víctima tenga la oportunidad de comparecer ante el tribunal y testificar. Este tipo de situaciones podría disminuir el acceso a la justicia para las personas que han sido víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.

En respuesta a este proyecto de ley, activistas de inmigración como Mary Ross de Democracy Out Loud expresaron su firme oposición, describiendo la propuesta como una medida cruel contra los inmigrantes. Ross señaló que la mayoría de los inmigrantes en Carolina del Norte son trabajadores que contribuyen positivamente a la comunidad, y que deportarlos sin un debido proceso sería un acto injusto. "Son nuestros vecinos, y la mayoría trabaja duro y hace un gran trabajo con nosotros", dijo Ross.