Malas noticias para Trump: juez determina que su gobierno violó los derechos de los venezolanos deportados a El Salvador
Un juez federal determinó que los inmigrantes venezolanos fueron deportados a megacárcel de El Salvador sin notificación adecuada y sin oportunidad de defenderse.
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El juez federal James Boasberg determinó, este miércoles 4 de junio, que el gobierno de Donald Trump "negó de manera clara" el derecho al debido proceso a los cientos de venezolanos enviados en marzo al CECOT, la conocida megacárcel de El Salvador.
Boasberg resolvió que aquellos inmigrantes, quienes fueron deportados bajo una ley de guerra del siglo XVIII, deben tener la posibilidad de impugnar sus arrestos, y ordenó a las autoridades federales que faciliten este proceso. Además, dio al gobierno un plazo de una semana para presentar un plan detallado sobre cómo permitirán a los detenidos ejercer este derecho.
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Juez concluye que el gobierno de Trump violó los derechos de los venezolanos deportados a El Salvador
En su fallo, el juez subrayó que el grupo fue deportado sin recibir la notificación adecuada ni la oportunidad de impugnar la decisión, un derecho que "debe serles otorgado", incluso mientras están bajo custodia formal de El Salvador.
El texto señala que "La Casa Blanca debe tratar los casos de los inmigrantes como lo habría hecho si el gobierno no hubiera seguido un proceso constitucionalmente deficiente". Sin embargo, el juez no ordena que el gobierno los repatríe a Estados Unidos.
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Venezolanos tienen la posibilidad de impugnar sus deportaciones a El Salvador
La Corte Suprema ya estableció que los inmigrantes deben tener la posibilidad de impugnar sus deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que fue utilizada por Donald Trump para deportar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, a la que calificó en una orden ejecutiva como una "fuerza invasora".
James Boasberg, quien afirmó que su fallo solo aplica la decisión del máximo tribunal a aquellos que ya han sido deportados, señaló este miércoles que ha surgido "evidencia considerable" que sugiere que muchos de los inmigrantes venezolanos no tienen relación alguna con la pandilla, lo que los lleva a permanecer en una prisión extranjera bajo acusaciones débiles o incluso sin fundamento.
Familiares y abogados de varios de los venezolanos deportados han negado repetidamente cualquier vínculo con este grupo criminal, sin que exista una acusación formal o condena en su contra, y han expresado su indignación por no haber tenido la oportunidad de defenderse de tales acusaciones ante un juez.
Juez critica la actitud del gobierno de Trump sobre la deportación de venezolanos
Boasberg, quien calificó de "preocupante" la actuación del gobierno en este caso, resaltó en su fallo que la Corte Suprema tuvo que intervenir nuevamente en mayo para frenar un aparente intento de evadir las órdenes judiciales que habían bloqueado las deportaciones, cuando se preparó un vuelo nocturno desde Texas en abril con inmigrantes a bordo.
Desde la decisión de la Corte Suprema, varios jueces han suspendido temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros en diversas partes de Texas, Nueva York, California, Pensilvania y otros estados, al considerar que el plazo de 24 horas que el gobierno otorgó a los detenidos para impugnar sus deportaciones no cumplía con el requisito de la Corte Suprema de ofrecer una oportunidad "razonable" para hacerlo.
Investigación revela que inmigrantes venezolanos deportados a El Salvador sí ingresaron legalmente a EEUU
Hace unas semanas, un informe del Instituto Cato, ubicado en Washington D.C., dio a conocer que al menos 50 inmigrantes venezolanos deportados a la megacárcel de El Salvador, conocida como Cecot, habían ingresado legalmente a Estados Unidos.
De acuerdo con el medio El País, el informe contradice la versión oficial del gobierno de Donald Trump, que sostiene que las expulsiones recientes, realizadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, estuvieron dirigidas exclusivamente a inmigrantes indocumentados acusados de ser miembros de organizaciones criminales.
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