Régimen de Daniel Ortega sigue arremetiendo contra el periodismo en Nicaragua

La persecución al periodismo libre, la censura generalizada y la demolición de las estructuras democráticas han generado una crisis sin precedentes en Nicaragua, que inició a partir de 2018, cuando fueron asesinados más de 355 opositores durante enfrentamientos de la Policía y grupos paramilitares.

En 2021, luego de encarcelar a todos los aspirantes a las elecciones de 2021, Ortega se declaró vencedor con más del 75% de votos, en un proceso electoral con 80% de abstención

Tras aplastar las multitudinarias protestas, el régimen de Ortega y Murillo ha encrudecido su postura frente a la comunidad internacional, se ha cerrado cada vez más, empezó a encarcelar a opositores, desaparecer organizaciones, intervenir universidades, y ha tomado medios de comunicación y encarcelado a periodistas.

Respecto a ello, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre el deterioro de la salud de seis periodistas presos que cumplen cadenas de hasta 13 años de prisión.

Asimismo, la organización pidió “la liberación inmediata “por tratarse de presos de conciencia”, quienes fueron sentenciados en juicios sumarios, sin debido proceso y por delitos inexistentes”.

Uno de los más graves ataques que sufrió la prensa en el país centroamericano ocurrió en agosto de 2021, con la toma y el cierre de las instalaciones del diario La Prensa y la captura de su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Actualmente, Holmann se encuentra en una “celda de castigo” minúscula, sin ventilación, con poca luz y moho en las paredes. Renata, su hija, cuenta que junto a su madre y su hermana han podido visitar a su padre, quien les dice que para “ejercitar su mente lee una y otra vez las etiquetas de las bebidas que le llevan”.

Holmann fue sentenciado a nueve años de prisión sin el debido proceso. La sentencia también ordena la custodia policial de los bienes de La Prensa, lo cual supone una confiscación Ilegal y “una violación al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua”, indica el SIP.

El objetivo de estos tratos es “crear un estado de terror” para que el resto de los nicaragüenses, cree Renata, para que “no se sientan seguros alzando la voz y continuando la lucha por una Nicaragua libre y democrática”.

Al menos 45 de los opositores presos han sido condenados a 13 años de prisión por “menoscabo a la integridad nacional” y otros delitos. Ortega les acusa de atentar contra la estabilidad del país con el apoyo de Estados Unidos.

En ese sentido, la SIP reiteró pedido para “cerrar filas sobre los casos de los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann, estos tres últimos del diario La Prensa, quienes enfrentan afecciones a su salud y a quienes se les violan derechos contemplados en normas internacionales sobre tratamiento de prisioneros y derechos humanos”.

De igual manera, uno de los diarios con más audiencia en Nicaragua, Confidencial, fue obligado a detener operaciones y fue expulsado a Costa Rica, donde se han exiliado, según datos del SIP, más de 120 periodistas en los últimos años.

Otro medio independiente es la Radio Dario, con sede en León, que fue quemada por simpatizantes del gobierno en 2018.

Actualmente, en Nicaragua hay 182 opositores encarcelados, 46 de ellos fueron arrestados el año pasado y entre ellos hay siete aspirantes a la presidencia que pretendían competir contra Ortega en las elecciones de noviembre, según el grupo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Declaración sobre Nicaragua

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también ha alzado la voz, ha propuesto un plan de acción para impulsar medidas que permitan a los nicaragüenses “cumplir con sus aspiraciones de vivir nuevamente en libertad, democracia y con las garantías de un Estado de derecho”.

Dentro del plan de acción se consigna “solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana”.

Además, exigir mediante campañas de prensa ante las embajadas de cada país para la liberación de los periodistas y presos políticos. De igual manera, exhorta a Estados Unidos y la Unión Europea, en el marco del conflicto por la invasión de Ucrania, no disipar el interés por Nicaragua, busquen presionar con firmeza al régimen de Ortega a favor de la Paz y democracia.

Finalmente, hace un llamamiento a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para establecer espacios de debate para tomar acciones que permitan restaurar la democracia, los derechos ciudadanos y de las libertades fundamentales en Nicaragua.