Ministro Elmer Cuba sobre ley que aumenta la pensión a maestros: “Acá se ha violado la Constitución”

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, cuestionó la ley que eleva las pensiones de los maestros jubilados y cesantes y sostuvo que su aprobación vulneró las reglas constitucionales sobre la iniciativa de gasto. “Acá se ha violado la Constitución”, afirmó durante una entrevista en 'Cuarto Poder', al explicar por qué el Gobierno no aplicaría la disposición aprobada por el Congreso anterior.

Cuba señaló que el Ejecutivo no puede asumir una obligación presupuestal creada por el Parlamento y adelantó que se recurrirá a las instancias correspondientes para cuestionar la norma. “No hay manera que un Gobierno pueda cumplir lo que el Congreso anterior ha aprobado. Ya el Tribunal Constitucional ha fallado para el futuro”, sostuvo.

El ministro se refería a la disposición que establece que los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial reciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial. La norma fue aprobada por insistencia y publicada en abril de este año.

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Cuba cuestiona el impacto fiscal

Para el titular del MEF, el debate no se limita al aumento que recibirían los docentes retirados. Cuba sostuvo que la medida compromete recursos públicos de manera permanente y puede afectar el manejo de las cuentas fiscales.

“De todas maneras, lo que es ilegal es que los congresos tengan una iniciativa de gasto. Lo normal en los países capitalistas y en el mercado es que el Ejecutivo maneja el gasto. Y acá se ha violado la Constitución”, afirmó.

El ministro agregó que la posición del Gobierno también responde a consideraciones macroeconómicas. “Y además, macroeconómicamente hablando, pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país”, señaló durante la entrevista.

El impacto fiscal había sido advertido previamente por el Consejo Fiscal. En un comunicado publicado en marzo, el organismo señaló que la medida incrementaría la planilla de pensiones y generaría demandas permanentes de recursos al Tesoro Público. Su estimación apuntó a un costo de al menos S/8.000 millones adicionales por año.

El Consejo Fiscal también advirtió que el mecanismo de actualización previsto en la norma podría generar un efecto de nivelación entre las pensiones y las remuneraciones de los docentes en actividad. Esto ocurriría porque el beneficio está vinculado con la RIM de la primera escala magisterial, de modo que una modificación de esa remuneración tendría efectos sobre el monto pensionario.

¿Qué cuestiona el MEF?

Cuba insistió en que el problema no es únicamente el monto que recibirían los maestros jubilados, sino la forma en que se creó la obligación. “Vamos a interponer nuestras acciones para no cumplir algo que es ilegal”, manifestó.

El ministro también consideró que la disposición genera una diferencia frente a otros trabajadores del sector público. “Es injusto con el esfuerzo pensionario y los demás colegas del sector público”, señaló.

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La norma fue reconsiderada por el Congreso después de las observaciones formuladas por el Ejecutivo y finalmente promulgada por insistencia. El texto establece que el beneficio alcanza a docentes jubilados y cesantes de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva comprendidos en los regímenes de los decretos ley 19990 y 20530, la Ley 29944 y, de acuerdo con la disposición, también a afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

Uno de los puntos que preocupa al MEF es precisamente el carácter permanente del beneficio. No se trata de una transferencia extraordinaria o de un pago por única vez, sino de una modificación de las condiciones pensionarias que comprometería recursos públicos en los siguientes años.

Ejecutivo prepara acciones contra la norma

Ante la consulta sobre si el MEF permitirá que los docentes jubilados comiencen a recibir la pensión establecida por la norma, Cuba respondió que el Ejecutivo prepara acciones para evitar su aplicación.

“No vamos a cumplir lo que son los constitucionales ilegales y además se rompe el criterio fiscal y además no permite que el gobierno que acaba de entrar cumpla su promesa que está en otro lado”, sostuvo.

El ministro hizo referencia así a dos aspectos que, según su posición, deben considerarse de manera conjunta: las restricciones constitucionales sobre el gasto y el impacto que una nueva obligación previsional tendría sobre el presupuesto.

La disposición estableció que el Poder Ejecutivo debía aprobar su reglamento en un plazo de 90 días desde su entrada en vigencia. Asimismo, dejó en manos del MEF, en coordinación con el Ministerio de Educación, el establecimiento de las pensiones equivalentes a la primera escala magisterial.

Con el rechazo del MEF y el anuncio de acciones legales, la aplicación del incremento pensionario queda en el centro de una disputa entre el Ejecutivo y el Congreso anterior. Para Cuba, la discusión no solo involucra la mejora de los ingresos de los maestros retirados, sino también quién puede crear obligaciones de gasto y bajo qué condiciones pueden incorporarse nuevos compromisos al presupuesto público.