Congreso: proponen bono para vivienda a jóvenes de hasta 29 años, ¿de qué trata el proyecto?
El proyecto crea el Bono Habitacional Juvenil y obliga al Ministerio de Vivienda a priorizar al menos el 30% de los programas y proyectos para jóvenes, además de impulsar un banco de tierras y un fondo de garantía para facilitar créditos.
- Proyectos de vivienda social de hasta US$2,3 millones podrán financiarse a través de crowdfunding
- ¿El nuevo Barranco": Chorrillos gana terreno en el mercado inmobiliario con más proyectos y viviendas vendidas
El sueño de la casa propia podría estar un paso más cerca para miles de jóvenes peruanos. Un nuevo proyecto de ley desde el Congreso busca crear un marco legal para promover el acceso formal a la vivienda digna y adecuada de la población juvenil, en un país donde la independencia habitacional sigue siendo un privilegio. Según un análisis de Barqueros Inmobiliaria, más del 60% de jóvenes parejas vive en casas de sus padres o suegros y la mitad señala que la falta de privacidad afecta su relación.
La propuesta plantea, entre sus principales medidas, la creación del Bono Habitacional Juvenil (BHJ), un subsidio sin obligación de devolución, que se otorgaría por única vez a jóvenes de hasta 29 años para adquirir, construir o mejorar una vivienda.
TE RECOMENDAMOS
EL FENÓMENO DE LOS JÓVENES ‘NINI’ EN EL PERÚ | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO
PUEDES VER: Lo que debes saber del retiro AFP 2025: cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT
Este beneficio se sumaría a otros programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) como Techo Propio y Nuevo Crédito Mivivienda, pero con requisitos más flexibles y un enfoque dirigido a quienes hoy no pueden acceder a ellos.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
El beneficio está dirigido a jóvenes peruanos de hasta 29 años, con residencia comprobada en el país. Podrán acceder quienes integren sociedades conyugales o uniones de hecho, así como padres o madres solteras y solteros con o sin carga familiar, es decir, aquellos que tengan dependientes a su cargo.
Banco de tierras y un registro de vivienda joven
Otra medida es la creación del Banco de Tierras para la Vivienda Joven, que buscará identificar y destinar terrenos urbanos o urbanizables a proyectos habitacionales orientados a este grupo. El Estado también deberá implementar un Registro de Vivienda Joven para identificar a los beneficiarios y a quienes demandan vivienda.
Además, el proyecto establece que al menos el 30% de los programas y proyectos habitacionales del Estado sean reservados para jóvenes, priorizando a aquellos en situación de vulnerabilidad o con bajos ingresos, asi como la implementación de un fondo de garantía respaldado por el Fondo Mivivienda para facilitar créditos hipotecarios con tasas de interés más bajas.
En la exposición de motivos, se sustenta que el déficit habitacional juvenil es un problema que recae en bajos ingresos, informalidad laboral y la imposibilidad de acceder al sistema financiero. Según datos citados en el documento, más del 60% de las parejas jóvenes en Lima vive en casa de sus padres o suegros, y la mitad afirma que la falta de privacidad afecta su relación. No obstante, el deseo de independencia es casi unánime: el 88,5% de los jóvenes encuestados manifestó su aspiración de tener un departamento propio.
El texto recuerda que el derecho a una vivienda adecuada está reconocido por tratados internacionales y por la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (N° 31313), y que el Estado tiene la obligación de promover condiciones que hagan posible el acceso a una vivienda digna. “La carencia de vivienda no solo afecta la estabilidad económica, sino también la salud mental, la educación y la vida familiar”, advierte la iniciativa.
La congresista Nieves Limachi señala que programas como Renta Joven o Techo Propio no han sido suficientes para atender la demanda de este grupo etario, que representa el 23,6% de la población nacional. Por ello, propone una intervención estatal más decidida, articulada con gobiernos regionales y locales, que permita reducir el déficit habitacional y ofrecer a los jóvenes "una base sólida para construir sus proyectos de vida".
Según el texto, la aplicación de la norma no generaría nuevos gastos al erario, pues su financiamiento se cubriría con los presupuestos del MVCS, del Fondo Mivivienda y de los gobiernos subnacionales. De aprobarse, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para emitir su reglamento.
