Julio Velarde advierte que leyes de aumento de gasto erosionan más las finanzas del Perú

El presidente del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió sobre la necesidad de cuidar la situación fiscal del país, pese a que el déficit proyectado para el cierre del año "no resulta alarmante".

Durante su participación en el Encuentro Económico Regional en Piura, Velarde señaló que se prevé un déficit fiscal de 2,4% para 2025, cifra similar a la registrada hasta agosto y menor a la de 2024. Sin embargo, el titular de la autoridad monetaria enfatizó que, dadas las condiciones extraordinarias de los precios de las exportaciones, se esperaba un déficit más bajo o incluso un superávit.

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"La idea es que en épocas de vacas gordas, uno ahorra para poder hacer gastos fuertes cuando los precios (de las exportaciones) caen. El problema es la tendencia, eso preocupa. Hay un montón de proyectos aprobados o siendo promulgados de aumento del gasto que puede hacer que nuestra situación fiscal comience a erosionarse más", declaró Velarde.

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El jefe del ente emisor también señaló que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump al Perú no han tenido un efecto pronunciado en la economía, dado que muchos competidores directos enfrentan aranceles mayores. En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI), indicó que creció 3,3% en el primer semestre del año y se espera que cierre 2025 en 3,2%. Los indicadores a corto plazo también muestran una tendencia positiva, con un aumento del 5.1% en el empleo formal durante los primeros siete meses del año.

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Beneficios tributarios aprobados ponen en riesgo la recaudación

El panorama fiscal, sin embargo, se ve amenazado por los proyectos aprobados y los beneficios tributarios que reducirán la recaudación del Estado. Según el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se espera que el Estado deje de recaudar alrededor de S/26.350 millones en 2026 por incentivos tributarios otorgados a distintos sectores y actividades, cifra que se sumará a un gasto tributario que en la última década casi se ha duplicado, pasando de S/15.942 millones en 2021 a niveles mucho mayores.

El 76,8% de estos beneficios corresponde al IGV, principalmente por exoneraciones a productos agrícolas y operaciones en la Amazonía. Le siguen los incentivos vinculados al Impuesto a la Renta (16,6%), especialmente por la inafectación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y los relacionados con impuestos Ad Valorem (4,7%), como el mecanismo de drawback, que devuelve a los exportadores parte de los aranceles pagados por la importación de materias primas utilizadas en la producción local.

Este subsidio, vigente desde hace 30 años, es considerado por expertos como “un privilegio” que se mantiene sin una evaluación rigurosa de su impacto.

Un ejemplo reciente es la reducción del IGV a restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, prorrogada hasta 2027 pese a que debía culminar en 2024. Además, también la llamada Ley Chlimper 2.0, ratificada en agosto por el Congreso con 43 votos a favor, generará un agujero fiscal de S/1.880 millones anuales, según alertas del Consejo Fiscal y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En total, el MEF advierte que el costo fiscal de 144 proyectos de ley enviados desde julio de 2021 hasta julio de 2025 asciende a S/406.462 millones, equivalente a más de un tercio del PBI estimado para este año. La proyección al cierre de 2025 contempla alrededor de 300 proyectos de ley que implican costos tributarios, de los cuales el 90% provienen del Congreso.

Los partidos cuyos proyectos afectan más la recaudación son Acción Popular (46% del total), Perú Libre (15%), Somos Perú (10%) y Fuerza Popular (9%). Del total, el 17% de estos proyectos ya ha sido aprobado, lo que ha generado que el Estado deje de recaudar S/26.954 millones (2,3% del PBI).

Otra medida con impacto en las finanzas es que el Ejecutivo promulgó este año una ley que reducirá de manera gradual el Impuesto General a las Ventas (IGV) a partir de 2026, llevándolo del 18% actual al 14% en 2029, mientras que el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) se incrementará del 2% al 4% en el mismo periodo.