MEF fija octubre para transferir hasta S/1.000 millones a la ANIN, pero aumentan riesgos por obras paralizadas

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes, anunció que en octubre su cartera destinará entre S/800 millones y S/1.000 millones adicionales a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Hasta esa fecha, serán más de dos meses de paralización de proyectos debido a la falta de presupuesto. Aún así el monto quedará corto frente a los S/3.700 millones solicitados por la institución.

Según explicó, no existe espacio fiscal para cubrir la demanda completa de la ANIN sin comprometer la meta de déficit de 2,2% prevista para este 2025. "Nosotros le hemos dicho que en este momento no tenemos el presupuesto. En septiembre vamos a hacer un análisis con todos los ministerios. Pagar esto de golpe significaría romper con el cumplimiento de la meta fiscal. En octubre deberíamos empezar a hacer estos pagos", declaró a Canal N.

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La ANIN que gestiona proyectos importantes para la prevención de desastres como sistemas de drenaje pluvial y gestión de cuencas, fue creada en julio de 2023 como reemplazo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Dicho organismo heredó 194 proyectos por más de S/48.900 millones a ejecutarse hasta 2031. En 2024, llegó a ejecutar más de S/5.000 millones, el 95% de su presupuesto, lo que le permitió acelerar plazos y reducir en cinco años el plazo de entrega de obras, de 2036 a 2031. Sin embargo, ese mismo ritmo la dejó sin recursos en agosto de este año.

El presupuesto 2025 solo le asignó poco más de S/3.000 millones, casi 40% menos de lo ejecutado en 2024 y la mitad de lo solicitado. A diferencia del año pasado —cuando en el segundo semestre se aprobaron recursos adicionales vía crédito suplementario— esta vez no se autorizó una ampliación, lo que obligó a paralizar obras y dejar sin actividad a buena parte de la cadena de contratistas, subcontratistas, proveedores y trabajadores.

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Un caso concreto es el distrito de Moche, en Trujillo, donde los vecinos denuncian la paralización desde hace un mes de las defensas ribereñas del río Moche. La obra, con 73% de avance y prevista para diciembre del 2025, fue suspendida por falta de fondos, lo que despierta preocupación a los ciudadanos de las zonas colindantes ante la llegada de las lluvias. La ejecución del proyecto estaba a cargo del Consorcio Besalco Stracon, bajo contratación de la Autoridad Nacional de Infraestructura.

Para Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el mensaje del Gobierno es contradictorio. "Se premia a las entidades que no ejecutan y se limita a las que sí avanzan. El país necesita nuevas reglas de asignación presupuestal", cuestionó.

"El principal costo es que las obras no se van a terminar en el tiempo previsto. Si invierto S/1.000 millones en infraestructura es para generar S/2.000 millones en beneficios. Al bajar el ritmo de ejecución, se encarecen los proyectos, se acumulan gastos generales y en algunos casos los contratos se anulan. Eso le termina costando más caro al Estado", advirtió el representante del gremio de la construcción.

"La consecuencia más preocupante es que la paralización o la ralentización de las obras, provoque que los pobladores enfrenten nuevamente temporadas de lluvias sin contar con la infraestructura de prevención necesaria", agregó.

Más 20.000 trabajadores sin empleo

El impacto ya se siente en el empleo. La Federación de Trabajadores de Construcción Civil estima que alrededor de 20.000 trabajadores han quedado sin actividad por la paralización. "Al bajar el ritmo, vas a terminar con los proyectos más tarde, con costos financieros adicionales para las empresas, y con la posibilidad de que algunas se retiren, llevándose su maquinaria. Eso también impacta en proveedores y subcontratistas. Pero, sobre todo, el gran perjudicado es el ciudadano que no recibirá agua, luz, vivienda o carreteras en el tiempo prometido", apuntó Valdivia.

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Capeco alertó también que la paralización deja al norte del país más expuesto al Fenómeno El Niño (FEN). "Estamos hablando de 170 proyectos bajo la ANIN. Si no se ejecutan, la infraestructura puede deteriorarse y eso sería un retroceso grave en la capacidad del país para enfrentar emergencias", agregó.

En la misma línea, César Barrios, gerente del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, señaló que el recorte generará sobrecostos. "Si obras que ya están en 97% o 98% de avance se paralizan, el costo final será mucho mayor. Dinero hay, pero está mal distribuido; el MEF sobredimensiona el impacto en las cuentas fiscales”, sostuvo. Añadió que una mala asignación presupuestal podría traducirse en pérdidas de hasta S/22.000 millones al cierre de 2025, debido a que gran parte de lo presupuestado para inversión pública podría quedarse sin ejecutar.

Impacto en la construcción

De acuerdo con la estimación preliminar de Capeco, la construcción habría alcanzado un aumento de 2,7% en julio del 2025, sumando tres meses consecutivos en alza. Sin embargo, este resultado implica una ralentización del desempeño sectorial en el primer semestre del año, que terminó con una tasa positiva de 5,2%. El aumento estuvo impulsado por el consumo de cemento (+9,1%) y la obra pública (+11,2%) en junio, cuando el sector fue el segundo de mayor crecimiento después de la pesca.

La Contraloría advirtió que al 30 de junio todavía estaba pendiente de ejecutar casi la mitad de los S/44.298 millones comprometidos en 2.428 proyectos en todo el país. Del total, el 71,3% de las obras detenidas corresponde a municipalidades, mientras que gobiernos regionales y el gobierno nacional concentran el 39,1% y 38,9% de la inversión actualizada, respectivamente.

Entre enero y julio la inversión pública alcanzó S/27.000 millones, pero la falta de recursos de la ANIN representa dejar de ejecutar S/3.000 millones, es decir, el 10% de la inversión nacional, recordó el representante de Capeco.

En opinión de Valdivia, resulta paradójico que mientras a la ANIN se le niegan recursos complementarios para cumplir con su programa, pese a haber demostrado eficiencia, otras entidades mantienen bajos niveles de ejecución. "El problema no radica en la programación de la ANIN, sino en una distribución que castiga la eficiencia y premia a quienes no logran dinamizar sus presupuestos", concluyó.