Gobierno del Perú proyecta crecimiento de 3,5% en 2025 y reducción del déficit fiscal a 2,2%

El gobierno peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, documento que establece las proyecciones oficiales para la economía peruana y constituye la base técnica para la formulación del presupuesto público del año fiscal 2026. La aprobación se dio el 27 de agosto de 2025, con la opinión previa del Consejo Fiscal.

Contexto internacional 

Desde un inicio advierte que el mundo atraviesa un periodo de crecimiento más débil que en décadas previas. En 2025, la economía global crecería 2,8%, ritmo menor al promedio histórico de 3,7% (2000-2019). Las economías avanzadas crecerán solo 1,3%, golpeadas por la desaceleración de Estados Unidos (1,5%) en medio de una guerra comercial arancelaria que afecta gasto privado y exportaciones. La zona euro alcanzaría apenas 0,9%, mientras que China, aunque mantiene un desempeño superior, crecería 4,3%, presionada por su crisis inmobiliaria y la deflación.

En América Latina y el Caribe, el PBI avanzaría 2,2% en 2025, con dinámicas heterogéneas: recuperación en Argentina, Colombia y Perú, frente a debilidad en Chile, Brasil y México. Para el periodo 2026-2029, el crecimiento global convergería a 3%, sostenido por la reducción de la inflación internacional, menores tasas de interés y la disipación de tensiones geopolíticas.

Los términos de intercambio para el Perú crecerían 12,4% en 2025, gracias al repunte del oro y del cobre, aunque se prevé que se estabilicen a una tasa promedio de 1,5% en 2026-2029.

Economía peruana en recuperación sostenida

En el plano local, el MMM estima que el PBI crecerá 3,5% en 2025 y 3,2% en 2026, niveles consistentes con el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM).

El motor principal será la inversión privada, con un alza de 4,5% en 2025 (más de US$58.000 millones), impulsada tanto por proyectos mineros como por infraestructura urbana (Línea 2 del Metro, nuevas Asociaciones Público-Privadas y obras de irrigación). Esto generará empleo e ingresos, que a su vez fortalecerán el consumo privado.

Si bien existe discusión sobre si estas cifras se alcanzarán —otros expertos las ajustan por debajo del 3%—, las décimas de crecimiento marginal positivo no cambian el panorama general de la economía peruana. Según el economista Juan Carlos Odar, el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de elevar estas tasas dentro de lo posible.

“La proyección de crecimiento es baja. Para un país como el nuestro deberíamos estar hablando de cifras cercanas al 5% o superiores. Además, esta proyección no depende del gobierno actual, sino de la orientación del próximo”, explicó Odar.

El economista añadió que cualquier proyección futura depende de la política que adopte el próximo gobierno, ya sea promercado o más intervencionista. Aunque la inversión privada ha empezado a crecer, no ha sido el eje principal del periodo actual, y las cifras proyectadas son más una expresión de expectativas que una garantía de que se alcanzarán.

“Perú no se encuentra en una situación de crecimiento moderado, que está lejos de representar una bonanza”, subrayó el economista y vocero de Oxfam, Armando Mendoza, para La República. “Crecer alrededor del 3% es básicamente un año más para las estadísticas. Hay consenso de que es a partir de tasas del 5% o más que el crecimiento se traslada al bienestar de las personas con una mejora de sus ingresos, capacidad adquisitiva, mayor empleo, etc.” 

En ese sentido, recordó que siempre van a haber sectores económicos que por distintos factores, externos o externos, mostrarán un mejor desempeño, por ejemplo, altos precios internacionales o una cosecha excepcional por motivos climatológicos, pero no se trata de una expansión generalizada de la economía como la que se observaba hace 10 o 15 años. 

Y es que si analizamos las tasas de crecimiento de los últimos años —dejando de lado 2020 y 2021, que fueron excepcionales— veremos que la economía peruana hace mucho tiempo que no despega. 

“Continuamos en una suerte de piloto automático, o mejor dicho, de piloto zombi: se mueve, pero no despega”, puntualizó. 

Entre 2027 y 2029, la economía crecería en promedio 3,2%, con protagonismo de la inversión minera (US$8,6 mil millones comprometidos), la agroexportación y la logística, incluyendo megaproyectos como el Puerto de Chancay (segunda etapa en 2027, con US$2,5 mil millones) y ferrocarriles estratégicos.

Finanzas públicas

El MMM insiste en la importancia de mantener la sostenibilidad fiscal. El déficit fiscal, que fue 3,5% del PBI en 2024, bajará a 2,2% en 2025 y se reducirá gradualmente hasta 1,0% en 2028-2029, en línea con el retorno a las reglas macrofiscales.

Como señaló el economista Juan Carlos Odar, será alcanzable en la medida que haya un ajuste en el gasto. Ahora bien, sí se ha proyectado un menor ritmo de expansión del gasto, pero no está garantizado que efectivamente se logre llegar a ese nivel.

"Ya hemos jugado ocho meses y el déficit acumulado está por arriba, cerca de 2,6%. Por eso se requiere un ajuste rápido, importante y sostenido para cerrar en 2,2% este año”, recordó.

“Ahí sí ya entramos en el reino de los buenos deseos y la realidad”, comentó tajante Mendoza. “Las metas del déficit fiscal tienen, en el fondo, bastante de  cálculo político. Es un mensaje pensado para las agencias calificadoras y organismos como el FMI, pero ello no garantiza que se puedan sostener los compromisos en disciplina fiscal, considerando las enormes presiones sociales y políticas que enfrenta el presupuesto público”.

Mendoza recordó la discrepancia reciente entre el dato oficial de 2,2% anunciado por el Gobierno y la cifra de 2,8% que se manejó inicialmente en el último mensaje presidencial. Odar complementa esta visión al señalar que si vamos rumbo a un déficit mayor al proyectado, probablemente estemos hablando de 2,4 o 2,5%, lo que podría justificar ajustar la meta ligeramente al alza para evitar reacciones negativas del mercado y un aumento transitorio del costo de endeudamiento.

Como ejemplo, mencionó la reciente aprobación de la segunda ley agraria, que “favorecera a los agroexportadores, pero significará alrededor de S/1.800 millones menos de recaudación anual”. A ello se suma, añadió, una ola de proyectos de ley en el Congreso que reducen impuestos o amplían beneficios sectoriales, debilitando los ingresos del Estado, mientras que al mismo tiempo se multiplican las presiones por más obras, para otorgar aumentos, bonos y mayores transferencias a los gobiernos subnacionales.

En cuanto al gasto, Mendoza explicó que los márgenes de ajuste son reducidos. “Mucho del gasto es rígido y difícilmente se podrán recortar planillas y otros gastos corrientes sin arriesgarse a un conflicto laboral o una crisis social. Lo que probablemente se termina sacrificando es el gasto de inversión. Por ejemplo, si este año ibas a construir diez puentes, ahora harás dos; si proyectabas un hospital, apenas avanzarás a la mitad. Ese freno ya se nota en los reclamos de alcaldes y en la disputa reciente entre la Autoridad Nacional de Infraestructura y el MEF por los recursos de inversión”.

Odar añade que esta proyección para 2026 corre un riesgo de estar revisada al alza por el próximo gobierno, especialmente si hay aumentos en remuneraciones o expansión del gasto público. “No necesariamente se cumplirá el 1,8% proyectado para el próximo año; eso quedará en cancha del nuevo Ejecutivo”, explicó.

Para Mendoza, por su parte, alcanzar un déficit de 2,2% requeriría un Ejecutivo con gran capacidad de negociación política, algo que hoy no existe. “Estamos hablando de un ejecutivo extremadamente débil, que va de salida, que difícilmente podrá resistir la presión de regiones, alcaldes y del propio Congreso. Y aun si llegara a esa meta del déficit, no sería inocuo: se lograría a costa de una contracción del gasto público que afectará al PBI y a la dinámica económica en muchas localidades del país, donde el Estado es el principal motor de actividad”.

No obstante, el MMM subraya que el Perú mantiene fortalezas en su frente fiscal. La deuda pública bruta sería de 32,1% del PBI en 2025 y caería a 30,8% en 2029, manteniéndose entre las más bajas de la región. Además, más del 84% de la deuda está en tasa fija y con un plazo promedio de 12 años, lo que reduce riesgos de refinanciamiento.

“La deuda sigue por encima del 30% del PBI, que era el nivel máximo sostenible antes de la pandemia. ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta regresar al 30%? Parece que todavía quedan varios años por delante”, cuestionó Odar.

Un dato adicional: el Perú registra uno de los riesgos país más bajos de América Latina —161 puntos básicos en 2025 frente a un promedio de 304 en economías emergentes—, lo que le permite acceder a financiamiento externo en condiciones favorables.

Reforma tributaria y presión fiscal

El MMM reconoce que la presión tributaria del Perú (14,1% del PBI en 2024) está muy por debajo de América Latina (29,4%) y la OCDE (39,3%). Por ello, el gobierno plantea medidas para ampliar la base tributaria, combatir la evasión y revisar beneficios tributarios.

Entre las recomendaciones, el documento subraya la necesidad de:

• Revisar regímenes especiales para empresas pequeñas, que han generado atomización productiva.
  
• Aumentar la progresividad del Impuesto a la Renta de personas naturales.
  
• Evitar distorsiones en el IGV, como tasas reducidas que afectan la neutralidad del sistema.
  
• Fortalecer la fiscalización digital de la Sunat y aplicar estándares internacionales como el Plan BEPS de la OCDE para controlar la erosión de la base imponible.

Inversión pública y APP

El gobierno proyecta un fuerte impulso a la infraestructura a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos. Entre 2025 y 2026 se prevé adjudicar US$17.000 millones en APP, con una cartera priorizada de US$8.000 millones solo en 2025.

Además, se planean 25 proyectos de irrigación por más de US$24.000 millones y un portafolio minero de 67 proyectos valorizado en más de US$64.000 millones. El documento también enfatiza en 11 proyectos de transporte por más de US$19.000 millones, que incluyen líneas de metro en Lima, teleféricos en regiones y el ferrocarril Marcona-Andahuaylas.

Frente a estas proyecciones, el economista Armando Mendoza expresó su preocupación: “Estoy extremadamente inquieto por la rapidez, por no decir precipitación y poca transparencia con la que se está manejando este tema clave para el desarrollo nacional”.

El especialista recordó que las APP, en sí mismas, son un mecanismo de inversión que puede ser muy beneficioso, pero su aplicación en el Perú ha dejado serias dudas. “La idea de que las APP son inevitablemente un ‘ganar-ganar’ ha perdido mucho mérito debido a todos los fiascos sufridos en el pasado reciente con las APP. En teoría, son una forma de suplir la inversión pública cuando no hay recursos, pero no son gratis: el privado se cobra eventualmente con peajes u otros mecanismos. El problema es que en nuestro país las APP se han gestionado de manera muy irregular y, con frecuencia, vinculadas a casos de corrupción”, señaló.

Odar enfatizó que, más allá del anuncio de los proyectos, “el tema clave es que el proyecto se concrete y se ejecute. El hecho de que un proyecto salga en la foto o se anuncie no garantiza que el desembolso ocurra ni que la inversión se materialice rápidamente”.

Mendoza citó ejemplos emblemáticos: el aeropuerto de Chinchero, que aun no se concluye, y donde los operadores originales emprendieron millonarias demandas internacionales contra el Estado; la concesión de Rutas de Lima, cuyo operador Brookfield demandó recientemente al país ante el CIADI por US$2.700 millones; y la Línea Amarilla, también con conflictos judiciales en torno a los peajes.

“El caso más paradigmático de una APP corrompida fue la Carretera Interoceánica, firmada durante los gobiernos de Toledo y Lula. Se anunció originalmente en US$700 millones y terminó costando cerca de US$5.000 millones, con multiples adendas al acuerdo original que inflaron el presupuesto y derivaron en juicios y arbitrajes. Esa es la experiencia peruana con las APP”, recordó.

Para el economista, el principal problema radica en que el modelo de las APP se ha distorsionado: “Una APP debería implicar que el Estado y el privado comparten beneficios y riesgos de manera balanceada y transparente. En la práctica, en el Perú, la tendencia es que el agente privado acapara los beneficios y el Estado absorbe los costos y los riesgos. Ese es el patrón que hemos visto una y otra vez”.

Con ese antecedente, Mendoza advirtió sobre el “festival de APP” que se anuncia para los próximos años: “Me preocupa profundamente qué se está firmando y con qué condiciones. Ojalá no terminemos, en unos años, enfrentando una nueva ola de arbitrajes y escándalos multimillonarios. El propio Marco Macroeconómico reconoce que ya existe un alto riesgo contingente por las demandas derivadas de acuerdo de APP”.

Riesgos macrofiscales

El MMM dedica un capítulo completo a los riesgos que podrían afectar las finanzas públicas:

• Escalada de la guerra comercial y conflictos en Medio Oriente.
  
• Fenómenos climáticos extremos (El Niño y sequías).
  
• Contingencias explícitas, como arbitrajes internacionales y compromisos en APP, que al 2024 representaban 3,01% del PBI en valor presente.

Aun así, el gobierno sostiene que la disciplina fiscal, sumada a reservas como el Fondo de Estabilización Fiscal (US$3.200 millones, 1% del PBI), permitirá afrontar choques adversos.

En suma, de acuerdo con Mendoza, este tipo de reportes deben leerse con doble filtro: si bien son documentos eminentemente técnicos, también tienen un componente político. Al comparar el Marco Macroeconómico Multianual de un año con informes previos, se observa que las cifras se mueven y se ajustan. A veces, esos cambios responden a variaciones reales en las condiciones económicas; pero en otros casos obedecen a una lectura que busca proyectar un escenario más optimista.