Minería informal: Más del 95% de los mineros artesanales trabajan en concesiones ajenas

Las actividades de minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) fueron incorporadas en el marco legal peruano a partir del 2002 con la entrada en vigencia de la Ley n° 27651. En dicho año se impulsó el proceso de descentralización en el país y las competencias de formalización quedaron en manos de los Gobiernos regionales.

Pese a los esfuerzos iniciales del Estado que fueron complementados por una serie de normas a lo largo del tiempo, los resultados reflejan que no se ha conseguido el objetivo inicial. Al 23 de mayo, se han inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) 82.166 operadores a nivel nacional, de los cuales 20.684 se encuentran vigentes y 61.482 están suspendidos, lo cual equivale a más del 75% del total. No obstante, el problema va más allá de las cifras, según José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de CooperAcción.

Las políticas públicas han quedado desfasadas frente al crecimiento exponencial de la MAPE, que se puede atribuir a tres aspectos clave: el incremento en el valor de los precios de los minerales como el oro, la dificultad de ganarse la vida en otro tipo de actividades económicas y la debilidad institucional que se traduce en una limitada capacidad de fiscalización de los territorios.

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“La geografía peruana hace que todos los estratos sean sumamente complejos. Pero hay un problema fundamental a tomar en cuenta: en nuestro país hay un proceso de acaparamiento de concesiones, lo que ha provocado que las zonas con mayor riqueza geológica estén adjudicadas a los grandes operadores mineros. Por eso, uno de los reclamos legítimos de los pequeños mineros es: ¿dónde vamos a trabajar?”, explica De Echave.

Precisamente, Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), anota que más del 95% de los mineros en proceso de formalización trabajan para terceros, es decir, en un terreno que no es de ellos, sino de las empresas concesionarias.

En su opinión, uno de los principales obstáculos para avanzar en la formalización minera es la normativa actual, ya que se requiere acreditar un contrato de explotación otorgado por los titulares para legalizarse. Además de ello, cerca de 25.000 mineros vienen laborando en concesiones extinguidas, lo que ocasiona que no sean objeto de ningún procedimiento facultado por ley.

“El gran problema del atraso de la formalización es el contrato de explotación. Por más que se hayan ido cambiando las leyes, no se ha revisado este tema. En vez de este contrato como requisito, estamos pidiendo que se incluya en la ley Mape el derecho de servidumbre, ya que nosotros trabajamos en denuncios abandonados. Recordemos que el recurso natural es del Estado, que promueve la formalización”, indica Franco Bequer a La República.

Según datos de CooperAcción, existen 21 millones de hectáreas ocupadas por derechos mineros a nivel nacional en las zonas con mayor riqueza geológica. Ante esta situación, De Echave enfatiza la necesidad de revisar la política de concesiones mineras para liberar territorios. Sobre este tema y el balance del proceso de formalización minera, este diario buscó una entrevista con el director general de Formalización Minera del Minem, Máximo Gallo, pero fue cancelada a última hora por su equipo de prensa.

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Minería: Ordenamiento territorial pendiente

La problemática de la expansión de la MAPE necesita ser abordada a través de políticas públicas que incorporen el ordenamiento territorial para establecer si una determinada zona es apta o no a la extracción, afirma William Zabarburú, integrante del Instituto de Políticas Climáticas. La entidad rectora en esta materia es la Presidencia del Consejo de Ministros, que poco hace por demostrar avances.

Y es que la ausencia de una planificación del uso sostenible y adecuado del territorio trae como consecuencia la superposición de concesiones mineras y otros derechos sobre los recursos naturales y la utilización del suelo. En la Amazonía, por ejemplo, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó 510 concesiones mineras entre el 2020 y 2024, las cuales se ubican en ecosistemas frágiles.

“Existe un proceso de crecimiento desordenado, en el que la gran minería presiona para tener concesiones y los mineros artesanales ocupan territorios de comunidades campesinas, se meten a áreas protegidas o zonas de reserva. En la minería en la Amazonía lo hacen cerca de los ríos o en los mismos ríos mediante el sistema de dragas. Esto hace que se afecten los controles ambientales”, explica.

Hace algunos días, dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) denunciaron el avance de la minería ilegal que ha generado la deforestación de miles de hectáreas de bosque primario en los últimos años. Según Gil Inoach, presidente del GTAA, existen más de 40 dragas operando en el río Cenepa, así como en el Santiago y el Marañón, por el lado de Saramiriza.

Pero los líderes awajún son algunas de las voces ausentes en las mesas de trabajo convocadas por el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, para aterrizar una propuesta de dictamen de la ley MAPE, la cual debería ponerle fin al Reinfo, que se ha convertido en un manto de impunidad. Si bien se había anunciado el inicio de su discusión para el último viernes 23 de mayo, no se hizo efectiva la convocatoria.

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Ley MAPE sin consenso

En más de una oportunidad, este diario ha detallado la disputa de intereses que existen entre la gran minería que busca ponerle fin al Reinfo y los mineros informales que lograron prorrogarlo hasta junio de este año. Lo cierto es que, a falta de tres semanas para que culmine la legislatura, no parece que se construya una ruta de consenso sobre la ley MAPE.

Precisamente, el Ministerio de Energía y Minas remitió al grupo de trabajo que preside Paul Gutiérrez una serie de aportes relacionados con esta norma que incluyen aspectos sobre trazabilidad, beneficios tributarios, programa de comercialización de oro, inclusión financiera y otros alcances.

A pocas horas de conocerse este documento, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) hizo una aclaración pública respecto a que los consensos recogidos por el Minem no reflejan su postura.

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Para José De Echave, el tiempo quedará corto si se busca aprobar una nueva ley MAPE en el Congreso. Por tanto, solo se repetirá el escenario de la prórroga del Reinfo, más aún si se toma en cuenta la débil autoridad del Ministerio de Energía y Minas y la baja popularidad del Gobierno de Dina Boluarte.

En contraste, Máximo Franco Bequer de la Confemin confía en que este dictamen de la Comisión de Energía y Minas logrará ser aprobado antes del término de la legislatura. Aunque no descarta apelar a la movilización social como mecanismo de vigilancia, tal y como ocurrió en noviembre del año pasado.

Desde su gremio buscan incluir en la ley MAPE: el derecho de servidumbre, el establecimiento de una ruta de comercialización del oro, el reconocimiento del quinto estrato que comprende a las mujeres que se dedican a la selección manual de minerales, y que las cuentas de los mineros sean en el Banco de la Nación para hacer la trazabilidad.

Tanto Zabarburú como De Echave coinciden en que debe revisarse la política de concesiones mineras, mejorar la trazabilidad y comercialización del oro, promover el ordenamiento territorial, así como priorizar los controles ambientales.

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