
La violencia contra el transporte público sigue escalando en el país. Entre enero y mayo de 2026, al menos 54 conductores fueron asesinados por sicarios, en un contexto marcado por extorsiones, cobro de cupos y atentados armados contra empresas de transporte, según alertó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Logística y Transporte.
El representante del sector advirtió que las cifras reflejan un panorama más grave que el de 2025, cuando más de 70 trabajadores vinculados al rubro perdieron la vida en todo el año. “Estamos con un promedio peor que el año pasado y eso se refleja tanto en las cifras como en los hechos que se conocen todos los días”, declaró a Exitosa.
Ojeda indicó que actualmente se registran hasta tres ataques por semana contra unidades de transporte, principalmente en Lima Metropolitana y el Callao. Las zonas más afectadas son el Cono Norte, Cono Sur y Cono Este, donde bandas criminales disputan el control territorial de rutas mediante amenazas, atentados y extorsiones.
Según explicó, las organizaciones delictivas ya no operan de forma aislada, sino que se han segmentado por zonas y compiten entre sí. Esta dinámica ha provocado que algunas empresas deban pagar cupos a más de una organización criminal para evitar represalias.
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El impacto económico también es severo. Ojeda detalló que las mafias exigen pagos diarios de entre S/15 y S/20 por unidad, además de un pago inicial que puede variar entre S/20.000 y S/50.000 para permitir el ingreso al sistema de 'cupos'.
Explicó que, aunque un bus de 9 metros puede recaudar alrededor de S/900 al día y uno de 12 metros hasta S/1.300, esos ingresos se destinan a cubrir planillas, combustible, mantenimiento, seguros y gastos administrativos, dejando márgenes mínimos para las empresas.
En algunos casos, añadió, compañías con flotas de entre 80 y 200 unidades llegan a pagar hasta 13 cupos distintos debido a la presencia de varias bandas en una misma jurisdicción.
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La crisis de seguridad también viene afectando la continuidad laboral del sector. Ojeda advirtió que cerca del 35% de conductores profesionales han dejado la actividad debido al temor de ser víctimas de extorsión o asesinatos.
Asimismo, cuestionó la estrategia policial frente a estos delitos y sostuvo que las intervenciones suelen centrarse en capturar a ejecutores materiales, sin desarticular a las cabecillas criminales.
“El problema es que capturan a los gatilleros, pero no a quienes dirigen las bandas. Mientras las cabezas sigan libres, las organizaciones se reorganizan y continúan operando”, sostuvo.
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