Juntos por el Perú presenta interpelación contra Rafael Belaunde por vínculos con Minera Poderosa
El pliego interpelatorio incluye 43 preguntas sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la provincia de Pataz, zona bajo estado de emergencia donde opera la minera cuya presidenta de directorio financió la campaña presidencial del actual ministro.
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La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación a Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, por sus vínculos con Minera Poderosa. La moción cuestiona los ocho aportes económicos que Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de la minera, entregó a Libertad Popular durante la campaña presidencial de Belaúnde.
Los aportes fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, según el propio texto de la moción, se ajustan a la ley electoral vigente. El problema, dicen los firmantes, aparece después. Belaúnde asumió el Ministerio de Defensa, cartera que decide sobre las operaciones militares en Pataz, provincia de La Libertad, donde Minera Poderosa desarrolla sus actividades desde hace años.
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Pataz permanece bajo sucesivos estados de emergencia por el avance de la minería ilegal. Pese al despliegue constante de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la zona sigue registrando homicidios, secuestros, extorsiones y ataques contra trabajadores. Ese contraste, entre el gasto militar sostenido y los resultados de seguridad, es uno de los puntos que la moción exige explicar.
El pliego interpelatorio suma 43 preguntas divididas en once bloques temáticos. Piden precisar si Belaúnde sostuvo reuniones con representantes de la minera antes o después de asumir el cargo, si existen protocolos que regulen la relación del ministerio con empresas privadas en zonas de intervención militar, y qué porcentaje del personal desplegado en Pataz protege a la población civil frente al que resguarda infraestructura minera.
Los puntos clave del pliego interpelatorio
El bloque más extenso del cuestionario, con nueve preguntas, apunta directo al uso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la protección de instalaciones mineras. Los diputados piden que el ministro garantice, con documentos de respaldo, que ningún efectivo militar cumple funciones de seguridad privada o exclusiva para Minera Poderosa u otra empresa, fuera de los supuestos que contempla la ley.
La moción también recuerda cifras concretas de violencia en la zona. Cita el secuestro y asesinato de 13 trabajadores en mayo de 2025 y de nueve trabajadores en 2023, hechos ocurridos pese a la vigencia de los estados de emergencia. Con esos datos, los firmantes preguntan qué evidencia objetiva sostiene que repetir la misma medida sigue siendo eficaz, y si el ministerio cuenta con algún informe técnico independiente sobre los resultados del modelo aplicado en Pataz.
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Otro bloque pregunta por qué el Ministerio de Defensa no ha integrado a las rondas campesinas dentro de la estrategia de seguridad, pese a que estas organizaciones cuentan con reconocimiento legal y presencia permanente en la zona. Los diputados quieren saber cuántas reuniones de coordinación sostuvo el ministerio con las rondas desde febrero de 2024, y si existe algún protocolo para compartir información sobre el crimen organizado.
El documento cita además un pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que expresó preocupación por la frecuencia con que Perú declara estados de emergencia y recomendó que estas medidas sean excepcionales, proporcionales y temporales. Con ese respaldo, la moción exige al Ejecutivo explicar qué indicadores objetivos justifican la reiteración del régimen excepcional en la provincia. El pliego cierra con preguntas sobre el ejercicio militar "Escudo de las Américas" y el desminado de las Pampas de Reque, de cara a la visita del papa León XIV.
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