
La crisis en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se profundiza. El comandante general Juan Carlos Morales Carpio advirtió que la falta de financiamiento no solo mantiene una brecha millonaria, sino que ya compromete la atención oportuna de emergencias e incluso podría obligar a suspender algunos servicios. "El problema no es nuevo, pero cada vez se agudiza más. Como no se atiende, la brecha sigue creciendo, los vehículos se malogran y no hay respuesta del Gobierno", señaló en entrevista con La República.
Actualmente, el déficit total supera los US$1.200 millones (alrededor de S/4.000 millones). Solo la renovación de unidades —muchas con más de 30 o 40 años de antigüedad— demandaría cerca de S/1.500 millones para las 247 compañías a nivel nacional.
Aunque en octubre de 2024 se aprobó este financiamiento en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el comandante cuestionó que hasta ahora no se haya concretado. "Pasó al Ministerio de Economía y Finanzas, pero no nos han dado ni un sol. Todo quedó en estudio", afirmó.
La falta de recursos impacta directamente al atender incendios y otras emergencias. Morales Carpio explicó que, en muchos casos, las compañías más cercanas no pueden responder por ausencia de vehículos operativos o de personal suficiente, lo que obliga a desplazar equipos desde zonas más alejadas.
"Esa demora hace que cuando lleguemos, el siniestro ya esté en 60% o 70%. La atención deja de ser oportuna y la población queda más expuesta", advirtió. En ese contexto, indicó que se evalúa suspender ciertos servicios ante la imposibilidad de sostenerlos en condiciones adecuadas.
El comandante también cuestionó la reducción del presupuesto institucional. Precisó que, pese a ejecutar el 100% de los recursos asignados, el monto total pasó de S/96.000.000 en 2025 a S/95.000.000 en 2026. En inversiones, la caída fue de 25 a 21 millones. "Lejos de aumentarnos, nos han bajado. No se entiende", sostuvo.
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Otro de los problemas críticos es la escasez de conductores. A nivel nacional se requieren 2.500, pero solo hay presupuesto para 500. Esta situación obliga a que voluntarios asuman la conducción de unidades en emergencias, incluso sin contar con la licencia correspondiente para vehículos de gran tamaño.
Además del riesgo operativo, esto implica posibles consecuencias legales. "Hay casos en los que, aun siendo víctimas de un choque, los bomberos son detenidos por protocolo. Eso desincentiva que asuman esa función", explicó.
Morales Carpio también alertó sobre la falta de control en el cumplimiento de normas de seguridad ciudadana, especialmente en almacenes y comercios. Indicó que, más allá de nuevas regulaciones pendientes, el principal problema es la débil fiscalización por parte de autoridades locales.
"Se siguen encontrando almacenes clandestinos y materiales mal almacenados. Eso lo vemos en cada incendio, sobre todo en el Centro de Lima", señaló.
Finalmente, exhortó al Estado a replantear la política pública en torno al servicio bomberil. "La inseguridad no es solo delincuencia. También es la vulnerabilidad de la población ante una emergencia sin respuesta. No puede ser que no haya quien atienda por el poco equipamiento", concluyó.
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