Crimen avanza en pleno desgobierno: sicarios asesinan choferes y pasajeros en Lima y Callao

Las medidas adoptadas por el Gobierno no han contenido la violencia. En los últimos días, ataques armados, extorsiones y atentados contra unidades de transporte público se han multiplicado, afectando tanto a trabajadores como a usuarios.

Este repunte ocurre en paralelo a una crisis política marcada por la recomposición del Consejo de Ministros y los cálculos de las bancadas en el Congreso, lo que ha debilitado aún más la capacidad de respuesta del Ejecutivo.

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Ataques que se repiten

El caso más reciente ocurrió en San Juan de Miraflores. Un sicario interceptó una combi de la empresa San Pedro de Pamplona y dejó muerto al chofer junto a dos pasajeras. El 16 de marzo, un conductor fue asesinado a balazos y su cobradora quedó herida, cerca del centro comercial Minka, en el Callao.

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El patrón fue el mismo: dos sujetos a bordo de una moto dispararon contra la unidad. Transportistas denunciaron que mafias exigen pagos diarios de entre ocho y 10 soles por unidad. “Esto es pan de cada día”, afirmó una trabajadora durante un plantón realizado la mañana siguiente.

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Queman buses de transporte público

La violencia ahora no se limita a ataques directos. En distritos como El Agustino y Villa El Salvador, bandas criminales optaron por incendiar buses para presionar a las empresas. Dos unidades de 'Los Chinos' y 'Sol de oro' fueron quemadas en la madrugada del 12 de marzo por presuntos integrantes de 'Los Mexicanos', quienes grabaron los atentados para usarlos como amenaza. En uno de los videos se escucha: “Van a pagar 20 soles diarios cada chofer. El que no quiera alinearse con nosotros, va para homicidio”.

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Las acciones del Gobierno

El Estado ha respondido con escoltas policiales. Tras el asesinato de Michael Hurtado el pasado 11 de marzo, algunas unidades de la empresa Santa Catalina reanudaron sus labores seis días después. Otros renunciaron o permanecen en resguardo.

Con ello, se anunció que miembros de Los Halcones resguardarían las unidades; sin embargo, este acompañamiento solo se daría por etapas. El dirigente José Quispe indicó que se asignaron cuatro efectivos para brindar seguridad a la ruta 23-A, cifra que consideró limitada frente a una flota cercana a 100 unidades.

Crisis política

Este escenario se desarrolla en medio de la salida de la expresidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y la designación de Luis Enrique Arroyo como titular. Mientras el tablero político se reordena, la inseguridad avanza. El relevo en el Ministerio del Interior no ha venido acompañado de medidas efectivas.

El nuevo premier hizo un llamado a la unidad y a actuar “con responsabilidad pensando en el país”, pero en las calles la percepción es otra: ausencia de control y expansión del crimen. Así, entre cálculos electorales y disputas por el poder, el transporte público, y con él miles de ciudadanos, queda atrapado en una violencia que no ofrece respiro.

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