
Jimmy Saúl Salvador Jorge, de 39 años y taxista de profesión, falleció tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de ser agredido por sus propios hermanos durante una discusión familiar. Según el certificado de necropsia, la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico.
El ataque ocurrió el 23 de noviembre, durante una gresca para tratar la repartición de un terreno que su madre dejó en herencia en Manchay (Pachacámac) a sus ocho hijos. Tras el hecho, Salvador fue trasladado al hospital, donde los médicos diagnosticaron lesiones graves y parálisis parcial.
La familia de la víctima exige justicia, ya que los presuntos agresores siguen en libertad y uno de ellos permanece no habido. “Los tres matones que dicen ser familia no lo son. Eso no hace una familia. Están denunciados por la Policía y la Fiscalía”, declaró su viuda, Luisa Valdivia, a América Noticias.
La familia de Saúl denunció que tres de sus propios familiares —su hermana Giovanna Merino Jorge, su hermano Ricardo Merino Jorge y su sobrino Anthony Cerrón Merino— participaron en la agresión que terminó con su muerte en El Agustino.
De acuerdo con los testigos y registros de las cámaras de seguridad, la agresión se inició durante una reunión vecinal y continuó cuando lo sacaron del predio y lo atacaron en la vía pública. La esposa del fallecido, que estaba presente junto a su hija de ocho años, también habría sufrido agresiones. Personal de Serenazgo acudió para intervenir, pero la situación no logró ser controlada.
El abogado de la familia, Mario Arriba, explicó que, tras los hechos, la hermana presentó una denuncia por violencia familiar; sin embargo, la defensa del taxista interpuso una denuncia por homicidio calificado, sustentada en la gravedad del ataque y en los videos obtenidos. El caso ya está avanzando en sede fiscal y se espera que el viernes una fiscal adjunta realice las primeras diligencias. “Debemos pedir detenciones preliminares y allanamientos porque estas personas, por la gravedad de la pena, van a intentar eludir la justicia”, señaló.
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El conflicto que terminó en la muerte de Saúl se originó por la disputa de un terreno que pertenecía a su madre, fallecida en 2016. Tras su muerte, surgieron desacuerdos entre los hermanos por la administración del predio. Según algunos familiares, la hermana habría iniciado por su cuenta el proceso de inscripción del inmueble y obtuvo el título a su nombre. Para ello, presentó una declaración jurada que incluía presuntas firmas de sus hermanos —entre ellas la de Saúl— en la que supuestamente renunciaban a sus derechos sobre la propiedad. No obstante, los demás familiares aseguran que nunca firmaron tal documento y cuestionan su validez legal.
La Fiscalía ha tipificado el caso como homicidio calificado, señalando que los hechos evidencian un actuar con crueldad, lo que podría implicar penas de hasta 35 años de prisión. Pese a las denuncias formales, los implicados aún no han sido detenidos. El abogado de la familia explicó que corresponde a la Fiscalía solicitar detenciones preliminares, dado que ya no existe flagrancia, pero sí suficientes elementos probatorios.

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