Comuneros de Canta rechazan “conciliar” con empresario que les arrebató 10.000 hectáreas
Los campesinos se negaron a escuchar la oferta de Aniceto Argüelles Loayza, a quien acusan de haberse apropiado fraudulentamente del predio de la comunidad para construir un relleno sanitario. Argüelles pagó S/600.000 por el terreno cuando su valor sería de S/10.000.000.
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El empresario Aniceto Argüelles Loayza ofreció un acuerdo extrajudicial a la comunidad campesina de Quipán, Canta, y solicitó la oportunidad de sustentar su propuesta ante una asamblea de campesinos, pero esta desestimó unánimemente la oferta.
El propietario de Industrias Argüelles y Servicios Generales, una compañía dedicada al rubro de recojo y disposición de desperdicios en varios distritos de Lima Metropolitana, envió una solicitud de conciliación a la comunidad de Quipán a la espera de que se accediera a su petición.
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Los asistentes a la asamblea, por el contrario, rechazaron el pedido porque no había nada que negociar.
En 2012, Karen Pasco Flores, la gerenta de la empresa de Aniceto Argüelles, en complicidad con el expresidente de la comunidad de Quipán, Abel Mosquera Ortíz organizó la compra fraudulenta de 10.000 hectáreas por S/600.000.
Como está acreditado judicialmente, Karen Pasco y Abel Mosquera fraguaron las actas de una asamblea que, falsamente, autorizaba la venta a Industrias Argüelles del terreno de la comunidad, donde había proyectado construir el relleno sanitario “Kurumi” y de esta forma incrementar contratos con los municipios limeños.
El presidente de la comunidad, Santiago Guardamino Gonzáles, descubrió el fraude en 2017 e inició acciones civiles y penales para recuperar el predio arrebatado a la comunidad y sancionar a los responsables.
Pero el primero de abril de 2024, un sicario asesinó a Guardamino cuando regresaba a su casa en Carabayllo, poco después de participar en una asamblea comunal en Quipán, en la que precisamente reportó los avances para la recuperación del terreno arrebatado por Argüelles.
Expresidente de la comunidad de Quipán, Santiago Guardamino Gonzáles. Foto: difusión
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Aunque Aniceto Argüelles sostiene que no tiene ninguna relación con el crimen, para la familia de Guardamino y los campesinos de Quipán él es un sospechoso. La fiscalía que investiga el caso coincide con la hipótesis.
En la carta dirigida por Argüelles al presidente de la comunidad de Quipán, le solicita que se le permita exponer ante la asamblea del primero de agosto de este año, “nuestra propuesta de transacción extrajudicial y conciliación, orientada a poner fin definitivo a la controversia que actualmente mantiene nuestra representada con la comunidad”.
El acercamiento de Argüelles a la comunidad obedece a la demanda judicial de la comunidad de Quipán para recuperar la propiedad de las 10.000 hectáreas, adquiridas a un precio subvaluado de S/600.000, cuando en realidad superaría los S/10.000.000.
Así lo confirma el propio empresario Aniceto Argüelles al señalar en la carta al presidente de la comunidad, Abel Mosquera Sánchez, lo siguiente: “Nuestra propuesta busca no solo una salida satisfactoria al conflicto judicial en curso, sino también sentar las bases para una relación armónica y de mutuo respeto entre ambas instituciones”.
Ante la posibilidad de la reversión del predio a Quipán, Industrias Argüelles y Servicios Generales, la empresa de Aniceto Argüelles, intentó llegar a un acuerdo económico para no perder la inversión en la construcción del relleno sanitario “Kurumi” en el terreno que arrebató a los campesinos mediante una acción fraudulenta.
“Expresamos nuestra firme confianza en el espíritu democrático y dialogante de su digna gestión, así como en la sabiduría colectiva de la asamblea, para evaluar con apertura y criterio las alternativas que nuestra representada desea poner en su conocimiento”, escribió el empresario.
La asamblea no solo se opuso a que Argüelles expusiera su propuesta, sino que también le pidió que se fuera de la comunidad.
Los comuneros no olvidan que el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz, y la exgerente de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, ya recibieron condenas por su actuación en el despojo del terreno.
En efecto, el 13 de enero de 2023 la Sala Penal de Apelaciones de Lima Norte le dio a Abel Mosquera cuatro años de prisión suspendida por el delito contra la fe pública.
El 31 de marzo de 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó la condena de cuatro años de prisión suspendida para la exgerente de Argüelles, Karen Pasco, por el delito de falsedad ideológica.
También se debe tener en cuenta que el 24 de enero de 2025, Aniceto Argüelles Loayza se acogió a la terminación anticipada en un proceso que se le siguió por intentar sobornar a la jueza Roxana Becerra Urbina.
La jueza Becerra debía resolver la demanda de la comunidad de Quipán para que se revierta la propiedad del terreno. Argüelles aceptó los cargos y fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión suspendida, y una reparación civil de S/20.000.
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