
El 1 de diciembre, la avenida Bertello con Carlos Izaguirre, en el distrito de San Martín de Porres, amaneció con dos buses de la empresa La Estrella SAC calcinados tras un ataque suscitado a las 2:30 a.m. como represalia y advertencia hacia algunos conductores, según las primeras pericias policiales. La tarde anterior, un transportista recibió un mensaje de WhatsApp en el que un extorsionador le pedía alinearse con la organización delictiva, dejando un número de Yape.
A pesar de que los choferes ya venían pagando entre S/20 y S/30 diarios como “cupo” para evitar atentados; según indicaron, el ataque se habría producido por la misma banda, que se hace pasar por un tercer grupo para cobrarles más dinero. Como medida de seguridad, los trabajadores han decidido no salir a laborar, dejando sin servicio a cientos de usuarios que transitan por la ruta Callao-Dominicos.
Tras ser alertados por vecinos de la zona, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios llegaron a la zona para controlar las llamas. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas mortales, aunque los vehículos –que se encontraban estacionados en plena calle– quedaron inutilizables.
“Por el olor del neumático hemos salido a ver qué estaba pasando. Más o menos me di cuenta a las 2 y 20 de la mañana. Asustados, salimos y ya se estaban quemando los vehículos”, señaló un vigilante de una cochera aledaña.
Dos buses de la empresa Estrella fueron incendiados durante la madrugada del 1 de diciembre. Foto: Difusión.
Cabe destacar que cada unidad de transporte tenía un costo aproximado de US$ 18.000 y los 80 conductores que manejan los buses pagaban cada uno diariamente hasta S/60 a dos grupos delictivos.
Por la mañana, la Depincri de San Martín de Porres se acercó al lugar para recabar la información, que se viene gestionando en la Comisaría Sol de Oro. Según pudo confirmar La República, alrededor de 30 buses de la empresa no saldrán a trabajar este 1 de diciembre y no han confirmado cuando regresarán a sus labores.
En conversación con La República, Martín Ojeda, Director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, advirtió que los crímenes violentos afectan a tres de cada cuatro empresas de transporte urbano. Tras el incendio de los buses en San Martín de Porres, sostuvo que el daño económico es invaluable, debido a que además del valor del vehículo, la pérdida involucra una unidad menos que genera ingresos. Además, el hecho ocasiona daño moral y psicológico en los trabajadores.
“La extorsión hace lo que quiere con este gobierno también. Es lamentable decirte esto, pero los conos de Transportes Unidos están sumamente afectados”, expresó.
Mensaje extorsivo día anterior al atentado. Foto: Difusión.
Por otro lado, reveló que el 2 de noviembre tiene programada una reunión descentralizada con el ministro del Interior para conversar sobre los números de Yape y teléfonos usados por los extorsionadores, así como la reserva de nombre al denunciar, que no se ha efectivizado hasta el momento, luego de un mes en el que señala no ha habido cambios en absoluto para la seguridad del sector.
“Vamos a ser muy enérgicos con el ministro del Interior, que tiene una política de puerta abierta, pero acá estamos pidiendo que nos reciba el presidente y no nos recibe. (...). Acabamos de ver que ha tenido una entrevista con un dirigente que no representa a nadie y encima los que estamos sufriendo este tema no somos bien recibidos. ¿Tenemos que alabarlo para tener una cita? Es urgente”, enfatizó.
En Panamericana mencionó estar cansado de los constantes atentados hacia los trabajadores del sector y señaló que el Perú es el único país de América Latina que no tiene una Policía de Investigaciones, en referencia a que no es una entidad separada de la PNP como en otros países de la región.
“Es noticia de todos los días, atentados contra el transporte como si nada. No estamos para hacer huelga, pero estamos cansados de esto. Esto es la tierra de nadie. Somos el único país que no tiene Policía de Investigaciones en Latinoamérica. No tienen dinero, no tienen computadora, no tienen material. Al señor Revoredo le falta de todo. No se están haciendo las denuncias con reserva de nombre porque dicen que aún no están capacitados”, lamentó.
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