
La situación en la frontera entre Perú y Chile empezó a normalizarse el 30 de noviembre: el tránsito vehicular fluye con normalidad y la presencia de migrantes indocumentados en el complejo fronterizo de Santa Rosa, en Tacna, se ha reducido considerablemente. Esto contrasta con los últimos días, cuando decenas de extranjeros bloquearon la carretera mientras esperaban atención migratoria.
Según un reporte de América, desde el lado chileno solo permanece un pequeño grupo de aproximadamente diez migrantes. Aunque el día anterior hubo un amplio despliegue militar, en las primeras horas de hoy no se registra vigilancia de las Fuerzas Armadas entre el hito 1 y el hito 10; únicamente permanecen efectivos de la Policía Nacional del Perú patrullando la zona con sus vehículos.
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La mañana del 28 de noviembre, ciudadanos de distintas nacionalidades —principalmente colombianos y venezolanos— bloquearon la línea fronteriza entre Perú y Chile, específicamente en el paso Tacna–Arica. Usaron piedras, colchones y equipaje para impedir el tránsito, exigiendo ser autorizados a ingresar al territorio peruano con la intención, según señalaron, de retornar a sus países de origen.
Pese al bloqueo, se mantiene un despliegue policial en la zona, con vehículos y ambulancias ante cualquier emergencia. Autoridades advierten que la presencia de migrantes disminuyó durante el fin de semana por la menor atención disponible, pero podría incrementarse nuevamente el lunes.
El contexto surge tras las declaraciones del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien ha prometido expulsar a todos los migrantes en situación irregular si gana la segunda vuelta del 14 de diciembre. Su posible llegada al poder, en un país actualmente gobernado por Gabriel Boric, incluye propuestas como el cierre de fronteras con Bolivia y Perú y la expulsión inmediata de extranjeros irregulares, principalmente venezolanos.
El Gobierno del Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos, ubicados en la frontera con Chile, ante el incremento de intentos de ingreso irregular de ciudadanos extranjeros.
El presidente José Jerí y el canciller Hugo de Zela señalaron que la medida busca fortalecer la seguridad ciudadana y evitar el ingreso de más migrantes, ya que la capacidad del país se encuentra al límite. Asimismo, anunciaron la creación de un comité binacional de cooperación migratoria con Chile y el trabajo coordinado con organismos internacionales como ACNUR y la OIM, con el fin de atender la situación respetando el derecho humanitario.
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