
Los rectores de las universidades públicas del país alertaron que, pese a que el sistema estatal incorporará diez nuevas instituciones en 2026, el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Ejecutivo reduce en S/ 288 millones los recursos ordinarios asignados al sector.
En un comunicado, la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) advirtió que el sistema pasará de 52 universidades públicas en 2025 a 62 en 2026, pero sin un incremento proporcional que permita sostener la ampliación de servicios académicos, infraestructura, plazas docentes y bienestar universitario. "Esta reducción profundiza las brechas existentes, empujando a estudiantes y docentes a medidas extremas como tomas y huelgas", señaló.
Por su parte, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) también manifestó su "profunda preocupación" y sostuvo que la propuesta del Ejecutivo "presiona al límite la capacidad operativa" de las instituciones.
Pronunciamiento de la AUNAP.
La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) advirtió que la propuesta de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas para 2026 contempla un recorte del 10 % respecto a lo asignado este año, lo que afectaría directamente la calidad educativa, la investigación y el desarrollo universitario. La reducción podría comprometer el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad exigidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que otorga el licenciamiento a las instituciones que cumplen con estos estándares.
En un comunicado, la universidad precisó que Sunedu ha realizado supervisiones que determinaron la necesidad de implementar mejoras urgentes en infraestructura y equipamiento. Se otorgaron plazos de 30, 60, 90 y 120 días calendario para su ejecución, pero la UNALM señaló que la implementación depende de la asignación presupuestal del MEF.
"Es incomprensible que, mientras se exige el cumplimiento de altos estándares, el presupuesto asignado a la UNALM se recorte sistemáticamente, socavando la capacidad de las universidades públicas para responder a estas demandas", señalaron las autoridades de la casa de estudios.
Comunicado de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
El sector universitario advierte que, si se mantiene la propuesta del Ejecutivo, la calidad educativa, el bienestar estudiantil y la gobernabilidad en los campus podrían verse seriamente comprometidos.
Las asociaciones señalan que, incluso con el presupuesto vigente, el Estado no financia servicios esenciales para la vida universitaria, como la admisión o titulación, centro de idiomas, servicios de tutoría, bolsa de empleo, movilidad, cooperación internacional, educación virtual, mantenimiento y seguridad en los locales, actividades de extensión universitaria, deporte e investigación aplicada.
Pronunciamiento de rectores ASUP.
"Todo ello debe ser cubierto con recursos propios ya sobreexigidos", indica la AUNAP, que advierte que mantener ese esquema en el 2026 configuraría una política que "asfixia silenciosamente a las universidades públicas".
En su pronunciamiento, los rectores reconocen la apertura del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, pero insisten en que el Congreso debe incorporar las fórmulas legales ya sustentadas por las universidades para garantizar la continuidad académica en 2026.
"Corresponde a los congresistas demostrar que existe un compromiso real con los miles de estudiantes y docentes", indica la AUNAP, al exigir que estas propuestas no queden "reducidas a meras declaraciones sin respaldo político".
Entre las prioridades planteadas figuran la atención de las Demandas Adicionales de financiamiento, el fortalecimiento del Bienestar Universitario, un financiamiento equitativo para Beca 18, la consolidación del régimen especial de docencia universitaria, la provisión de plazas para autoridades y el funcionamiento de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones. Estas acciones —remarcan— constituyen "lo mínimo indispensable" que el Pleno debe defender al aprobar la Ley de Presupuesto 2026.
El bloque de rectores también exhorta al presidente José Jeri a disponer que el MEF atienda los requerimientos planteados por las universidades. “Respaldar estas incorporaciones garantiza el fortalecimiento de las universidades públicas, postergado por décadas”, señalan.
Asimismo, cuestionan la reciente resolución de Indecopi sobre los cobros por graduación en una universidad pública. Para los rectores, dicha decisión constituye una “vulneración a la autonomía universitaria”, principio protegido por el artículo 18 de la Constitución.
Advierten que, en 2026, las universidades públicas deberán asumir más campus, más estudiantes y mayores exigencias de calidad. Sin embargo, con un presupuesto reducido será difícil sostener servicios esenciales, infraestructura, investigación y bienestar estudiantil.
El pronunciamiento fue firmado por rectores de al menos 20 universidades públicas:
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