Congreso impulsa amnistía para choferes de combi mientras ‘Anconeros’ realizan piques ilegales con multas que exceden los S/ 10.000

En junio de este año, mediante transmisiones en vivo de Tik tok, se dio a conocer cómo cústers de distintas empresas de transporte realizaban piques ilegales en Lima Norte, principalmente en el distrito de Ancón. Una de las protagonistas sería la empresa 'Nueva Estrella', o más conocida como 'Anconeros', unidades que acumularían multas de más de S/ 10 mil y que este último miércoles también se habrían visto implicadas en el trágico accidente ocurrido en la avenida Alfonso Ugarte, cerca a la Plaza Dos de Mayo, que dejó tres muertos y más de 37 heridos, según información de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según información recopilada por este medio, no sería la primera vez que esta línea de transporte se ve implicada en hechos similares. En diciembre del 2024, un choque entre el bus que recorre la ruta Salaverry-Ancón y un automóvil particular dejó como saldo un muerto y 10 heridos. El fallecido se trataría del cobrador de la empresa, quien perdió la vida de forma instantánea por la gravedad del accidente. En enero de este año, la línea protagonizó otro siniestro, esta vez contra un bus de la empresa Nuevo Perú, lo que también ocasionó varios heridos.

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Asimismo, solo en este mes de julio, durante el paro programado para esas fechas, se registró una colisión entre dos cústers pertenecientes a las empresas de transporte 'El Anconero' y 'El Chino', incidente que dejó varias personas con lesiones graves. Testigos confirmaron que ambos vehículos competían por recoger pasajeros al momento del accidente.

Transmitían sus piques ilegales por redes sociales

En junio de este año, la avenida La Florida, en el distrito limeño de Ancón, fue testigo de cómo las pistas se convirtieron en el escenario ideal para realizar piques ilegales. Las principales protagonistas del evento fueron las denominadas cústeres "Anconeros", que se enfrentaban en estas competencias clandestinas contra otras unidades de transporte de San Juan de Lurigancho.

Lo insólito era que estas carreras se organizaban y transmitían en directo a través de redes sociales. Desde choferes y cobradores hasta menores de edad eran testigos de este acto ilícito, mientras algunos comerciantes vendían bebidas alcohólicas. Aunque el reglamento establece que la multa por practicar piques ilegales asciende a 1,236 soles, tanto el Serenazgo como la Policía Nacional, que presenciaron los hechos, no reportaron ninguna detención ni intervención por el incidente.

En esa línea, la responsabilidad debería recaer en las empresas de transporte, las cuales permiten que sus choferes realicen dichas prácticas. Sin embargo, para el exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, el problema real que impide la adecuada fiscalización radica en que muchas de estas empresas no están realmente consolidadas, sino que, en la mayoría de casos, son propietarios individuales de unidades que se agrupan para formar una línea como 'Nueva Estrella'.

“Por eso andan corre que corre, porque le tienen que ganar el pasajero al competidor. Cuando son dueños individuales, lo que recogen en el camino es para su propio bolsillo. El 90% de las empresas de servicio público a nivel nacional están conformadas por dueños individuales que se han juntado para postular, pero que no funcionan realmente como una empresa: cada uno juega para su propio bolsillo”, explicó.

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Congreso buscaría amnistías para choferes imprudentes

En esa línea, no resulta sorprendente conocer cómo diversos accidentes de tránsito tienen como protagonistas a cústers, tanto formales como informales. Más aún, si se considera que el Estado, entidad encargada de fiscalizar y establecer normas en favor de la seguridad vial, legisla en sentido contrario de dicho objetivo. Solo en abril de este año, el congresista Luis Cordero Jon Tay, de la bancada Somos Perú, presentó el polémico proyecto de ley N° 10825/2024-CR, el cual buscaría implementar amnistías para conductores y transportistas "afectados por las sanciones y multas impuestas por las infracciones a normas de tránsito y transporte terrestre".

El principal objetivo de dicha propuesta, según el parlamentario, sería ofrecer un alivio económico para aquellos transportistas que, durante la pandemia de la COVID-19, vieron sus ingresos reducidos por las restricciones sanitarias y de movilidad propuestas por el gobierno. No obstante, Carlos Estremadoyro, esa iniciativa resultaría contraproducente, ya que "anularía cualquier incentivo de que no cometer infracciones".

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"Hay que tomar medidas fuertes. No podemos seguir con tibiezas y tecnicismos legales. No estamos hablando de una simple multa, sino de vidas humanas. Si una unidad ha sido sancionada varias veces, se le debería decomisar y enviar directamente a subasta y chatarreo. Pero no, la decomisan, la subastan, nadie la quiere, bajan el precio, alguien la compra por dos mil soles y vuelve a la calle. Entonces, ¿cuál es el sentido? Las multas se están usando como mecanismo de recaudación, cuando deberían servir para retirar del sistema a unidades y choferes que incumplen", afirmó en diálogo con este medio.

Más leyes en contra de la seguridad vial

En tanto, el mencionado proyecto buscaría aplicar una amnistía a las sanciones y multas impuestas entre el 16 de marzo de 2020 y la fecha en que entre en vigor. Sin embargo, para Estremadoyro, continuar flexibilizando las normas impide una fiscalización efectiva de las unidades de transporte, así como una adecuada regulación para evitar la circulación de vehículos en condiciones deplorables o con sanciones graves. "La ley establece que los vehículos deben dejar de operar a los 15 años, y excepcionalmente se puede extender cinco años más si la unidad está en buen estado. Pero en su momento se dio una ampliación porque no había placas automotoras disponibles y no se podía implementar el chatarreo. Así pasaron a 25 años… y ahora ya van por 35 o 36 (...)", precisó.

Actualmente, el proyecto mencionado estaría a la espera de pasar a votación en cuanto inicie la próxima legislatura. Sin embargo, no sería la única propuesta cuestionable. En julio de este año, el congresista Jorge Flores Ancachi, de Alianza para el Progreso (APP), volvió a insistir con una iniciativa legislativa orientada a facilitar la recuperación del brevete mediante amnistías parciales.

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A través del Proyecto de Ley 11788/2024-CR, se propone modificar los criterios con los que actualmente se sanciona a los conductores que manejan en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. La iniciativa plantea establecer sanciones diferenciadas según el nivel de alcohol en sangre. Por ejemplo, si el conductor presenta entre 0.5 y 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre y no ocasiona daños, la suspensión sería de solo tres meses. En caso de superar los 0.8 gramos, la sanción se limitaría a un año.

Asimismo, una nueva norma, conocida como “ley del borrachito” también propone modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, con el objetivo de evitar la cancelación automática de la licencia de conducir en casos de manejo en estado de ebriedad, salvo que se produzcan daños fatales.

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