
Este viernes 30 de mayo, la desaparición del líder yanesha Jaime Abel Cruz, jefe de la comunidad nativa Alto Yurinaki, ubicada en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo (Junín), ha vuelto a poner en agenda la grave situación de inseguridad que viven los pueblos indígenas del Perú.
Tras finalizar una reunión organizada por la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC), Abel Cruz se dirigía a su domicilio aproximadamente a las 6:00 p.m. a bordo de su moto lineal, cuando fue interceptado por desconocidos que se lo llevaron antes de que llegara a su comunidad. Los pobladores del distrito hallaron el vehículo, las llaves y parte de su vestimenta.
Según información otorgada a este medio por Teddy Sinacay, presidente de CECONSEC, la esposa del líder yanesha desaparecido recibió un mensaje, desde el teléfono de su esposo, que exigía un pago de S/ 30.000 soles para "no venderlo pieza por pieza". En el texto, el presunto secuestrador afirma ser un empresario internacional que da un plazo de una semana para realizar el pago. De lo contrario, se procedería con la ejecución.
Tanto la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior como la Policía Nacional ya ha tomado conocimiento del caso. No obstante, denuncian que las autoridades no han tomado acciones concretas pese a la gravedad de la situación. "Nos preocupa que no se tome en serio el caso. Nosotros somos amenazados por defender nuestro territorio", sentenció Sinacay.
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Según información preliminar proporcionada a La República, Jaime Abel Cruz podría haber tenido problemas tanto con colonos de la zona como con miembros de construcción civil, quienes podrían estar presuntamente involucrados en su desaparición. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos que habrían llevado a este secuestro.
En tanto, el presidente de CECONSEC afirma que, si bien en el distrito no enfrentan la presencia de economías ilegales, parte de la región está expuesta a la falta de títulos de propiedad no reglamentados por los gobiernos regionales, un problema que vulnera los derechos de las comunidades indígenas. Asimismo, el líder ha aclarado que la denuncia ya ha sido formalizada ante la PNP, pero advierte que el proceso de búsqueda no está siendo una prioridad para las autoridades.
“Nosotros ahora nos encontramos en la zona buscando a nuestro jefe. Porque como pueblos indígenas estamos unidos, pero les pedimos a las autoridades que hagan más. Ellos tienen que saber articular y determinar quiénes son los responsables. Queremos que nos ayuden con la geolocalización”, comentó.
Hasta el momento, se desconoce el paradero del líder indígena. Denuncian que el problema de la inseguridad ciudadana también viene afectando a las comunidades indígenas de Junín, por lo que anuncian una movilización en caso no se tomen acciones concretas para frenar estos delitos.
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La Fiscalía Mixta Penal de Pichanaqui inició diligencias como parte de la investigación preliminar por el presunto delito de secuestro en agravio de Jaime Abel C., jefe de la comunidad nativa Alto Yurinashi, ubicada en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín.
Asimismo, la fiscal provincial Patricia Toribio Rivera dispuso que los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sangani realicen actos de inteligencia para la búsqueda y ubicación del agraviado. Además, se ha ordenado la revisión de las cámaras de seguridad en la zona contigua al hospital donde fue visto por última vez, así como otras diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los presuntos responsables.
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Según un informe al que accedió el medio Convoca, aproximadamente 226 defensores ambientales se encuentran en situación de riesgo en zonas como Ucayali y en provincias de Huánuco y Loreto, tal como lo muestran los resultados del estudio: "Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024", realizado por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Asociación ProPurús y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Según datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG, 2022), entre 2010 y 2023 se estima que al menos 29 defensores ambientales y líderes indígenas fueron asesinados por proteger diversas zonas de la Amazonía peruana frente a la invasión y explotación ilegal. Por su parte, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) reporta que, desde 2014, al menos 36 líderes indígenas han sido asesinados, la mayoría de ellos en los últimos cuatro años.
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