Vocero de Corredor Morado sobre ley pro colectiveros: "25 minutos más de viaje para los usuarios"
Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado, afirmó que nueva mormativa beneficiará a "unidades que están siendo autorizadas, pero no pagan impuestos. Estamos incentivando que alguien que no paga impuestos tenga privilegios sobre alguien que sí paga".
Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado, afirmó que la reciente ley pro colectiveros afectará significativamente el tiempo de viaje de los usuarios. "Estimamos que esta normativa incrementará en unos 25 minutos el tiempo de viaje por sentido", declaró Hermoza. Según sus declaraciones, la autorización de unidades que no pagan impuestos generará un impacto negativo en la eficiencia del transporte público.
Hermoza también expresó su preocupación sobre la equidad fiscal. "Estamos incentivando que alguien que no paga impuestos tenga privilegios sobre alguien que sí paga", agregó. Además, destacó que la falta de fiscalización adecuada podría exacerbar los problemas actuales del transporte urbano, afectando la calidad del servicio para los usuarios.
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El vocero advirtió sobre los riesgos de permitir la operación de combis y otros vehículos antiguos en el sistema de transporte. "Esto no solo estancará el tráfico, sino que también comprometerá la seguridad de los pasajeros", concluyó Hermoza, instando al gobierno a reconsiderar esta normativa.
Trayectos del Corredor Morado. Foto: Corredor Morado
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Ley de colectiveros: ¿Por qué es tan polémica esta normativa?
La ley de colectiveros ha generado controversia debido a sus implicaciones para el sistema de transporte público. Esta normativa permite la operación de vehículos no registrados formalmente y exime a muchos de ellos del pago de impuestos, lo que podría incentivar la informalidad. Críticos argumentan que esta ley contradice esfuerzos previos por regular y mejorar el transporte urbano, promoviendo la competencia desleal y afectando a los operadores que cumplen con la normativa vigente.
El proyecto de ley presentado el 25 de noviembre de 2021 habla de la formalización de los conocidos taxis colectivos o colectiveros. Esta disposición ha sido criticada por abrir la puerta a la informalidad y a la competencia desleal con los operadores formales.
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Los taxis por aplicativos también se verían afectados por esta ley
El proyecto de ley no solo impacta a los colectiveros, sino también a los taxis por aplicativos. Según el documento presentado, la normativa introduce una regulación débil y carece de un sistema de sanciones efectivo. Esto podría facilitar la proliferación de servicios de transporte informal, comprometiendo tanto la seguridad como la calidad del servicio. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha señalado que la falta de definición clara sobre el "servicio privado de transporte especial" podría abrir la puerta a la informalidad en diversos servicios de transporte.
Marybel Vidal, presidenta de la ATU, afirmó: "Esta normativa no define claramente qué es un servicio especial ni qué es un servicio privado de transporte especial. Al no definirse, se abre una puerta a toda aquella unidad o operador que puede prestar un servicio de manera informal". Vidal destacó que esta falta de claridad es peligrosa para la regulación del transporte urbano.
Presidenta de ATU también se pronunció contra la ley
Marybel Vidal, presidenta de la ATU, expresó su rechazo hacia esta normativa, calificándola de retroceso para el sistema de transporte público. Vidal afirmó que la ley tiene una "débil regulación y una inexistente potestad fiscalizadora y sancionadora". En sus declaraciones, subrayó que esta normativa contraviene el Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Administración del Transporte, al no definir claramente los términos relacionados con el servicio especial. "Esto no solo aplica al tema del taxi, sino que también podría afectar otros servicios de transporte, abriendo la puerta a la informalidad", puntualizó Vidal.
Además, Vidal advirtió sobre la seguridad: "Otro de los temas críticos que tiene este proyecto de ley, con esta débil regulación, es que no se indican cuáles van a ser las condiciones necesarias tanto para los conductores como para los vehículos. Esto genera una inseguridad para todo el servicio de transporte en general".
La presidenta de la ATU también mencionó: "Hemos evidenciado que esta nueva normativa que se pretende aprobar tiene una débil regulación, así como una inexistente sanción para los operadores de los servicios de transporte del denominado servicio privado de transporte especial. Esto contraviene cualquier normativa". Vidal enfatizó la necesidad de fortalecer la regulación y fiscalización para evitar que la informalidad se convierta en un problema aún mayor en el sistema de transporte urbano.
