Un alcalde contra la memoria y los espacios públicos
Lugares de encuentro. Desde que Rafael López Aliaga asumió como alcalde de Lima, ha tenido una posición contraria a la existencia de memoriales o entidades que recuerden el periodo de violencia que vivimos entre los años 80-2000. Quiere cambiar la historia. Varios alcaldes de su partido, Renovación Popular, lo secundan y a su vez se han mostrado intolerantes con el uso que la población les da a los espacios públicos para expresarse, reunirse o protestar.
En marzo pasado, la Municipalidad de Lima envió una solicitud al Ministerio de Cultura pidiendo demoler el memorial El Ojo que Llora, ubicado en el Campo de Marte, en Jesús María, e indicando que en el lugar planeaba hacer “áreas deportivas”. El monumento tiene estatus de patrimonio cultural de la nación y no puede ser intervenido o destruido. Pero siempre está en la mira del alcalde Rafael López Aliaga. Por esos mismos días, él rebotaba en su cuenta de X un artículo con el titular: “El Ojo que Llora es basura, no patrimonio cultural”.
Para Jennie Dador, presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el alcalde de Lima tiene no solo una actitud contraria sino negacionista respecto al periodo de la violencia que vivió el país. El Ojo que Llora recuerda a las víctimas del terrorismo que figuran en el Registro Nacional de Víctimas, que maneja el Estado peruano. No es un monumento a los terroristas, como dicen los congresistas de Renovación Popular y otros partidos.
Reunión. Picnic de protesta en Miraflores, por la prohibición del alcalde de usar el espacio público para esas reuniones. Foto: difusión
“La memoria histórica es importante para el país y es parte de un derecho a la verdad que tenemos los ciudadanos. Estos espacios de memoria, que pueden ser monumentos o museos como el LUM, son el soporte de lo físico, lo simbólico de ese relato. Son espacios vivos, lugares de encuentro, actividad cultural, actividad académica y de procesos de reflexión. Tenemos un alcalde con propuestas para borrar la memoria, y por otro lado, grupos violentos que acompañan ese discurso”, dice Dador refiriéndose a grupos como ‘La Resistencia’.
El pedido de la Municipalidad de Lima al Ministerio de Cultura no ha avanzado. Pero no ha sido la única acción del alcalde limeño contra la memoria. Apenas asumió como alcalde, en enero del 2023, arremetió contra el Lugar de la Memoria, la Intolerancia y la Inclusión Social (LUM) por considerar que “allí se escribe una narrativa en la que los mismos guías te mienten descaradamente poniendo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como agresores”. Esa vez, pidió al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, de su mismo partido, hablar con la embajada alemana y el Mincul para que el LUM sea “administrado por las FFAA”.
No consiguió su propósito, pero el alcalde de Miraflores sí clausuró temporalmente el LUM. Hay otro tema en el que también han coincidido López Aliaga y Canales: mientras el primero ha declarado zona intangible el centro histórico para evitar marchas, protestas y plantones, el segundo ha declarado su distrito zona restringida para cualquier tipo de “concentración y manifestación pública”.
Luego, Canales se ha ganado el rechazo de gran parte de la población miraflorina porque ha tomado acciones muy intolerantes en un distrito que se ha caracterizado por sus espacios públicos y el uso que la población local y de otras partes de la ciudad hace de ellos.
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Entre esas medidas, a través de su cuerpo de serenazgo, hostigó a grupos de personas que descansaban en los parques, realizaban actividades deportivas o realizaban pícnics, una situación usual en cualquier lugar del mundo. También bloqueó las prácticas de zumba y otros bailes en el malecón. Y declaró el parque Grau un espacio solo dedicado a acoger homenajes a héroes nacionales.
Canales ha explicado que el mantenimiento de las áreas verdes le cuestan al distrito y por ello ha tomado medidas para salvaguardar esa inversión. “¿Quién le ha hecho creer, alcalde, que es el dueño de decir usted va a ir acá, pero acá no vaya? Los Gobiernos, en el mundo civilizado, fomentan el uso de espacios públicos”, dice Juliana Núñez, vecina que junto con otros miraflorinos impulsó una propuesta de revocatoria a Canales. A su vez, Jennie Dador, de la Coordinadora de DDHH, señala que si por ejemplo uno quiere hacer un plantón por el medio ambiente, una causa noble, no podría porque el alcalde no lo permite.
Mural. Mural de Máxima Acuña borrado durante la gestión de la alcaldesa Jessica Vargas, de Renovación Popular. Foto: difusión
Incluso entregar volantes o intentar hacer fotos y videos profesionales en los espacios públicos merece la intervención del serenazgo.
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En otro distrito, Barranco, la alcaldesa Jessica Vargas, también de Renovación Popular, borró en su primera semana como autoridad un mural de Máxima Acuña, la campesina que se enfrentó a una empresa minera en defensa del agua, pintado por el artista Eric Cárdenas en una de las paredes de la municipalidad.
No ha sido el único cuestionamiento, sino que en los primeros meses de su gestión la autoridad suspendió varias ferias que funcionaban en calles y plazas de Barranco. Por ejemplo, la conocida Feria Ecológica, que se desarrollaba en la cuadra 7 de la avenida San Martín, no ha vuelto a abrir hasta ahora. “Querida comunidad, queremos confirmarles que seguimos trabajando para asegurar el regreso de nuestra querida feria, presentando propuestas y realizando los trámites correspondientes para que la Municipalidad de Barranco nos permita continuar”, han puesto en su Facebook.
Otras ferias, que acogían artesanos, artistas y jóvenes diseñadores, también fueron cerrados hasta nuevo aviso. Renovación Popular, siguiendo la pauta marcada por su líder, es un partido ultraconsevador cuyos representantes se han mostrado intolerantes a distintas expresiones de índole social, cultural y política.
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“Hay una correlación entre el discurso negacionista de López Aliaga y sus alcaldes. Sus alcaldes borran murales y prohíben actividades. Sus proyectos de ley en el Congreso tienen un correlato negacionista, y además tienen la idea de que las manifestaciones culturales tienen que pasar previamente por su autorización, y están sujetas a censura”, dice Jennie Dador. En el tema de El Ojo que Llora, que sigue siendo cuestionado, señala que los organismos de DDHH usan y usarán todos los recursos legales y jurídicos de la ley para su defensa.
Censor. Rafael López Aliaga quiere cambiar la memoria histórica y negar que, además de la violencia terrorista, también hubo excesos de las FFAA. Foto: difusión
La delgada línea entre religión y política
En junio del año pasado, Rafael López Aliaga se mostró en contra del afiche del Outfest 2023, un festival internacional de cine LGTB+. La imagen mostraba a Santa Rosa con una corona de flores de distintos colores y lentes 3D. En rigor, la corona podía tener todos los colores porque las flores pueden tenerlas, y los lentes tenían el color real de los 3D. ¿Dónde estaba lo malo? En las creencias religiosas conservadoras del alcalde de Lima.
En el Congreso, a su vez, representantes de Renovación Popular presentan proyectos de ley para controlar, por ejemplo, los contenidos de textos escolares o en contra de iniciativas como la despenalización de la eutanasia. Siempre basados en sus creencias religiosas. “La construcción del Estado moderno, pasada la época del oscurantismo, tiene que ver con la separación del Estado y la Iglesia. Esa distinción parece no estar clara para ellos y han aprendido a camuflarla usando argumentos jurídicos falaces”, dice Jennie Dador.
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Datos
Monumento atacado. El Ojo que Llora ha sido blanco de múltiples ataques de parte de simpatizantes fujimoristas y, mas recientemente, de ‘La Resistencia’.
Un proyecto de ley fue presentado el 2022 para quitarle el título de patrimonio de la Nación a El Ojo que Llora.
