En la entrada de Ancón, un enorme letrero azul con letras blancas mayúsculas advierte: “Playas cerradas altamente contaminadas por presencia de petróleo en el mar y la arena”. El afiche hace referencia al mayor desastre ambiental ocurrido en la costa peruana, cuando, el 15 de enero de 2022, 11.900 barriles de petróleo se vertieron en el mar de Ventanilla, en el Callao. Sin embargo, un año después, a pesar de letreros como estos, que recuerdan el latente peligro, la multinacional causante del daño, Repsol, declaró que todas las playas afectadas se encuentran listas para su reapertura.
“Toda la evidencia que tenemos nos indica que sí es seguro ir a la playa. No hay contenido de hidrocarburo y, si lo hay, está por debajo de los estándares de calidad ambiental que signifiquen un riesgo para la salud de las personas o el ecosistema”, expresó para Canal N, con voz tranquila y segura, Luis Vásquez, director de Comunicaciones de Repsol, el último 13 de enero.
Tales declaraciones resultan cuestionables cuando diversos gremios de pescadores de las zonas perjudicadas muestran a medios locales que, a un año del ecocidio, aún existen evidentes rastros de hidrocarburo en el sector.
Su reclamo no es un capricho. Giuliana Becerra, viceministra de Gestión Ambiental, respalda esa denuncia colectiva con evidencia científica. “Nosotros utilizamos los protocolos nacionales e internacionales reconocidos por el Ministerio del Ambiente (Minam). Hemos realizado tomas de muestra de agua y también de suelos. Aún existe presencia de hidrocarburos en ese ecosistema y en las zonas aledañas impactadas”, indicó para La República.
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De la misma forma, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ente adscrito al Minam, en su último reporte, registró 71 sitios afectados, entre playas, islas y áreas naturales protegidas.
Se unen a ese pliego de afirmaciones las recientes declaraciones del alcalde de Ancón, Samuel Daza, quien manifestó que más del 75% de las 97 playas que suman los distritos de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón continúan perjudicadas.
Por ello, cuando Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Pasamayo, manifestó para “La Encerrona” que “camina encima del petróleo”, se tenía la certeza de que su reclamo no estaba inspirado por la brisa marina.
El hombre de mar informó que las playas de la zona conocida como el serpentín de Pasamayo, ubicada entre Ancón (Lima) y Aucallama (Huaral), continúan contaminadas con crudo. “Repsol hace publicidad en los medios de comunicación de que las playas están limpias e incentiva a los pescadores a salir a pescar, pero ¿cómo van a pescar en esta zona que está llena de petróleo?”, comunica indignado y, con el pantalón remangado, muestra las negras manchas del ‘oro negro’.
Entonces, ¿por qué Repsol presume una limpieza total de la mayoría de las playas, si todas las evidencias oficiales (es decir, elaboradas por el Estado) indican lo contrario? ¿Por qué declarar información imprecisa con tanta seguridad?
La respuesta se halla en su último estudio de enero de 2023, elaborado por Gestión Pesquera Sostenible, a cargo del profesor principal de la facultad de Pesquería de la Universidad Agraria, Luis Icochea Salas, el cual afirma que “los fondos marinos cerca de las costas se encuentran limpios de petróleo, de acuerdo a múltiples observaciones con un dron submarino sumergido en fondos entre 4 y 18 metros, en diferentes zonas entre Ventanilla y Chancay”.
Resultados esperanzadores de un estudio que no tiene validez en el marco legal y, por ende, no sirve a los organismos competentes como el Ministerio de Salud o Digesa para evaluar la apertura de playas. Así lo enfatizó la viceministra de Gestión Ambiental, quien refirió para este medio que “no es la empresa la que tiene que dar la información, sino el Estado a través de sus organismos técnicos competentes”.
Daniel Olivares, vicepresidente de Oceana Perú, también lo dejó muy claro: “Los estudios hechos por el infractor no tienen legitimidad y tampoco brindan la herramienta legal a las autoridades locales para abrir las playas”.
Ahora, Repsol reclama un informe actualizado del OEFA, pues enuncia que el último, publicado en octubre de 2022, contiene data de abril a septiembre, cuando aún no culminaban siquiera las acciones de primera respuesta. “Creemos que dichas muestras no reflejan la situación real y actual del estado de playas, por lo que hemos solicitado a la autoridad que realice nuevos muestreos”, señalaron para La República.
Si bien ese informe resulta imperioso para conocer la dimensión actual del problema y para brindar datos que faciliten al Ministerio de Salud y las Digesas definir si las playas son saludables o no, no resulta un obstáculo para las acciones de Repsol. A pesar de ello, la empresa suele incluir en su discurso que ello representa una traba.
De hecho, cuando se emitió el último informe del OEFA, la entidad ordenó a Repsol presentar ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) un plan de rehabilitación para 69 sitios identificados como afectados en un plazo máximo de un año.
Asimismo, el informe actualizado que exigen, según declaraciones de la viceministra de Gestión Ambiental, sería entregado para fines de enero de este mes, después de iniciar con la toma de muestras el último 7 de enero.
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“El objetivo del plan de rehabilitación es facilitar la recuperación natural de los ecosistemas para que alcancen el mismo nivel que tenían antes. Eso es lo que exige el marco legal peruano. Consiste en tres frentes: acciones mecánicas, como remoción completa del sedimento, limpieza detallada de las piedras, agotamiento del agua; químicas, y de enriquecimiento biológico”, detalló Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana en Perú, para este medio.
Recientemente, días previos a la fecha en la que se cumple un año del derrame de la refinería La Pampilla, un oleaje anómalo en el litoral ha causado un desprendimiento de restos de petróleo en la zona de Pasamayo. Así, la naturaleza, aunque silenciosa, también se encarga de comunicar que, contrario a lo que dice Repsol, las playas aún llevan consigo restos de hidrocarburo.