Exhortan al Poder Ejecutivo a reglamentar la ley que afecta a Sunedu
Con urgencia. Gestión de Boluarte aún no cumple con elaborar documento para elección del consejo directivo. Rectores y Sineace están a la espera. Para abogados, la norma continúa suspendida.
Dos semanas después de que la presidenta Dina Boluarte asegurara que se iba a reglamentar la ley n.° 31520, la cual modifica la conformación de la Sunedu, las universidades y otras entidades involucradas en esta norma, como el Sineace, aún están a la espera de que esto se cumpla.
Y es que la ley, que ya ha sido validada por el Tribunal Constitucional (TC), reconfigura el consejo directivo de la superintendencia para que sea integrado, sin concurso público, por siete representantes, entre ellos uno del Consejo de Decanos de Colegios Profesionales, otro del Sineace, así como dos de universidades públicas y uno de privadas elegidos por los rectores. En este último caso, la convocatoria está a cargo de las más antiguas: San Marcos y Católica.
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Ante esta figura, similar a la extinta ANR, y tras las demandas de rectores, quienes le pedían que fije una posición sobre la denominada contrarreforma, Boluarte sostuvo el 23 de diciembre una reunión con la Asociación de Universidades Nacionales (Aunap), Sunedu y congresistas del bloque prorreforma, en la que se comprometió a hacer una “amplia convocatoria” y escuchar a todos los sectores para reglamentar la ley, a fin de que beneficie a estudiantes y asegure la calidad educativa.
Sin embargo, por ahora, no se ha avanzado en una nueva reunión, informó Américo Guevara, rector de la U. Agraria La Molina y presidente de AUNAP. Esta entidad envió el último fin de semana a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un documento con sus propuestas, focalizadas en el proceso de elección del consejo directivo, el cual tiene entre sus funciones aprobar los licenciamientos.
Sunedu responde al TC tras fallo.
Para esta asociación, que agrupa a más de 40 universidades públicas, la ley cuenta con vacíos en los procedimientos para elegir a los representantes de las casas de estudio, los cuales tampoco han sido aclarados en la sentencia del TC. La ley, por ejemplo, señala que las más antiguas convocan, pero no que están a cargo del proceso, ni cómo se elige a un comité electoral o cuál es la participación de ONPE .
“Pedimos a la PCM, en la persona del premier Otárola, a agendar la reglamentación urgente de esta ley”, añade Aunap.
Por su parte, desde el Sineace también advirtieron que están a la espera de dichas pautas para saber cómo implementar la norma y designar a su integrante. “Esperamos participar de la convocatoria mencionada por la presidenta para que escuchen a todos los actores involucrados”, dijeron a este diario.
Amparo aún vigente
En tanto, ¿ya se puede aplicar la ley en cuestión? De acuerdo al abogado César Azabache, esta norma se encuentra suspendida por orden judicial de julio de 2020, a raíz del amparo presentado por la Sunedu contra el Congreso. “Esa orden sigue vigente”, señala el experto, quien ha formado parte del recojo de firmas con miras a la acción de inconstitucionalidad promovida por Foro Educativo.
El abogado Walter Albán, litisconsorte en el proceso de amparo por esta ley, señala que mientras el caso no haya sido resuelto por el Poder Judicial, aún no puede aplicarse la norma. “Cuando el PJ tenga que resolver sobre el tema de fondo sí tiene como pie forzado la sentencia del TC, pero hay otros aspectos de constitucionalidad que podrán ser examinados por otra vía”.
Elección convocada por San Marcos sin reconocimiento
En agosto pasado, pese a que el PJ había suspendido la aplicación de la ley, un grupo minoritario de rectores de universidades públicas, encabezados por San Marcos, eligieron a dos representantes. El proceso electoral no fue público.
Esta elección ha sido desconocida por la Aunap, que agrupa a 40 de las 51 universidades. “En ningún momento reconocemos eso. No esperaron al juez ni al TC”, dice Guevara.
Para Jorge Mori, de Cappes, tampoco hay validez en dicho proceso. Él, más bien, añade la necesidad de reglamentar la ley. “En lo referido a la elección del consejo directivo debería darse un reglamento vía decreto supremo, aprobado por el Ejecutivo. Hay otros artículos (1 y 3) que ya se ejecutan”, precisa.
La clave
Contra el tiempo. La ley n.° 31520 dispone que en un plazo de 30 días calendarios desde su entrada en vigencia se debe designar a los nuevos integrantes del consejo directivo. Esto ha sido validado por el TC. Por ello, rectores piden acelerar con su reglamento.
La palabra
Américo Guevara. Presidente de AUNAP
“Mientras no se dé una nueva ley o el TC no acceda a la inconstitucionalidad, tendremos que cumplirla. Por lo tanto, la prioridad es reglamentarla. La norma adolece de muchas consideraciones”.
