Presidente de Sineace: “Es más grave que volver a la ANR; al capturar a la Sunedu se está afectando a generaciones”

La contrarreforma universitaria no solo afecta a la Sunedu, sino también al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), debido a que revive a tres de sus direcciones que fueron extintas hace ocho años por no dar resultados. Hoy, el presidente del Sineace lamenta que el Congreso nunca los llamara para recoger su opinión técnica.

— El Sineace se ha sumado a diversas instituciones que rechazan la Ley 31520, validada por el TC tras una maniobra de 33 congresistas. ¿Qué es lo más preocupante de la norma?

— Lo que preocupa es que se está retrocediendo todo lo que se ha avanzado. Se está yendo contra la aspiración de querer entrar, como país, a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos); se está yendo contra la misma Constitución; se está yendo contra el aseguramiento de la educación de calidad. Y, ojo, esto último no es invento peruano, esto se recoge de mejores prácticas que se tienen a nivel internacional, inclusive de países de la región. Es curioso, por decirlo de alguna manera, que en lugar de avanzar y darles educación de calidad a los peruanos, se busque retroceder.

— ¿Retroceder a tiempos oscuros, como los de la ANR (Asociación Nacional de Rectores)?

— Más graves aún porque cada año hay generaciones y todas esas se están perjudicando. Mire, usted, si ya veníamos con resultados bajos en la prueba PISA del 2017, súmele ahora el impacto de la pandemia en la educación pública y privada. Es preocupante porque los egresados del 2020, 2021 y 2022 no han completado aprendizajes en las universidades, pero ya están saliendo a ejercer y ahora la Sunedu ya ni si quiera va a licenciar carreras y va a estar integrada por los representantes de los mismos regulados. Eso, como le repito, va en contra de las mejores prácticas, que recomiendan que sean elegidos por concurso público y que el regulador autónomo (Sunedu) esté adscrito al sector que cumple un modelo de aseguramiento de calidad. El daño es terrible a todas las generaciones.

— Los promotores de esta ley que afecta a la Sunedu dicen que se busca “restablecer” la autonomía universitaria en beneficio de los estudiantes.

— El artículo 18 de la Constitución establece que la autonomía universitaria es a nivel de gobierno, académico, administrativo y económico. Eso nunca se ha violado, está en la Ley Universitaria. ¿De qué restablecimiento de autonomía hablan?

— Muchos especialistas han denunciando que, a claras luces, existen intereses particulares detrás de ese propósito. ¿Qué piensa usted?

— Le agradezco la pregunta. En la OCDE queda clarísimo que hay interés público e interés de grupo, y lo que debe primar es el interés público. En este caso, como bien lo identifican, está primando el interés de grupo y eso se llama captura del regulador, y no lo digo yo, ya que es a nivel internacional desde mediados de los noventa. Y vea, usted, los principales reguladores de servicios públicos del Perú eligen a su presidente y miembros de consejo por concurso público.

— Ahora, con la Ley 31520, se quiere elegir a dedo...

— Por eso le mencionaba que el daño es mayor que regresar. Es perjudicar aún más el derecho que tiene cada ciudadano a tener acceso a educación de calidad. Y cómo van a ser reconocidos los grados y títulos en otros países si ni siquiera su carrera tendrá acreditación, y no podrán tenerla porque no tiene licenciamiento de Sunedu.

— Pero los impulsores de la norma señalan que no hace falta que la Sunedu licencie carreras porque para eso se está reactivando al Sineace, para que se encargue de acreditar.

— Ese es un error. Son cosas diferentes. Primero, debe existir el licenciamiento de esa carrera o de esa facultad, a fin de medir si tiene condiciones básicas, para que recién haya una acreditación que mida resultados de sus egresados, investigaciones, un periodo de madurez.

— Entiendo que la acreditación es un paso adicional del licenciamiento de una carrera.

— Es una etapa superior. Por eso hablábamos del aseguramiento de la calidad. El rol del fomento es el punto inicial para que el Estado entregue recursos a las instituciones públicas al ser órgano rector. Luego se necesita del control, del licenciamiento. Y luego recién se mide si cumple estándares de calidad, esa es la garantía, esa es la acreditación. Con la Ley 31520, este modelo está totalmente fracturado.

— El licenciamiento hizo que el Estado disponga de recursos para que las universidades públicas se licencien, lo mismo logró con los dueños de las privadas que también invirtieron.

— Y hemos encontrado ilegalidades. Aprovecho también para decirle que el Sineace tenía la facultad de supervisar. Pero en 15 años nunca se supervisó nada. No existía lo que nosotros debemos implementar, que es una dirección de supervisión. Hemos hallado una cantidad de ilegalidades en acreditadoras vinculadas a acreditación nacional e internacional y ya se les ha puesto multas y se les ha hecho advertencias, incluso se han tomado medidas correctivas.

— Esta ley de contrarreforma le da un asiento al Sineace en el Consejo Directivo de la Sunedu y le revive tres instituciones hoy extintas (Ipeba, Coneaces y Coneau, que acreditaban colegios, institutos y universidades, respectivamente). ¿El Congreso les pidió su opinión técnica?

— No se ha hecho eso, pero de iniciativa propia el Sineace ha sacado comunicados rechazando la ley porque no solo afecta la independencia de la Sunedu, sino que además tiene por objeto devolver la vigencia a órganos operadores del Sineace extintos desde hace 8 años, y cuya forma de elección de sus directivos no garantizaba la objetividad de los mismos al ser, varios de sus integrantes, designados por los regulados, lo que no era correcto.

— ¿Nunca les consultaron?

— No, porque ha sido una disposición complementaria.

— Entonces van a revivir estos órganos extintos. ¿Eso no les genera más problemas?

— No hay forma de que se pueda cumplir con reactivar esos órganos del Sineace porque no se cumple con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y no se cumple con la Ley de Presupuesto que administra el MEF. Además, esa estructura desconoce todo lo que existe, recordemos que eso era antes de la Ley Universitaria.

— ¿Esos órganos que quieren revivir dieron resultados?

— Acreditaron programas de universidades que no se licenciaron por no contar con condiciones mínimas; entonces, ¿de qué calidad estamos hablando? Como le dije, esa disposición complementaria es inaplicable.

— ¿Qué medidas se deben seguir? ¿La derogatoria de la ley?

— Usted recordará que la sentencia del Tribunal Constitucional aún no se ha hecho pública. Y esto lo que hace es afectar las políticas de Estado porque generan incertidumbre en toda la comunidad universitaria, en la ciudadanía. Es una mala señal.

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