Grupo de rectores se declara rebelde al fallo y dice que hará cambios en la Sunedu

Pese al fallo judicial que ordenó la suspensión de la denominada contrarreforma, un grupo de rectores de universidades públicas —encabezado por Jeri Ramón, de San Marcos (UNMSM)— informó que tiene un “compromiso” con el cumplimiento de la ley promulgada por el Congreso. Esta norma establece que las autoridades elijan, sin concurso público, a sus representantes en el Consejo Directivo de la Sunedu.

Días antes, luego de que se declarara fundada la acción de amparo, la cual califica a esta ley como una amenaza al derecho a la educación de calidad, la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp) se mostró en contra de la sentencia y demandó su “estricto cumplimiento”.

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“Privarle al Congreso su atribución principal, que es dictar leyes, implica la comisión de varios delitos, entre ellos el de prevaricato”, señaló en un comunicado, lo cual coincidió con lo manifestado por legisladores como la fujimorista Tania Ramírez o Esdras Medina (Renovación Popular), promotores de la cuestionada iniciativa.

Intereses de por medio

Hay que precisar que la Anupp está presidida por Jeri Ramón, rectora de la UNMSM, quien ha acudido en varias oportunidades al Congreso, incluso participó en conferencias, para defender la contrarreforma. Su postura y elección en dicho cargo tiene el respaldo de un grupo minoritario de autoridades universitarias, entre ellas las de La Cantuta, San Antonio Abad del Cusco, así como la del Callao.

Lo que llama la atención es que, precisamente, Ramón Ruffner, al ser la rectora de la universidad pública más antigua del Perú, ha decidido que convocará a la elección de sus dos representantes en el Consejo Directivo de la Sunedu. Esto debería darse en un máximo de 30 días si entra en vigencia la ley “que restablece la autonomía”.

“Es lo que ordena la ley hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie”, señaló Jeri Ramón al precisar que no respetará la sentencia judicial.

En tanto, el llamado para la elección del representante de las privadas estaría a cargo de la más antigua; o sea, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la cual informó a La República que, en cumplimiento del fallo, no ejecutarán ello por ahora.

Ahora bien, otro sector de rectores, que integran la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), entre las que figuran la Agraria La Molina y la de Ingeniería (UNI), han saludado la decisión del Poder Judicial y subrayan que “las sentencias deben cumplirse”. Este grupo tiene el reconocimiento de, al menos, 34 autoridades.

Cuidado con desacato

El procurador de la Sunedu, Mac Donald Rodríguez, advirtió que luego de que el PJ ordenara la inaplicación de la ley promulgada, cualquier rector de una universidad o miembro del Congreso que no cumpla con ella puede estar sujeto a una denuncia por desobediencia a la autoridad.

Parlamento promulgó y apeló a la vez

La sentencia del PJ refiere que las iniciativas del Poder Legislativo contravienen decisiones del TC, el cual reconocía la creación de una superintendencia independiente.

EL PJ agrega que si bien el Congreso puede legislar, no debe hacerlo ajeno a decisiones del TC y sus cambios deben orientarse a optimizar el derecho a la educación de calidad.

El constitucionalista Luciano López, que participó en el proceso, sostiene que la jueza “no legisló” en su sentencia, sino resaltó los límites del Congreso frente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El jueves, el Congreso promulgó la norma, pero también apeló el fallo del Poder Judicial.