Poder Judicial ordena la inaplicación de la ley de contrarreforma universitaria

Luego de que el último jueves 21 de julio el Congreso de la República desafiara el dictamen dado por la jueza Milagros Grajeda y promulgara la ley de contrarreforma universitaria, el Poder Judicial (PJ) ha hecho pública una nueva resolución, misma que podría suponer un punto y aparte a la disputa legal sostenida entre el Parlamento y los grupos a favor del mantenimiento de las reformas en la educación superior.

El documento, emitido por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, es claro. La ley N°31520, con la que pretendía modificar aspectos fundamentales de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), en particular lo referente a la composición de su Consejo Directivo, no se podrá aplicar a la entidad rectora de la educación superior a pesar de que la norma de contrarreforma haya sido promulgada. En otras palabras, de momento, el intento de contrarreforma parlamentario ha quedado truncado.

Dicha disposición se da en respuesta a un solicitud realizada por el constitucionalista Luciano López Flores, litisconsorte de la acción de amparo presentada con anterioridad por la Sunedu, quien pidió al Poder Judicial que la ley N°31520 no se aplicara a la Superintendencia, tomando en consideración el escenario en el cual el Congreso siguiera adelante con sus planes y procediera a promulgar y publicar la misma a pesar de los dictámenes judiciales, tal como terminó sucediendo.

Anteriormente, el procurador de la Sunedu, Mac Donald Rodríguez, había manifestado que los congresistas no podían desconocer las sentencias del Poder Judicial y promulgar una ley ya invalidada, por lo que, si en caso se tomaba esta vía, la jueza a cargo de la resolución podía denunciar a María del Carmen Alva y a los parlamentarios involucrados en el desacato por el delito de desobediencia a la autoridad.

No es el fin del camino

A pesar de que el panorama parece favorable a los intereses del bloque reformista, cabe señalar que el mencionado dictamen no ha significado el fin de la disputa en torno al futuro de la Sunedu.

Por el contrario, el Congreso ha decidido no quedarse de brazos cruzados ante las decisiones del Poder Judicial y por medio de su procurador público apeló la resolución dada por la jueza Milagros Grajeda, la cual implicaba el freno de la contrarreforma universitaria, apelación que, al cumplir las condiciones estipuladas para su presentación, ha sido aceptada por parte del PJ y deberá ser evaluada en segunda instancia.

Según se indica en el documento, la apelación ha sido concedida “con efecto suspensivo”, lo que implica que la sentencia deberá esperar la deliberación final de la segunda instancia, a fin de determinar si se ratifica lo dictaminado por la jueza Grajeda o, por el contrario, se revoca la orden.

Por su parte, estudiantes y gremios universitarios ya anunciaron que se movilizarán el sábado 6 de agosto “en contra del autoritarismo parlamentario” y en favor de la continuidad de las reformas en la educación superior.