Congreso promulga ley de contrarreforma universitaria pese al amparo dado por el Poder Judicial

A pesar de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), la Defensoría del Pueblo, así como asociaciones estudiantiles y autoridades universitarias exhortaron al Congreso a acatar la sentencia dada por el Poder Judicial y no promulgar la ley de contrarreforma universitaria, el Parlamento decidió hacer caso omiso al dictamen y siguió adelante con su agenda.

Es así que en la edición del 21 julio del diario oficial El Peruano aparece publicada la ley n.º 31520, denominada también como “ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, con la que el Legislativo pretende desmantelar a la Sunedu y reestructurarla de modo que su funcionalidad sea cercana a lo que era la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR), eliminada tras el establecimiento de la Ley Universitaria en 2014.

Para ello, se valen de la modificación de cinco artículos vitales de la norma fundacional de las reformas en la educación superior nacional: los incisos 1, 12, 15, 17 y 20. En particular, los cambios aprobados en el artículo 17 son los que han generado mayor preocupación, puesto que se daría pie al detrimento de la educación universitaria en favor de instituciones de baja calidad. Ello se debe a que esta parte de la Ley Universitaria estipula la composición del órgano más importante de la Sunedu, el Consejo Directivo, así como las condiciones para su elección.

La promulgación de la contrarreforma se da a pesar de que en el fallo dado por la jueza Milagros Grajeda, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, dejó sin efectos las acciones del Congreso que incorporaban los cambios mencionados, aprobados por insistencia el pasado 13 de julio tras varios meses de persistencia en la acción por parte de un amplio grupo de parlamentarios contrarios al estado actual del órgano rector de la educación superior.

¿Qué dictaminaba el fallo del Poder Judicial?

En vista de la agenda de contrarreformas que pretendía llevar a cabo el Congreso, la Sunedu presentó ante el Poder Judicial una acción de amparo a fin de que no se avance con la implementación de estas medidas.

Tras considerar los argumentos presentados, el PJ declaró fundada la acción impuesta por la Sunedu y declaró nulos los procedimientos que modificaban la Ley Universitaria, además de exhortar al Congreso en el cumplimiento de la observación del contenido de los fallos del Tribunal Constitucional (TC) en relación al tema de la educación superior, así como “el derecho a la educación universitaria de calidad al momento de ejercer su función legislativa”.

Con este dictamen, ya no le correspondía al Congreso promulgar la ley de contrarreforma.