Los 4 intentos del Congreso por desarmar a la Sunedu

Detrás de la contrarreforma universitaria -que ha generado un choque entre el Poder Judicial y el Congreso- hay un largo historial de rostros, banderas políticas y nombres.

Y es que pareciera que saltó a la palestra este año, pero no es así: forma parte de una amenaza que desde el 2015 ha llegado a materializarse en su cuarto y desesperado intento.

Y así es. En estos siete años, durante cuatro periodos parlamentarios, diversos congresistas -con evidentes conflictos de intereses- han pretendido desmantelar el Consejo Directivo de la Sunedu, con el único fin de devolverles el poder a los rectores de las universidades, en una figura similar a la fenecida ANR.

La primera pretensión se remonta a enero del 2015, durante el Gobierno de Ollanta Humala, cuando el entonces congresista fujimorista José Elías Avalos, fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista, presentó el Proyecto de Ley N° 4137 para crear el Consejo Nacional de Educación Universitaria (Conedu) en reemplazo de, por esos días, la naciente Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la cual era el estandarte de la nueva Ley Universitaria promulgada un año antes, en julio del 2014.

Acorralado por las próximas exigencias del licenciamiento de las universidades, el legislador José Elías Ávalos trató de “fortalecer la autonomía de la educación universitaria” borrando del mapa a la Sunedu y creando el Conedu, el cual iba a estar integrado por ocho miembros, entre ellos tres rectores y un representante de los colegios profesionales del Perú.

Aquella vez, contó con el respaldo de Fuerza Popular y del Apra, pero su propuesta fue desestimada en diciembre del 2015 por la Comisión de Educación. No llegó al Pleno.

Así pasó un año y en octubre del 2016, ya durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el entonces legislador aprista Javier Velásquez Quesquén apareció con el segundo intento por tumbarse a la Superintendencia.

A través del Proyecto de Ley N° 469, Velásquez Quesquén cambió de estrategia: ya no optó por cambiar a la Sunedu por otra institución como Ávalos, sino que planteó la incorporación de seis docentes elegidos por los rectores, los mismos que debían elegir al superintendente.

Por ese entonces, el aprista se reunía con las autoridades de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) y además gozaba de los votos de la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular. Sin embargo, no logró mayor avance por los serios cuestionamientos debido a conflictos de intereses. La propuesta durmió en la Comisión de Educación hasta que Martín Vizcarra, sucesor de Kuczynski, disolvió el Congreso en setiembre del 2019.

Durante ese periodo (2016-2019), paralelamente, la Sunedu empezó a denegar el licenciamiento de las primeras universidades que no cumplían con las condiciones básicas de calidad, como Telesup o la Inca Garcilaso de la Vega. Esto generó que desde el Congreso se impulsaran comisiones investigadoras por presuntas irregularidades, pero estas no terminaron en denuncias por falta de pruebas.

No fue hasta junio del 2020 -cinco meses antes de la destitución de Vizcarra- que el Congreso de transición (2020-2021) pretendió concretar el tercer intento, de contrabando. Sucedió una noche en que se discutía la aprobación de una ley de moratoria de universidades.

Un grupo de congresistas de Fuerza Popular y Podemos Perú, de José Luna, dueño de Telesup, incluyeron en esa norma la creación del Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (Conau), una instancia que, por encima de la Sunedu, iba a revisar los recursos de impugnación presentados por las universidades privadas sin licenciamiento.

Esa vez, el presidente de la Comisión de Educación, el congresista de Somos Perú Luis Dioses, tuvo que archivar la iniciativa tras la fuerte presión ciudadana.

Es así como se concretó el cuarto intento de boicotear a la Sunedu, en el actual periodo legislativo, durante el Gobierno de Pedro Castillo.

Recogiendo las experiencias pasadas, los congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular, liderados por Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación, llegaron lejos, al punto de promulgar -en rebeldía al Poder Judicial- la Ley N° 31520, la cual establece la incorporación en la Sunedu de tres representantes de universidades elegidos por los rectores.

Similitudes e intereses

Según Alicia Abanto, primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, en los últimos años, esta insistencia de modificar la Sunedu se ha basado en la recuperación de una autonomía universitaria que nunca se ha perdido.

“El tema de la autonomía ya fue zanjado por el Tribunal Constitucional (TC), que señaló que de ninguna manera la autonomía es sinónimo de autarquía o falta de regulación”, precisó.

El excongresista Daniel Mora, impulsor de la Ley Universitaria, recuerda que desde el 2014 diversos legisladores -que son propietarios o están vinculados a algunas universidades- han tratado de bajarse a la Sunedu. “En todos estos intentos, el fujimorismo ha promovido o respaldado convertir la Sunedu en una ANR”, señala, tras reiterar que se necesita hacer valer el principio de independencia en la supervisión.

A su vez, la legisladora Flor Pablo sostiene que en los gobiernos pasados hubo una fuerte resistencia del Ejecutivo y de su bancada oficialista (Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti); lo cual no ha ocurrido en este último intento de desarmar a la Sunedu.

“Los extremos de la derecha y la izquierda de este Congreso se aliaron y lograron que la contrarreforma universitaria se aprobara en el Pleno y hasta se promulgara. La bancada oficialista, a diferencia de otros años, respaldó la propuesta; mientras que el Ejecutivo mostró una postura endeble, a pesar de que observó la iniciativa”, explica.

La congresista Pablo, al igual que las asociaciones de rectores de universidades públicas y los gremios estudiantiles, asegura que la Sunedu necesita cambios, pero estos no deben significar retrocesos. “Por ejemplo, yo he planteado que el superintendente sea elegido por los mismos miembros y no por el Gobierno, pero no hicieron caso al proyecto de ley y eligieron la opción de introducir a los voceros de los rectores”, concluyó.

Claves

El jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, informó que el proceso de licenciamiento dejó 95 universidades que ofrecen condiciones básicas de calidad y otras 50 que deben cerrar progresivamente al no cumplir con las exigencias mínimas.

Más de un millón 300 mil jóvenes estudian en las licenciadas. En tanto, aún no se tiene información de la situación de 74 mil estudiantes de las denegadas. Ellos deberían ser una prioridad.

Los políticos y el acoso permanente a la Sunedu

Enfoque: por Jorge Mori, especialista

Esta es una batalla de dos bandos: uno que se acostumbró a hacer negocios estafando a miles de jóvenes y otro que está en defensa de la educación.

Porque es innegable que este primer grupo no acepta que la Sunedu haya cerrado universidades que funcionaban en chifas o con fachadas fantasma y que haya fiscalizado que no existan rectores con sueldos de más de dos millones de soles en una institución sin fines de lucro.

En estos años, han existido grupos políticos empresariales detrás del lobby permanente del acoso a la Sunedu.

Y esta vez llegaron lejos porque ha jugado a su favor una bancada oficialista ideologizada y que al igual que los promotores de la contrarreforma universitaria repiten palabras como “caviares” o “morados” porque no tienen sustento técnico.

No obstante, no esperaban que diversas instituciones nacionales e internacionales, así como 38 universidades públicas y más de 40 gremios estudiantiles, le salieran al frente, lo que demuestra que la reforma universitaria goza de un posicionamiento que no tenía en el 2014. Ya se ha respondido a los 72 congresistas que su avasallamiento no puede ir en contra de la educación.

El señor Esdras Medina ha promovido un mamarracho legal y lo hizo usando de coartada a los estudiantes de las universidades denegadas, cuando sabe que esa ley no los beneficiará a ellos, sino a los dueños de esas universidades estafa.