En medio de votaciones confusas, interrupciones y debates poco técnicos, la mayoría de miembros de la Comisión de Educación del Congreso aprobó las propuestas legislativas que pretenden, primero, darles un nuevo salvataje a las universidades no licenciadas y, segundo, convertir a la Sunedu en una figura similar a la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR). En solo cuatro horas, se consumió este primer boicot a la reforma universitaria.
Con 8 votos a favor, 7 en contra y una abstención, se aprobó el dictamen del proyecto de ley que “promueve el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para la prestación de las universidades privadas asociativas con licencia denegada”. El impulsor de una de las 4 iniciativas acumuladas, Darwin Espinoza (Acción Popular) dijo que se busca dar un plazo de dos años a once instituciones sin fines de lucro, como la UIGV, la Uladech y la Néstor Cáceres Velásquez, para que vuelvan a presentarse al licenciamiento y evitar así su cierre. Él lanzó acusaciones sin pruebas contra la Sunedu. “Al que no iba con su maletín, no le daban su permiso”. “A los amigos sí, a los otros no”, señaló.
Al igual que Espinoza, los legisladores Edgar Tello, Álex Paredes, Waldemar Cerrón, Paul Gutiérrez (Perú Libre), Tania Ramírez, Raúl Huamán (Fuerza Popular) y Esdras Medina (Renovación Popular) respondieron que el objetivo era “proteger” a los estudiantes de las universidades no licenciadas.
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Lo que más llamó la atención, durante la votación y tras ella, fue el protagonismo que asumieron el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina y Álex Paredes, respectivamente.
Medina se mostró renuente a que se debatiera una reconsideración de los votos tras el desorden que hubo al momento del conteo. Tampoco permitió la réplica de su colega Jorge Marticorena ni aceptó el sufragio de la congresista María del Pilar Cordero que iba a dejar empatada la votación del proyecto de ley a favor de las no licenciadas.
En ese momento, las congresistas Flor Pablo (Partido Morado) y Diana Gonzales (Avanza País), tras rechazar la defensa de intereses privados, pidieron aclarar la situación, pero fueron interrumpidas por Álex Paredes, quien se mostró apurado por pasar al otro tema del día.
Así, luego de unos minutos se empezó a discutir el dictamen del proyecto de ley que “restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”. Quien sustentó esta iniciativa, a pedido de su autor (Esdras Medina), fue la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, quien intentó negar que se quiera volver a la ANR.
Tras ello, Esdras Medina nuevamente tomó protagonismo cuando rechazó el pedido de la parlamentaria Flor Pablo, quien pedía la suspensión del debate de la iniciativa hasta que no haya una opinión de la Comisión de Constitución. Dijo que esta la había archivado, pero Pablo comprobó que no era así.
Al final, el proyecto de ley se aprobó con 11 votos a favor y 6 en contra, con un texto sustitutorio, donde destaca que ingresarán dos rectores de las universidades públicas y uno de las privadas al consejo directivo de la Sunedu. A ellos se sumarían los representantes del Concytec, el Sineace, el Minedu y del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Estos siete miembros ahora elegirán al superintendente. “La mayoría de votos está en las universidades, como sucedía antes con la ANR. Serán jueces y parte”, criticaron los legisladores Roberto Chiabra (APP) y Enrique Castillo (FP).
Dos momentos causaron sorpresa durante la discusión. El primero fue cuando Waldemar Cerrón felicitó a Medina y Jorge Montoya (Renovación Popular) por sus proyectos pro ANR. El segundo ocurrió cuando el constitucionalista Ángel Delgado opinó a favor de su viabilidad. Él fue abogado del fiscal destituido Pedro Chávarry.
“Ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) donde se expresa claramente que la Sunedu no viola la autonomía universitaria. Se están aprobando iniciativas de forma apurada sin tener las opiniones técnicas del Minedu, la Sunedu, constitucionalistas y demás universidades”, cuestionó Pablo.
Su colega Karol Paredes, de Acción Popular, señaló que la autonomía, como cualquier libertad, cualquier derecho, deber ser ejercida dentro de un marco constitucional legal. “Autonomía no es señal de autarquía”, dijo tomando en cuenta la opinión del miembro del TC Eloy Espinosa-Saldaña.
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Tras la aprobación de ambas propuestas, se notó la extraña cercanía de bancadas ideológicamente opuestas, como Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular. Ahora las normas estas serán vistas en el Pleno.
Horas antes, la primera ministra Mirtha Vásquez se reunió con el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, con quien conversó sobre los avances de la reforma universitaria y le expresó su respaldo y la necesidad de afianzar la autonomía de la Sunedu.
Lo apoya. La premier Mirtha Vásquez expresó su respaldo al jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra. Foto: difusión
Zegarra lamentó que no hayan recogido la opinión técnica de la Sunedu. “Las propuestas adolecen de numerosos errores, omisiones y ambigüedades que vulneran lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en dos sentencias”. Hay preocupación.
El Consejo Nacional de Educación (CNE), el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) y Proética han mostrado su total rechazo a las dos propuestas que debilitan a la Sunedu.
“Nosotros enviamos nuestra opinión técnica al presidente de la Comisión de Educación, donde señalamos que ambas son inviables, pero no la tomaron en cuenta”, señalaron fuentes del CNE.
“No es conveniente que los rectores sean quienes elijan al jefe de la Sunedu. No se puede atender a intereses particulares”, manifestó IPAE.
“Invocamos al Congreso a no retroceder en la mejora continua a la que han entrado las universidades para erradicar la informalidad y la corrupción”, dijo Proética.
En tanto, el exministro de Educación Daniel Alfaro cuestionó que el presidente Pedro Castillo y el titular del Minedu, Carlos Gallardo, mantengan un silencio cómplice.
Telesup. Uno de los proyectos extiende un nuevo salvavidas a universidades denegadas. Foto: difusión
Junio del 2014: En medio de una fuerte oposición, el pleno del Congreso aprobó la Ley Universitaria. Un mes después, en julio, el expresidente Ollanta Humala promulgó la referida norma.
Junio 2014.
Octubre del 2016: Tras implementarse la Sunedu, el excongresista aprista Javier Velásquez Quesquén fue el primero en presentar un proyecto de ley para revivir la extinta ANR. No pasó.
Octubre 2016.
Junio del 2020: La Comisión de Educación intentó crear el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (Conau), una instancia por encima de la Sunedu. Se frustró tras las críticas.
Junio 2020.
Enfoque por Alicia Abanto C., Defensoría del Pueblo
Para la Defensoría del Pueblo es muy peligroso que se retroceda en la reforma universitaria, por eso hemos pedido al Congreso que archive los proyectos de ley. Para que haya buenas universidades, debe haber entidades como la Sunedu con capacidad técnica, independencia y autonomía, que puedan, por ejemplo, retirar del mercado a universidades (que también son empresas) cuando no cumplen con requisitos mínimos. El mercado no puede estar por encima de los derechos de las personas.
Las segundas oportunidades a universidades que fueron “jaladas” son, prácticamente, acciones de debilitamiento y desmantelamiento de una política pública importante para el país. También es perjudicial que congresistas vinculados a estas empresas emitan un voto a favor. Implica un conflicto de intereses.
El tema de la autonomía ya fue zanjado por el Tribunal Constitucional (TC), el cual señaló que de ninguna manera la autonomía universitaria es sinónimo de autarquía o falta de regulación. Más bien, quien debería tener autonomía reforzada es la Sunedu. Los proyectos deben ser sujetos a reconsideración. La Constitución manda garantizar la educación. Estas iniciativas van en sentido contrario a la Constitución y a lo establecido por el TC.
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