Pedro Chávarry busca revertir condena por encubrimiento real

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos ha presentado el último lunes 20 de setiembre una apelación para revocar la sentencia que se le dictó semanas atrás por el delito de encubrimiento real y que lo condenó a 4 años de cárcel suspendida.

La República lo confirmó así a través de su defensa, la abogada Cynthia Yanelli, quien sostuvo que envió el escrito al despacho del juez supremo Hugo Núñez Julca a inicios de esta semana.

“Aún falta verificar por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria (que dirige Núñez Julca) que hayamos cumplido los requisitos y luego de eso concedernos la apelación y elevarla a Sala”, añadió la letrada.

Una vez que el magistrado supremo dé el visto bueno al recurso presentado por Pedro Chávarry, se remitirá el escrito a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, que convocará a una fecha de audiencia para evaluar si ratifica o anula la condena contra el exjefe del Ministerio Público. Esta convocatoria a las partes puede tardar aún algunos días.

Chávarry Vallejos fue sentenciado el pasado 7 de setiembre por el juez Hugo Núñez. En esa ocasión se determinó la culpabilidad del exfuncionario en dos hechos: pedir información reservada al equipo especial Lava Jato sobre el acuerdo con Odebrecht; y remover el 31 de diciembre de 2018 a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez a pocos días de suscribir el acuerdo de colaboracion eficaz con la construtora brasileña.

Limitaciones

Además de la prisión suspendida, pesan contra Chávarry otras restricciones como el pago de una reparación civil de S/100 mil, prohibición para abandonar el país, no cometer nuevo delito, acudir cada 30 días al Juzgado y una inhabilitación de cuatro años para ejercer cargos públicos.

Durante la lectura de sentencia contra Chávarry se enfatizó además en que “hubo razones de obstaculizar la investigación y frustrar o retrasar el acuerdo de colaboración eficaz [con Odebrecht] que finalmente fue lo que ocurrió, según la declaración de los fiscales apartados”.

En general, se buscó entorpecer las investigaciones que realizaba el Equipo Especial Lava Jato para favorecer intereses del partido Fuerza Popular y Keiko Fujimori, entonces procesados por el caso Cócteles, ahora acusados.

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