Sociedad

Defensoría pide al Congreso archivar proyecto que intenta modificar conformación de la Sunedu

La Defensoría del Pueblo señala que propuesta legislativa debilitaría la autonomía de esa superintendencia, lo que afectaría la reforma universitaria; asimismo, contraviene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

94 centros de estudio superior obtuvieron la autorización de funcionamiento. Foto: John Reyes/La República
94 centros de estudio superior obtuvieron la autorización de funcionamiento. Foto: John Reyes/La República

Luego de que en la Comisión de Educación se expusiera un proyecto de ley para que representantes elegidos por las universidades ingresen a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la Defensoría del Pueblo solicitó al Congreso de la República el archivo de dicha propuesta, ya que vulneraría la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y “pondría en peligro la reforma universitaria”.

Según informó el ente dirigido por Walter Gutiérrez, este pedido se realizó a través de una comunicación formal dirigida hacia el mencionado grupo de trabajo. En este documento se señaló que la conformación del consejo directivo del ente supervisor que intentan aprobar generaría “una desproporción al momento de elegir a la nueva o nuevo superintendente”.

“Las universidades públicas y privadas tendrían mayoría en el proceso de elección, lo que a su vez afectaría la autonomía para la toma de decisiones sobre la calidad de la enseñanza superior de miles de jóvenes”, se lee en su pronunciamiento.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo también sostuvo que con este proyecto de ley se pretende retroceder al esquema anterior a la ley universitaria, cuando aún funcionaba las extintas Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (Conafu), sistema cuya imparcialidad fue cuestionada por el Tribunal Constitucional, debido a que “el Conafu estaba conformado por exrectores propuestos y elegidos por las propias universidades, lo que generaba una duda razonable sobre la imparcialidad”.

“El Tribunal Constitucional ha señalado que las universidades pueden estar sujetas al control del poder público, dado que la autonomía universitaria no es sinónimo de autarquía y solo afecta cuando hay una incidencia desproporcionada y arbitraria de las atribuciones constitucionales y legales asignada a las universidades”, agregó.

Como se recuerda, en la víspera, en la reciente sesión de la Comisión de Educación del Parlamento, las rectoras de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, y de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, Lida Asencios, expresaron su respaldo a esta iniciativa argumentando una falta de autonomía. Sin embargo, el hecho fue aprovechado por algunos congresistas, quienes cuestionaron a la Sunedu por las licencias denegadas a algunas casas de estudio.