El abuso sexual contra niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia, y, a pesar de ser un problema que crece, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. Según el Ministerio de la Mujer, en los primeros siete meses de este año fueron atendidos 4.151 casos de abuso sexual contra menores, es decir, cada día se registraron 17 casos de abuso.
Además, en el 81,5% de los ataques se comprobó que el agresor tenía un vínculo familiar con la víctima.
Especialistas como Teresa Hernández, de la Dirección General Contra la Violencia de Género del sector Mujer, aseguran que esos números representan una ínfima parte de lo que sucede en realidad.
En efecto, según el Sistema de Registro de Certificados de Nacido Vivo del Minsa, durante el 2020 se registraron 1.179 nacimientos cuyas madres son niñas o adolescentes menores de 14 años. Lo alarmante es que en 24 de estos casos las madres son niñas menores de 10 años. Esta última cifra se triplicó en comparación al año 2019.
Y durante este año se registraron 860 recién nacidos de madres niñas o adolescentes menores de 14 años; y siete de ellas son menores de 10 años.
“Esto resulta preocupante, no solo porque un embarazo de una niña menor de 14 años de edad es considerado legalmente una violación sexual, sino también porque representa un alto riesgo para su vida, su salud física y mental, desmorona totalmente su proyecto de vida y vulnera su desarrollo y bienestar integral”, sostiene la doctora Teresa Hernández.
Las madres menores de 14 años no solo provienen de hogares con algún indicador de necesidades básicas insatisfechas.
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“La mayoría de las adolescentes madres deja la escuela antes del embarazo. El embarazo infantil forzado no es buscado, produce angustia y temor y resulta del desconocimiento por parte de estas niñas sobre las consecuencias de la actividad sexual o cuando, conociéndolas, no pueden hacer nada para prevenirlas”, sostiene el psiquiatra Carlos Bromley.
Ciertamente, los embarazos en menores agudizan la vulnerabilidad de este grupo frente a la pobreza, la exclusión, la violencia y la dependencia.
Las cifras de violencia sexual contra este grupo son preocupantes. En el 2019, los Centro de Emergencia Mujer atendieron 181.885 casos de violencia, de los cuales 55.565, es decir, el 31%, correspondían a niños, niñas y adolescentes (NNA).
En el 2020, los CEM atendieron 114.495 casos de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar y violencia sexual. De ellos, 35.661 corresponden a NNA.
Asimismo, las regiones con más casos de NNA atendidos son: Lima metropolitana (10.006), Arequipa (4.094) y Cusco (2.413). El tipo de violencia que presenta más casos es el psicológico, con 15.447.
“La falta de acceso a una educación sexual temprana e integral, las relaciones desiguales de poder entre los géneros, la falta de servicios de salud amigables, y la situación de pobreza en la que generalmente viven exponen a estas niñas y adolescentes a un embarazo forzado y a una maternidad temprana no buscada”, dice Hernández.
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La Defensoría del Pueblo advierte que la violencia y el embarazo no son los únicos problemas que enfrentan las menores; existen otros que urgen ser abordados, entre ellos la orfandad a causa del COVID-19 y la brecha digital de género en conectividad.
Sobre este último punto, hoy en día las niñas necesitan estar más conectadas y seguras. Por ello es importante recordar que el Estado tiene el deber de garantizarles el acceso a la información en el entorno digital, fomentar la alfabetización digital, así como el uso responsable y seguro del internet para prevenir riesgos para ellas, sobre todo en tiempo de pandemia.
Prevención. El MIMP no solo desarrolla un servicio de atención, sino de prevención con el Minsa, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Justicia.
Estrategia. Los CEM han variado una estrategia que se ha implementado en 178 comisarías.
Infografía-La República
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