Proyectos abandonados en el sur
Ineficiencia. Las fotografías de este informe revelan una realidad repetida. La tuneladora del proyecto Majes que perfora los andes para traer agua del río Apurimac paralizada. En Calca, los tubos del gasoducto abandonados desde el retiro de Odebrecht. Son proyectos que no pueden continuar por diversas razones. Ineficiencia del Estado, reglas poco claras con los concesionarios y conflictos sociales.
Los proyectos generan empleo y mejoran la calidad de vida del ciudadano de a pie. Absorben la nueva mano de obra egresada de las universidades. Hace un buen tiempo, el sur peruano tiene una cartera de proyectos interesantes, hoy bloqueados por conflictos sociales, líos con los concesionarios y la corrupción.
Uno de ellos es Majes Siguas II, el proyecto que pretende irrigar 38 500 hectáreas de tierras, a punto de cancelarse en forma definitiva. Esto ocurrirá si no se resuelve el problema con la concesionaria Cobra que el martes 29 de setiembre inició el mecanismo de caducidad del contrato aduciendo incumplimientos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
Tres años es el tiempo que llevaría reactivarlo, según el viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Alberto Maurer, si la concesión es cancelada.
La historia de Majes Siguas II está plagada de hechos que fueron postergando su ejecución. Así, ha pasado casi una década desde que se firmó el contrato de concesión el 9 de diciembre de 2010 y se avanzó poco.
En esta misma fecha de suscripción se firmó la primera adenda en la que el GRA y la concesionaria Angostura Siguas (entonces conformada por la española Cobra y la peruana Cosapi), acordaron suspender plazos y determinadas obligaciones del contrato.
No se movió una piedra hasta que no se resuelvan las demandas legales iniciadas por el Gobierno Regional de Cusco (GRC) y la Municipalidad Provincial de Espinar. Ellos reclamaban por las aguas del río Apurímac que iban a captarlas para Majes. El proceso judicial demoró cuatro años.
Cuando se resolvió el pleito, el contrato cayó en otro hueco: demandas de la concesionaria que implican una mayor inversión. El proyecto se reactivó, pero su costo que era de $ 407 millones pasó a $ 550 millones. Lo que vino luego fueron adendas tras adendas. Ahora se está en la adenda 13 que supondría el cambio tecnológico para la distribución del agua.
Eso demanda $ 104 millones y, según Cobra, servirá como atenuante para enfrentar un déficit hídrico. Las obras están listas para empezar, vías de acceso, campamentos y hasta una tuneladora que perforaría los túneles Trasandino y Pucará para trasvasar el agua de la cuenca del Atlántico a las áridas Pampas de Siguas. No se define la adenda 13 ni si el proyecto pasa al Ministerio de Agricultura.
El economista Patricio Quintanilla Paulet lamentó que las autoridades regionales se sientan con la potestad de decidir por todos los pobladores. Quintanilla critica la actitud del gobierno regional por no ceder el proyecto al Ministerio de Agricultura. Este ofreció destrabarlo.Cada día que pasa, Arequipa pierde dinero por la paralización del proyecto, asevera. Se estima que Majes iba a aportar 800 millones de dólares al año a la economía de la región, es decir, 66 a 67 millones de dólares mensuales. Tomando en cuenta esa cifra -dice el especialista- y como la discusión es la adenda 13, que implica incrementar el costo de Majes II en $ 104 millones, hay que tener en cuenta que ese es el monto que pierde Arequipa en dos meses por no hacer el proyecto.
Por otro lado, el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores, José Luis Chapa Díaz, se mostró preocupado, por esta situación. Indicó que hace más de dos semanas, envió un documento al gobernador Elmer Cáceres Llica, pidiéndole una audiencia pública para conocer cómo iba el proyecto.
Cáceres lo recibió el viernes pasado. Chapa no está de acuerdo que el proyecto Majes sea traspasado al Ministerio Agricultura, sino que el gobierno nacional se limite a dar una garantía soberana. Nos descartan marchas callejeras para exigir al gobierno ese aval.
Gasoducto y Naturgy
El gasoducto sur peruano es otro megaproyecto frustrado en el sur. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, recién podría reiniciarse en el 2025 o 2026. Este proyecto es vital. Sirve para traer el gas natural de Camisea a Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac etc. Se trata de un combustible limpio y barato para mejorar las condiciones competitivas de las empresas regionales. Eso evita que emigren a Lima y creen trabajo en la región sur.
En un evento virtual, según cita El Comercio, el ministerio reveló que la consultora Mott MacDonald concluyó el estudio de pre-factibilidad del proyecto ahora denominado SIT Gas e ingresó a la fase de desarrollo. El estudio arrojó que demandará una inversión de 4 500 millones de dólares.
En 2017, el gobierno resolvió el contrato a la concesionaria (Odebrecht, Enagas y Graña y Montero) que tenía a cargo el proyecto, debido al incumplimiento financiero, además de los escándalos de corrupción que implicaban a Odebrecht. Al año siguiente se iniciaron diversos arbitrajes.
Pero la historia del gasoducto se remonta a más de una década y media de marchas y contramarchas. En el 2015, iniciaron las obras, se compraron las tuberías por donde iba a pasar el gas, pero como todo quedó paralizado no terminaron de instalarse.
El año pasado se conoció que ya se habían gastado más de 93 millones de dólares en la preservación de dichos tubos.
El sueño de la masificación del gas se diluyó aún más con la salida de la empresa Naturgy. Esta firma tenía la concesión para distribuir el gas domiciliario en Arequipa, Moquegua y Tacna, pero decidió abandonarla, aduciendo incumplimiento del estado, básicamente por la oferta de gas.
El proyecto era que Naturgy se abastezca del gasoducto, pero ante la paralización del proyecto, traía el elemento desde la planta de Melchorita en Lima, con lo cual debía licuefactar y después regasificar para distribuirlo. Eso le salía muy caro y no era rentable.
Tía María es otro proyecto minero en el valle de Tambo también sin luces de prosperar. Tiene licencia de construcción. Empero , los pobladores del valle de Tambo se oponen a su ejecución. Aducen que las actividades extractivas provocarán la contaminación de sus cultivos. Zafranal en la provincia de Castilla y Caylloma, estuvo asediado por los conflictos sociales. La compañía minera apunta a concluir el Estudio de Impacto Ambiental para su aprobación.
Así, los proyectos más importantes están postergados, mientras en el país se necesita empleo por la crisis que está dejando el coronavirus.
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Chinchero tampoco alza vuelo
Esta obra recién iniciará en el 2021. La pandemia del coronavirus retrasó el inicio de obras que se había previsto para este segundo semestre.
Sin embargo, el proyecto también tiene un extenso antecedente con la anterior concesionaria a cargo que era Kuntur Wasi. Todo el problema se originó por la suscripción de una adenda, autorizada por Martín Vizcarra, quien entonces era ministro de Transportes y Comunicaciones.
