Mientras la crisis se agudiza, el Ejecutivo y el Congreso recién inician el debate político para adelantar las elecciones generales. Un sector de la derecha apuesta porque sea en 2024, pero en la izquierda y la oposición demandan que sea el próximo año.
Ayer, el Ejecutivo presentó una propuesta de ley de reforma constitucional para que los nuevos comicios sean en abril del 2024. La presidenta Dina Boluarte busca calmar las aguas con esta iniciativa, pero aún no tiene éxito.
Temprano, el ministro de Justicia, José Tello, explicó en RPP que por un tema de plazos es imposible que sea el próximo año porque no alcanzaría el tiempo para impulsar reformas electorales y políticas.
Luego, José Tello recalcó que la legislación señala que las normas electorales no se pueden modificar en el año previo a los comicios. Las elecciones se convocan, añadió, con 270 días de anticipación al día del sufragio.
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Esto lo reafirmó el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, en una audiencia pública de ese ente realizada ayer.
De aprobarse la iniciativa del Gobierno de Boluarte, el Congreso solo tendría hasta abril para aprobar leyes que regulen el proceso electoral, pues este sería convocado en junio y la primera vuelta sería en abril del 2024, la segunda vuelta en junio y la asunción de las autoridades al mes siguiente.
La inscripción del padrón electoral y las primarias abiertas y obligatorias son uno de los puntos remarcados por el titular del Minjus para alegar que el tiempo no alcanzará para que se realicen nuevos comicios en 2023.
Al final, la última palabra la tiene el Congreso, según José Tello.
“Dadas las circunstancias, si desde el lado del Ejecutivo se están tomando todas las medidas para que esta crisis se supere, mínimamente el Congreso tendría que hacer lo propio. Lo que se tiene que dar es que el Congreso, en diálogo con el Ejecutivo, definitivamente priorice este tema”, dijo el ministro. Pero eso no está sucediendo.
Desde ayer, el Congreso, que preside José Williams Zapata, está abocado a agilizar el proceso de antejuicio político contra Pedro Castillo.
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El miércoles 14 recién el Consejo Directivo discutirá incluir este tema en el Pleno del jueves. Hay dos propuestas: el Gobierno de Boluarte opta por que sea el 2024 y el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución el 1 de diciembre apuesta porque todos se vayan en 2023.
Las congresistas Susel Paredes, de Integridad y Desarrollo, y Digna Calle, de Podemos Perú, promovieron este dictamen y han pedido que priorice su deliberación en el Hemiciclo.
Paredes, sin embargo, ha retrocedido en demandar que estos comicios sean lo más pronto posible. “Exigir elecciones de modo inmediato no es responsable. Mi PL de adelanto de elecciones proponía el 2023, pues fue presentado en mayo. Estamos diciembre y no se ha aprobado. Las reformas y el referéndum previo son necesarios”, argumentó.
A ese grupo se ha sumado un sector de la derecha en el Congreso, que va en coro con la reforma planteada por el Gobierno de Boluarte.
“Estoy de acuerdo con el anuncio de la presidenta de buscar un adelanto de elecciones con reformas políticas y retomar el crecimiento. Nuestra tarea ahora es tratar de que el futuro sea mejor”, sostuvo Alejandro Cavero, de Avanza País.
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En Alianza para el Progreso hay una posición ambigua. La apepista y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, no se mostró segura de respaldar que el nuevo proceso electoral sea de inmediato. “Lo que duren las reformas, no sé si sea antes del 2024. Si fuera así, no tengo problema. Adelanto sin reformas no es mi opción. Sería irresponsable”, comentó.
Camones dijo que en APP aún no se reúnen para fijar una postura en bloque. “Hay un acuerdo a favor del adelanto con reformas, pero no se ha conversado si antes del 2024. Eso requiere de toda una programación, es importante tener ese cronograma establecido”, agregó.
Postura distinta tuvo su colega de bancada María Acuña, quien presentó un proyecto de ley que va en línea con las bancadas de izquierda: que los nuevos comicios sean el próximo año. La iniciativa cuenta con las rúbricas del vocero de APP, Alejandro Soto, y de Edith Julón.
Los parlamentarios de Cambio Democrático Edgard Reymundo, Ruth Luque y Sigrid Bazán presentaron un proyecto también en la misma línea y solicitaron que sea acumulado con el dictamen de la Comisión de Constitución. El punto adicional de esta propuesta es que incluye la posibilidad de que también se someta a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente.
La diversidad de miradas en torno al problema y la falta de acuerdos complica que, hasta el momento, haya un texto sustitutorio de consenso.
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La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez cuestionó que el proyecto del Ejecutivo no incluya reformas. “Solo propone elecciones generales al 2024 sin detallar las reformas que busca impulsar. Una fecha sin dar fundamentos cuando el país hierve de indignación en muchas partes es irresponsable política y jurídicamente”, enfatizó.
Para el abogado en temas electorales José Naupari, la única manera de que haya elecciones el próximo año es mediante el consenso. “Pero si no queremos tocar el marco normativo, sería en 2024″, precisó.
Tanto el proyecto de ley del Ejecutivo como los que hay en el Congreso son reformas constitucionales. Solo hay dos caminos para aprobarlas: 87 votos en dos plenos de legislaturas ordinarias distintas o 66 votos en un pleno y luego ser ratificado en referéndum.
En ninguno de los dos escenarios, por ahora, hay los votos debido a la gresca en la que se encuentran sumidas las bancadas. Para el politólogo Fernando Tuesta, el Congreso solo aprobará esta reforma si es presionado a votar este mes. “Solo así se garantizarán elecciones adelantadas. Mientras tanto, en el Congreso se golpean e insultan”, lamentó.
Al cierre de esta nota, los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también se pronunciaron. En una audiencia, el presidente de esta institución, Jorge Luis Salas Arenas precisó que un eventual adelanto de elecciones generales debe seguir los plazos establecidos en la Constitución y las leyes electorales.
Asimismo, el titular del JNE recordó que la convocatoria de un proceso electoral implica que este sea convocado con 270 días de anticipación. “Expresar nuestra opción por la realización de elecciones, pero dentro de los marcos de la democracia previstas en nuestros documentos nacionales e internacionales”, sostuvo Salas Arenas.
Es un debate abierto que avanza contra el reloj debido a las demandas de la ciudadanía para salir de esta crisis.
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Adriana Tudela, congresista Avanza País
“Estoy de acuerdo con elecciones adelantadas al 2024. Proceso debe venir acompañado de reformas: bicameralidad, mandato parlamentario de 2,5 años, reelección de congresistas”.
Silvana Robles, legisladora Perú Libre
“Señora Boluarte, escuche a la población y deje de reprimir a los manifestantes. El pueblo pide adelanto de elecciones generales en el más breve plazo y una reforma integral, un nuevo pacto social”.
Susel Paredes, parlamentaria Integridad y Desarrollo
“Exigir elecciones generales de modo inmediato no es responsable. Mi PL de adelanto de elecciones proponía el 2023, pues fue presentado en mayo. Estamos en diciembre y no se ha aprobado”.
Ruth Luque, congresista Cambio Democrático
“En Junta de Portavoces volvimos a solicitar que se incluya en agenda del Pleno el dictamen de adelanto de elecciones al que deben acumularse otras iniciativas presentadas. Debemos abrir un debate serio”.
Beatriz Ramírez, constitucionalista
“(Adelanto de elecciones) en 2024 solo se justifica por reformas previas, pero si el Ejecutivo no tiene una agenda con sentido de premura, es imposible generar aceptación con un anuncio vacío”.
José Naupari, abogado electoral
“Por los tiempos es más conveniente que sea en 2024. Pero para adelantar las elecciones necesitas una norma constitucional. Si existiese consenso, podría llevarse una elección el próximo año”.
El dictamen de la Comisión de Constitución (arriba) y el proyecto del Ejecutivo (abajo).
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