Adelanto electoral está en manos del Parlamento

La demanda sobre el adelanto de las elecciones generales ha cobrado fuerza esta semana y se expresa en las movilizaciones sociales en Lima y regiones. Una adecuada sucesión presidencial para julio del 2023; sin embargo, requiere de una secuencia de pasos. Todo depende del Congreso y los plazos tampoco son muy auspiciosos.

La Comisión de Constitución, a cargo de Fuerza Popular, ya aprobó el 5 de diciembre un primer dictamen sobre recorte del mandato presidencial y parlamentario hacia julio del 2023.

El texto; sin embargo, lejos de abrir un camino claro para tener elecciones generales con prontitud, deja varias dudas. En el Parlamento nunca se pronunciaron sobre la ruta para la aprobación del dictamen. Esto es fundamental: un recorte del mandato presidencial y parlamentario requiere de una reforma constitucional, y esto se aprueba en dos legislaturas.

La presente legislatura culmina en cuestión de seis días: el 15 de diciembre. El Parlamento tendría que aprobar el dictamen antes de esta fecha.

Si no lo hace, tendrían que esperar el inicio de la segunda legislatura, que es en marzo del 2023. A menos que la presión pública obligue al presidente del Parlamento, José Williams, a ampliar esta legislatura, lo cual daría cierto margen de acción.

El abogado especialista en temas electorales José Naupari recuerda que ya el Congreso ha optado por adelantar legislaturas. Siendo así, el otro requisito sería contar con 87 votos para asegurar la aprobación de un dictamen bien diseñado.

El cronograma

Otro aspecto relevante es definir un cronograma electoral, con todos los plazos técnicos que incluyan aspectos claves como las primarias, las elecciones principales y la segunda vuelta presidencial.

El dictamen de la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Hernando Guerra, establece unas elecciones por un plazo de solo cuatro meses.

De hecho, en los debates de la comisión se mencionó que ya la Constitución establece una opción de elecciones en un plazo célere de cuatro meses.

Jorge Jáuregui, abogado y experto en materia electoral, explica que hubo una inadecuada lectura de la Constitución.

“El plazo de los cuatro meses está regulado en el artículo 134 de la Constitución, pero es cuando el presidente cierra el Congreso y convoca únicamente a elecciones parlamentarias. Pero unas elecciones generales, que incluyan primarias y segunda vuelta, en solo cuatro meses es muy riesgoso”, expresó.

Jorge Jáuregui advierte que el Congreso tendría que aprobar un marco reglamentario especial. “Este Congreso ha demostrado un ánimo de golpe de Estado que no tiene precedentes. También el Jurado Nacional de Elecciones ha estado bajo ataque de este parlamento. Entonces, si quieren regular un cronograma de cuatro meses, eso abre la posibilidad de que ellos puedan seguir interfiriendo en las reglas electorales. Podrían hacer un fraude para ganar con trampa”, alertó.

En opinión de Jorge Jáuregui, las elecciones podrían programarse para una sucesión en julio del 2024, respetando un cronograma regular de nueve meses desde la convocatoria hasta la segunda vuelta.

En cuanto a los organismos electorales, el miércoles hubo un pleno ampliado en el que, además de fijar posición respecto al golpe de Estado de Pedro Castillo, analizaron los tiempos técnicos de un proceso electoral.

Boluarte ahora admite posible adelanto

La presidenta Dina Boluarte, ayer, optó por replantear su discurso con relación al adelanto de las elecciones, luego de que el miércoles jurara para cumplir su mandato hasta el 2026.

“La Constitución dice hasta el 2026; sin embargo, si la sociedad y si es que la situación amerita, adelantamos elecciones en conversación con las fuerzas políticas y democráticas del Congreso, nos sentaremos a conversar”, expresó ante los medios.

Reformas políticas necesarias para el país

Enfoque por: Percy Medina, IDEA Internacional

Previo a unas nuevas elecciones, se requiere de tres paquetes de reformas. Se necesita reformar la legislación sobre partidos, simplificando requisitos formales para facilitar la entrada de nuevas organizaciones, pero garantizando que sean partidos y no cascarones.

Hay que darle consecuencias a la afiliación, como establecer quórums para decisiones importantes. Se debe rediseñar el financiamiento público directo para ayudar a construir partidos y financiar algunos aspectos de las campañas.

Un segundo paquete debería enfocarse en la idoneidad y legitimidad de los candidatos. Mejorar los filtros que aplican los partidos y que haya responsables en caso de incumplimiento. Más transparencia en la información y antecedentes, desde las precandidaturas.

Eso se vincula con las primarias abiertas, que es una reforma ya aprobada pero que se ha suspendido en las dos últimas elecciones. Bien diseñadas, ayudarían a involucrar a la ciudadanía en la definición de listas, lo que permite eliminar el voto preferencial.

Finalmente, urge reformar las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Se debe regular la vacancia y ampliar los supuestos para procesar a un presidente (corrupción y otros delitos graves). Establecer la bicameralidad para mejorar la representación. Y, finalmente, analizar la muerte cruzada, para darle estabilidad al sistema.